El Ministerio Público confirmó que se logró concretar el proceso de extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien será trasladado a territorio nacional entre el 25 y el 28 de enero.
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía detalló que el retorno de Moreno se da tras efectuar los requerimientos judiciales y las coordinaciones internacionales con las autoridades de Paraguay, país donde fue capturado hace cuatro meses.
A su llegada, deberá responder por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.
Operativo de alto riesgo
El director de Investigación Criminal de la PNP, el general Víctor Revoredo, informó desde la sede de la Dirincri en la avenida España que la Policía ya inició las diligencias para el traslado de quien calificó como un «irrecuperable».
«Ya en los próximos días se va a ejecutar este traslado. Para el traslado de cualquier personal, para el desplazamiento de las fuerzas, son de carácter reservado. (…) Los equipos ya están preparados: el coronel Cruz Chamba, nuestro coronel Moreno Panta y nuestro coronel Montúfar. Ellos son los que van a viajar a interactuar con los policías de Paraguay», aseveró Revoredo.
El alto mando policial destacó que el operativo cuenta con el liderazgo del Comandante General de la Policía y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad debido a la peligrosidad del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’.
Captura de feminicida en Ecuador
En otro momento, el general Revoredo brindó detalles sobre la reciente captura en Ecuador del presunto asesino de la mujer que fue hallada muerta dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres.
Según explicó, la detención se produjo gracias a un operativo de la policía ecuatoriana, que allanó un inmueble buscando al sicario que había asesinado a un agente de ese país. Al ser intervenido, el sujeto terminó confesando el crimen cometido en Lima.
«Ha terminado narrando con un lujo de detalles que le infirió las lesiones porque la persona (la víctima) le dijo que le iba a delatar sobre el sometimiento de más de 20 personas que tenía acá en el Perú», reveló Revoredo.
Mediante decreto supremo, el Gobierno declaró que el año 2026 será denominado oficialmente como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.
La frase deberá incluirse obligatoriamente en los encabezados de documentos oficiales, como oficios, resoluciones y comunicaciones de entidades públicas.
Además, el lema será utilizado en campañas institucionales y mensajes de gobierno a lo largo del año.
Frase con valor simbólico e institucional
El nombramiento del año es una práctica ya consolidada en el aparato estatal peruano. Su propósito es reflejar una prioridad o eje simbólico del gobierno de turno, y forma parte de una tradición que se remonta a la segunda mitad del siglo XX.
En este caso, la frase elegida hace referencia a la necesidad de recuperar la confianza institucional y promover valores democráticos en un contexto de crisis política e inestabilidad.
Práctica instaurada durante el gobierno de Belaúnde
La costumbre de asignar un nombre oficial a cada año se consolidó durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Desde entonces, los nombres han estado vinculados a temas como el desarrollo, la educación, la integración nacional o fechas históricas relevantes.
Esta disposición busca uniformizar el mensaje institucional del Estado y promover una identidad temática común durante el año correspondiente.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Perú cerró el año 2025 con un déficit fiscal del 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI), una de las cifras más bajas de la región, tras implementar medidas urgentes de ajuste en el último trimestre que permitieron cumplir la regla fiscal después de dos años consecutivos de incumplimiento.
Con base en información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta cifra ubica al país por debajo de Colombia (7,1 %), México (4,3 %) y del promedio de América Latina (5,0 %), además de registrar una de las reducciones más significativas respecto a 2024, cuando el déficit alcanzó el 3,4 % por encima de la regla del 2,8 % para ese año.
“Este hito logrado es muy importante para el país, refleja un manejo responsable, oportuno y consistente de las finanzas públicas, en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica”, resaltó la titular del MEF, Denisse Miralles.
Medidas de ajuste y austeridad fiscal implementadas
En el último trimestre de 2025, el MEF aprobó mediante decreto de urgencia medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.
“Se reforzó la austeridad fiscal, priorizando proyectos con expediente técnico y limitando gastos no esenciales (publicidad, consultorías), sin afectar sectores clave como salud y educación, buscando ahorrar millones y cumplir la regla fiscal de déficit para garantizar la estabilidad económica”, destacó la ministra.
Estas acciones se complementaron con la aplicación de límites de ejecución a través de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y la priorización de inversiones en ejecución con sustento técnico.
