Migración bajo control: expulsan 39 ciudadanos venezolanos

Expulsión colectiva marca un giro en la política migratoria

El Estado peruano ejecutó la expulsión de 39 ciudadanos venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular, en una operación realizada desde la base aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP) y liderada por la División de Extranjería de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. La medida se sustentó en infracciones al Decreto Legislativo 1350, conocido como la Ley Migratoria, y se convirtió en uno de los gestos más visibles del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Ejecutivo.

El grupo expulsado estuvo conformado por siete mujeres y treinta y dos hombres, todos identificados tras procesos de verificación migratoria. Para el Gobierno, la acción respondió a una estrategia de fortalecimiento del orden interno, en un contexto donde la migración irregular pasó a ocupar un lugar central en el debate público sobre seguridad ciudadana y control fronterizo.

Más allá del número, el operativo fue presentado como una señal política: el Estado buscó reafirmar el principio de autoridad y dejar en claro que el ingreso y la permanencia en el país deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente.

Miles de expulsiones en un año de operativos intensivos

La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos no fue un hecho aislado. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y el 22 de diciembre de 2025 se dictaron 3.411 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros que infringieron la legislación migratoria peruana.

Las principales causales incluyeron el ingreso no autorizado al territorio nacional, el exceso de permanencia y conductas consideradas una amenaza para el orden público y la seguridad interna. Las autoridades sostienen que el aumento de expulsiones responde a un cambio de enfoque: pasar de una política reactiva a una de control activo y preventivo.

Este giro se produjo en paralelo al aumento de la preocupación ciudadana por la inseguridad, un factor que el Ejecutivo ha vinculado de manera directa al desorden migratorio, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de población extranjera.

El PASEE como herramienta de respuesta rápida

Para viabilizar las expulsiones, la Superintendencia Nacional de Migraciones recurrió al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo diseñado para acelerar la respuesta del Estado frente a infracciones migratorias consideradas graves.

El PASEE permitió reducir los plazos administrativos y ejecutar salidas forzadas en tiempos significativamente menores a los procesos ordinarios. Desde el punto de vista del Gobierno, esta herramienta resultó clave para enfrentar situaciones que, según su diagnóstico, exigían una intervención inmediata.

No obstante, el uso del procedimiento excepcional también generó cuestionamientos desde sectores académicos y de derechos humanos, que advirtieron sobre la necesidad de garantizar el debido proceso, incluso en contextos de emergencia o presión política.

Más de 7 mil operativos de fiscalización en todo el país

El endurecimiento de la política migratoria se expresó también en el despliegue operativo. A lo largo de 2025, Migraciones y la PNP realizaron más de 7.100 operativos de verificación y fiscalización en distintas regiones del país.

Durante estas intervenciones se logró identificar a 114.099 ciudadanos extranjeros, mediante cruces de información con bases de datos nacionales e internacionales. Las regiones con mayor número de operativos fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa, zonas consideradas estratégicas por su condición de corredores migratorios, fronteras activas o alta movilidad poblacional.

Según las autoridades, estos operativos permitieron no solo detectar infracciones administrativas, sino también prevenir delitos conexos, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Tecnología para el control migratorio

Uno de los elementos distintivos de la estrategia fue la incorporación de herramientas tecnológicas. El uso de tabletas electrónicas permitió identificar personas en tiempo real, acceder a información migratoria y contrastar datos en el mismo punto de intervención.

A ello se sumaron los migramóviles, vehículos equipados con conectividad satelital y módulos de atención, que facilitaron el inicio inmediato de procedimientos sancionadores sin necesidad de trasladar a los intervenidos a oficinas centrales.

Para Migraciones, esta modernización operativa fortaleció la capacidad del Estado para ejercer control efectivo del territorio, reduciendo los márgenes de evasión y acelerando la toma de decisiones administrativas.

Coordinación interinstitucional y sanciones

La política migratoria se sostuvo además en una coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, la Sutran, la Sunafil y gobiernos locales. Esta articulación permitió aplicar un abanico de sanciones administrativas, que incluyeron multas, salidas obligatorias y expulsiones.

El Ejecutivo destacó que este trabajo conjunto contribuyó a cerrar brechas de control, especialmente en sectores como transporte, empleo informal y actividades económicas donde se detectó una mayor presencia de extranjeros en situación irregular.

El discurso político: seguridad y fronteras

En el plano político, el presidente José Jerí fijó una posición explícita frente al fenómeno migratorio. Durante este periodo, descartó la creación de corredores humanitarios, una propuesta promovida desde sectores políticos de Chile, y vinculó directamente el desorden migratorio con el avance del crimen organizado.

Bajo esa lógica, el Ejecutivo reforzó la militarización de la frontera sur y amplió los operativos de control de identidad, enviando un mensaje disuasivo tanto a nivel interno como regional. El objetivo declarado fue restablecer el principio de autoridad y evitar que el país se convierta en un punto vulnerable para redes criminales transnacionales.