“Adoptamos decisiones firmes para ordenar el gasto público y asegurar que cada sol se destine a prioridades reales para el país. Estas medidas permitieron cumplir la meta fiscal sin afectar la inversión ni el gasto social prioritario”, precisó Miralles.
La ministra también señaló que “en el último trimestre, tomamos medidas urgentes para ordenar las finanzas públicas, sin frenar la inversión ni el gasto social prioritario, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y el grado de inversión”.
De acuerdo con el MEF, la trayectoria a la baja del déficit fiscal contó con el respaldo del crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central, que superaron los S/175 000 millones, alcanzando un récord histórico.
Acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible
Como parte de la agenda para consolidar la sostenibilidad fiscal, el MEF informó que impulsa el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, que busca ampliar la base tributaria, mejorar la calidad del gasto público y asegurar una trayectoria fiscal sostenible.
Actualmente se desarrollan reuniones técnicas con aportes de la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el BCRP, el Consejo Fiscal, organismos multilaterales como la CAF, exministros y especialistas. Entre marzo y abril avanzará hacia la definición de medidas para promover la adhesión de los candidatos presidenciales.
A través de un comunicado, el MEF reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Las acciones impulsadas durante 2025 están orientadas a sentar las bases para que el déficit fiscal y la deuda pública converjan a sus metas de mediano plazo de 1,0 % y 30 % del PBI, respectivamente, en los siguientes años”, concluyó la ministra Miralles.
Este marco contribuye a preservar un bajo riesgo país, una calificación crediticia favorable y condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico sostenible, concluyó el MEF.
El megaproyecto ferroviario que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central potencia la exportación minera y la conectividad, pero especialistas advierten sobre la concentración de beneficios en empresas chinas y el riesgo de perder autonomía nacional
La adjudicación del ferrocarril que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central a la Power Construction Corporation of China (PowerChina) enciende alarmas sobre la creciente influencia china en sectores estratégicos del Perú. Si bien el proyecto ha sido presentado como un avance logístico y una oportunidad de desarrollo, existen riesgos de una dependencia estructural y el impacto en la soberanía y la política exterior del país.
El nuevo corredor ferroviario, de 120 kilómetros y con una inversión estimada en USD 420 millones, promete optimizar el transporte de minerales como cobre y litio, recursos claves cuya demanda mundial es impulsada por la transición energética y la industria tecnológica. Según estimaciones, las empresas mineras ahorrarían más de USD 1.500 millones anuales en costos logísticos, al disponer de una vía directa y eficiente hacia la costa del Pacífico.
Sin embargo, detrás de la retórica de modernización y progreso subyace un patrón inquietante: las principales beneficiarias del proyecto son empresas con participación o control chino, como Chinalco (operadora de la mina Morococha) y el consorcio que recientemente adquirió la mina Raura. Ambas firmas concentran volúmenes significativos de producción mineral destinada casi exclusivamente al mercado asiático, lo que refuerza la orientación exportadora y la dependencia de la economía peruana respecto a China.
Pedro Isique, representante del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), reconoce la capacidad técnica de los consorcios chinos para superar los desafíos geográficos de la sierra. “Para los ingenieros chinos, atravesar grandes alturas no representa un problema técnico insuperable, ya que poseen el ‘know-how’ de haber construido los pasos ferroviarios más elevados del planeta”, explicó en diálogo con Willax. Sin embargo, el predominio de empresas extranjeras en la ejecución y operación de las obras limita el desarrollo de capacidades nacionales y condiciona la autonomía tecnológica y operativa del país.
Empleo y desarrollo local: ¿beneficio sostenible? El megaproyecto generaría empleo para más de 8.000 peruanos durante su construcción y promete dinamizar la economía de las zonas de influencia. No obstante, especialistas advierten que este impacto podría ser de corto plazo y que la mayor parte de los beneficios estructurales quedarán en manos de los inversionistas extranjeros, en particular chinos. La transferencia de tecnología, la formación de proveedores locales y la participación de empresas peruanas en la cadena de valor continúan siendo desafíos no resueltos en proyectos de esta escala.
La adjudicación de megaproyectos a compañías chinas en sectores críticos como minería, energía e infraestructura logística ha reconfigurado el mapa de poder en el Perú. La presencia de capitales chinos no solo responde a intereses económicos, sino que se enmarca en una estrategia de expansión regional que ha encendido alertas en otras potencias, especialmente en Estados Unidos.
Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, subraya que la modernización de la Base Naval del Callao, impulsada con apoyo estadounidense, debe leerse en el contexto de una competencia geopolítica creciente en el Pacífico sur. “Estamos en un escenario de competencia portuaria en el Pacífico sur, eso es claro, pero este proyecto también forma parte de una política exterior y de seguridad que hoy el Perú exhibe más alineada a los Estados Unidos”, afirmó.
Estados Unidos refuerza su relación con Perú frente al crecimiento de inversiones chinas | Video: Canal N La preocupación de Washington por el avance chino en el Perú se ha expresado a través de señales políticas concretas, como el proceso para otorgar al país la condición de aliado principal no miembro de la OTAN. El nuevo embajador estadounidense en Lima, Bernardo Navarro, expresó ante el Congreso norteamericano su inquietud por la influencia china en sectores estratégicos peruanos, especialmente tras la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, señalado por asesores de la Casa Blanca como un enclave sensible en Sudamérica.
Gómez de la Torre advierte que Perú enfrenta un escenario de equilibrio inestable entre la profundización de la cooperación estratégica con Estados Unidos y el mantenimiento de una relación económica intensa con China. “Ese escenario puede convertirse en un punto de fricción para la política exterior peruana y para la relación bilateral con Washington”, alertó.
El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el candidato presidencial y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, exigió la renuncia inmediata del presidente de la República, José Jerí, luego de que se revelara que el mandatario sostuvo reuniones no registradas con un empresario chino, hechos que han generado una fuerte controversia.
A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, APP condenó de manera categórica las conductas atribuidas al jefe de Estado, calificándolas de inadmisibles por vulnerar gravemente los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir el ejercicio de toda función pública, especialmente tratándose de la más alta autoridad del país.
“El daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana es grave”, señala el pronunciamiento, en el que el partido considera que la permanencia de José Jerí en la Presidencia resulta insostenible ante los hechos conocidos. En ese contexto, Alianza para el Progreso demandó su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral frente al país.
LLAMADO A LA FISCALÍA
Asimismo, la agrupación política exhortó al Ministerio Público a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas en torno a las reuniones no transparentadas del presidente con empresarios extranjeros. APP remarcó la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades penales o administrativas que correspondan.
En el comunicado, APP también atribuyó responsabilidad política al partido Somos Perú, organización a la que pertenece el presidente José Jerí. Según el documento, dicha agrupación no puede deslindar de los hechos y debe asumir una posición clara frente a las denuncias que comprometen al jefe de Estado.
Como cada año, las principales confederaciones de trabajadores del sector público como CTE Perú, UNASSE, CONASEP y CUT Estatales elevaron ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) su proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027, el cual consta de un pliego de solicitudes como incrementos salariales, reconocimiento de estabilidad laboral para trabajadores CAS y la derogatoria de la Ley Servir, entre otros.
El documento contiene 44 cláusulas, entre económicas y de condiciones laborales, y abarca a los servidores de los tres niveles de gobierno y a todos los regímenes laborales del Estado, cuyas medidas empezarían a regir desde enero de 2027. Recordemos que la negociación colectiva está amparada en la Ley N.º 31188.
Aumento salarial y aguinaldos igual a una remuneración
El eje más resaltante del pliego es un incremento salarial mensual de S/700 para todos los trabajadores del sector público, sin distinción de régimen laboral, a partir del 1 de enero de 2027, el cual según afirmó a La República Darda Alatrista, secretaria general de la Confederación Unitaria de Trabajadores Estatales, «se debe a la pérdida de capacidad adquisitiva acumulada del 9%».
La propuesta alcanza a los servidores de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 (CAS), así como a las carreras especiales y regímenes municipales.
Pliego de reclamos de trabajadores del sector público. Foto: La República
A ello se suma el otorgamiento de aguinaldos para todos los trabajadores públicos de los regímenes 276, CAS (1057) y 29709, en los tres niveles de gobierno, que reciban dos veces al año (en julio y en diciembre) equivalentes a un sueldo completo, y no a un monto fijo como ocurre hoy en día (S/400, según el año).
Bono para trabajadores desde S/600
Los trabajadores también solicitan un bono extraordinario «por única vez, no remunerativo ni pensionable», a pagarse en enero de 2027. El monto será escalonado según el nivel de ingresos, desde S/2.500 para quienes ganan hasta S/4.000 mensuales, y hasta S/600 para aquellos que reciben sueldos de entre S/8.000 y S/15.000.