Un debate abierto

La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos sintetizó esta línea de acción. Más allá de la cifra, el operativo simbolizó un cambio de tono en la política migratoria, donde la seguridad interna se impuso como criterio rector.

Para el Gobierno, se trató de una medida necesaria para recuperar el control del territorio y garantizar el orden público. Para otros sectores, el episodio reabrió un debate pendiente sobre los límites entre legalidad, seguridad y derechos humanos, en un país que sigue siendo uno de los principales destinos de migración regional.

Programa Juntos del Midis afilió a más de 17 mil nuevos hogares a nivel nacional

Con el objetivo de promover el acceso a los servicios de salud y educación de las familias más pobres del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Juntos, incorporó a 17 960 nuevos hogares en el Padrón de Hogares Afiliados (PHA) del VI bimestre del 2025, priorizando a los que se encuentren en situación de pobreza extrema.

El proceso de afiliación se inició en noviembre pasado en todas las regiones del país, incluyendo las zonas urbanas de Lima Metropolitana. Estas afiliaciones estuvieron a cargo de los gestores locales del Programa, quienes verificaron que los hogares cumplan con los requisitos, además les informaron sobre los compromisos que deben asumir.

Para afiliarse a Juntos, los hogares deben contar con los siguientes requisitos: tener Clasificación Socioeconómica (CSE) de pobre o pobre extremo en el padrón del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) y contar con una gestante o con niña o niño menor de 30 días de nacido.

Para afiliar a los nuevos hogares usuarios, los gestores locales de Juntos verifican la información con las diferentes instituciones del Estado e identifican a los potenciales usuarios, a quienes luego contactan vía telefónica o a través de una visita domiciliaria.

Además, si un hogar considera que cumple con los requisitos, puede ingresar al aplicativo de postulación a través del siguiente enlace: https://app.juntos.gob.pe/afiliacion y seguir los pasos indicados. Posteriormente, un gestor local contactará al hogar para iniciar el proceso de preafiliación, priorizando siempre a los pobres extremos.

Una vez afiliado al programa Juntos, el hogar recibe un mensaje de texto de bienvenida, a través del celular de contacto que fue registrado por la titular del hogar. Además, los hogares pueden verificar en la página web institucional, en la pestaña “Consultar si estoy afiliado al Programa Juntos”, si su postulación fue aceptada.

Para mayor información, las personas interesadas pueden llamar, desde cualquier parte del país, a la línea gratuita 1880, o acercarse a las oficinas del programa Juntos en Lima o provincias.

Caso Nicolini: Corte Suprema confirma más de 30 años de prisión para responsables de explotación laboral y muerte de jóvenes

El Poder Judicial cerró definitivamente el ‘Caso Nicolini’. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por la defensa de los imputados y confirmó las sentencias de más de 30 años de prisión efectiva contra los esposos responsables de la muerte de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, los jóvenes que fallecieron en el incendio de la galería comercial en junio de 2017.

Con esta decisión de última instancia, las penas quedan firmes e inamovibles. El principal acusado, Jonny Coico Sirlopú, deberá purgar 35 años de pena privativa de la libertad, mientras que su esposa y cómplice, Vilma Zeña Santamaría, cumplirá una condena de 32 años de prisión. Ambos fueron hallados culpables de someter a las víctimas a condiciones infrahumanas que restringieron su libertad y derivaron en el fatal desenlace.

La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, calificó el fallo como trascendental para la justicia peruana. La magistrada explicó que se logró acreditar la tesis fiscal de violación de la libertad personal con fines de explotación laboral en su modalidad de esclavitud, lo que convierte a este fallo en el primer precedente firme de este tipo en la historia judicial del país.

Encerrados sin salida

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio de gran magnitud consumió la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas. Las investigaciones judiciales demostraron que las víctimas trabajaban encerradas en contenedores metálicos instalados ilegalmente en la azotea, donde realizaban labores de falsificación de fluorescentes.

Durante el proceso, se comprobó que los jóvenes permanecían bajo llave y con un candado colocado desde el exterior por sus empleadores, una práctica destinada a evitar que sustrajeran mercadería o descansaran más de lo debido.

Esta condición de encierro absoluto les impidió escapar de las llamas, provocando su muerte ante la impotencia de los bomberos que no pudieron acceder a tiempo a la estructura blindada.

Policía que abatió a delincuente podría ir a la cárcel: este viernes se decidirá el destino de Elvis Miranda

Mañana viernes 15 de enero, la Sala Penal de Apelaciones de Piura definirá el futuro legal del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Elvis Miranda, quien enfrenta desde hace siete años un proceso judicial por haber abatido a un delincuente durante una intervención policial. El caso, que ha generado amplio debate público, vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional por sus posibles implicancias legales y operativas para la actuación policial.