El beneficio alcanzaría a servidores de los gobiernos nacional, regional y local comprendidos en el ámbito del convenio colectivo.
Ante las potenciales críticas, Alatrista cuestionó que «siempre se habla del forado fiscal cuando se trata de los trabajadores, pero no se dice nada de las exoneraciones tributarias que benefician a sectores que han duplicado sus utilidades, como hoy ocurre con las agroexportadoras que están en un boom».
Bono para trabajadores del sector público es desde S/600 hasta S/2.500. Foto: La República
CTS al 100% y deuda pendiente
En otro apartado se busca ampliar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el equivalente al 100% de los ingresos totales para los trabajadores de los regímenes 276, CAS (1057) y de la Ley 29709. En el caso del régimen CAS, el pago se efectuaría al término del vínculo laboral.
Además, se exige la regularización íntegra de la CTS adeudada entre mayo de 2014 y octubre de 2015 a los trabajadores sujetos al régimen privado (DL 728) en el Estado, incluyendo intereses, con cargo a los presupuestos del 2027.
«El año pasado se firmó un convenio para otorgar el 14% de la CTS a los trabajadores CAS, pero hasta hoy no se ha cumplido. Ese presupuesto ya existe y no puede perderse. Ahora está en manos del Congreso«, sostuvo la dirigente sindical.
Reforma del CAFAE y homologación
Otra de las propuestas es la reforma del incentivo CAFAE, un pago adicional que hoy perciben los trabajadores administrativos y que, según los sindicatos, genera desigualdades entre entidades públicas. El pliego plantea elevar y estandarizar la escala base del CAFAE desde enero de 2027, con montos de S/6.300 para funcionarios de carrera, S/5.300 para profesionales, S/4.600 para técnicos y S/4.300 para auxiliares del régimen 276.
«En el CAFAE hay mucha discriminación. Hay trabajadores que reciben S/120 y otros hasta S/12.000», afirmó Alatrista, al señalar que la propuesta busca iniciar un proceso de homologación para trabajadores que realizan funciones similares.
También se plantea incluir S/1.200 del CAFAE al Monto Único Consolidado (MUC) del personal administrativo del régimen 276 (profesionales, técnicos y auxiliares), de modo que ese monto pase a formar parte del sueldo y compute para pensiones y otros beneficios. La iniciativa también incluye crear un incentivo equivalente al CAFAE para los trabajadores municipales de los regímenes 276, 728 y 29709.
Asignaciones familiares y escolaridad
Entre los beneficios adicionales, se plantea la asignación familiar del 10% del MUC para trabajadores del DL 276 y del 10% de la Remuneración Mínima Vital para el DL 728, así como la ampliación del beneficio de escolaridad a los trabajadores CAS.
También se incluye una bonificación especial del 20% de los ingresos totales para quienes laboren en zonas de frontera o de menor desarrollo, aplicable a todos los regímenes laborales.
Otro punto es la ampliación voluntaria de la edad límite de permanencia en el servicio hasta los 75 años, superando el actual tope de 70 años, bajo el argumento de no discriminación por edad y aprovechamiento de la experiencia laboral.
En materia previsional, el pliego plantea el derecho irrestricto de los trabajadores estatales a trasladarse entre AFP y ONP, con reconocimiento de aportes acumulados, y el compromiso del Ejecutivo de garantizar una pensión mínima no menor a S/1.500 al momento del cese.
Derogatoria de Servir y plazos
En el plano político-sindical, el proyecto exige de manera explícita la derogatoria de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir), a la que califican como «lesiva y antilaboral», y la conformación de una mesa técnica para elaborar una norma alternativa.
Además, se plantea la creación del Consejo Nacional del Empleo Público, amplias licencias sindicales con goce de remuneraciones, y la imposición de un aporte sindical solidario obligatorio tanto para trabajadores sindicalizados como no sindicalizados beneficiados por el convenio.
Respecto a los plazos, Alatrista explicó que, de acuerdo con la Ley de Negociación Colectiva, el proceso se activa tras el cierre de la presentación de pliegos el 30 de enero.
A partir de esa fecha, el Gobierno tiene 10 días para emitir observaciones y definir cuáles son las confederaciones más representativas, tras lo cual la mesa de negociación debería instalarse el 11 de febrero con el objetivo de cerrar a tiempo la negociación y firmar el convenio colectivo para que los acuerdos se apliquen en el 2027.
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