El proceso se remonta al 13 de enero de 2019, cuando Miranda participó en una intervención que derivó en una persecución en la ciudad de Piura. Según la defensa, durante el operativo el efectivo policial hizo uso de su arma de reglamento al percibir una amenaza directa. En conversación con Latina Noticias, el general Máximo Ramírez, defensor de la PNP, sostuvo que el suboficial actuó conforme a ley al señalar que “Elvis Miranda observa que la persona que está en la parte posterior del vehículo hace un ademán de querer sacar un arma y dispararle a él”, motivo por el cual decidió disparar tras dar la voz de alto.

El caso llega a esta nueva etapa luego de un largo proceso judicial que incluyó la detención preventiva del suboficial por un mes y una absolución dictada en 2025. Sin embargo, pese a ese fallo, el Ministerio Público decidió apelar, lo que mantiene en incertidumbre la situación legal de Miranda y de su familia.

Proceso prolongado y apelación fiscal

La apelación presentada por la Fiscalía ha sido duramente cuestionada por la defensa legal del policía. El abogado Sergio Huamán afirmó que existe una insistencia reiterada por parte del Ministerio Público en criminalizar la actuación del suboficial. “He podido percibir en carne propia que la Fiscalía, lejos de haber variado de fiscales que han perseguido este caso, insista, insista, insista con la criminalización de la conducta de Elvis Miranda”, declaró para el citado medio.

Desde la perspectiva de la defensa, la conducta del suboficial estuvo debidamente justificada en el marco de sus funciones. Huamán sostuvo que se trató de una acción proporcional frente a una amenaza concreta, señalando que fue una “conducta debidamente justificada de Elvis Miranda”, acorde con el rol de resguardo del orden interno que cumple la Policía Nacional.

El general Ramírez también advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría generar un fallo adverso. En su opinión, incluso una absolución acompañada de una reparación civil sentaría un precedente negativo. “Imagínense si yo estoy absuelto y me van a obligar a que yo pague 20 mil soles por haber matado a un delincuente”, expresó, cuestionando el mensaje que ello enviaría a los efectivos en operaciones de riesgo.

Riesgo de sanciones y separación de la PNP

Uno de los escenarios que más preocupa a la defensa es que, si la Sala Penal de Apelaciones falla a favor del Ministerio Público, Elvis Miranda no solo enfrente una eventual pena de cárcel, sino que también quede fuera de la institución policial. Esta posibilidad ha encendido las alertas dentro de la Defensoría de la PNP, que evalúa acciones legales adicionales, como la presentación de un hábeas corpus.

“Bueno, tendremos que nosotros hacer, de repente, un hábeas corpus, porque no puede imponerse a Elvis Miranda ningún tipo de multa”, afirmó el general Ramírez, al insistir en que el suboficial actuó en cumplimiento del deber y bajo los protocolos establecidos.

La Defensoría de la Policía informó, además, que tiene a su cargo al menos 10 casos similares de agentes que utilizaron su arma de reglamento durante intervenciones. Según Ramírez, “hemos tenido 10 casos de que policías han abatido delincuentes” y, en todos ellos, se ha logrado que los efectivos permanezcan en libertad.Tras cinco años de proceso, la Fiscalía ha solicitado una condena de tres años de prisión efectiva para Miranda Rojas. (Composición: Infobae / Andina)

Impacto familiar y comparación con otro caso

Más allá de la situación legal, el proceso ha tenido un fuerte impacto personal y familiar. La esposa de Elvis Miranda, actualmente embarazada, expresó su indignación por la duración del caso y las consecuencias que ha tenido para su familia. “Cuando la justicia demora, ya no es justicia. A Elvis nadie le va a devolver el mes que estuvo en prisión. Nadie”, declaró visiblemente afectada.

El caso también ha sido comparado con situaciones recientes en las que un policía de civil que abatió a un delincuente en Comas recibió reconocimientos institucionales. Días atrás, el presidente José Jerí, otorgó un ascenso excepcional al suboficial Erickson Pozo por abatir a un sicario, hecho que ha reavivado el debate sobre la coherencia en el tratamiento judicial y administrativo de este tipo de intervenciones policiales.

Intervienen a alcalde por presunto uso de camioneta municipal cuando libaba licor

El alcalde del centro poblado de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, Luis Alberto Sánchez Rosso (36), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto uso indebido de un vehículo oficial asignado a la municipalidad, el cual habría sido utilizado para su traslado mientras ingería bebidas alcohólicas en un inmueble ubicado en la manzana Q, interior 2, de la urbanización Semi Rústica El Bosque, en la ciudad de Trujillo.

En la misma intervención policial también fue detenido Jorge Alcedo Vásquez Cortez (38), trabajador de la referida comuna.

La detención se produjo la noche del último miércoles y estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) de Trujillo, quienes acudieron al lugar tras recibir información sobre el presunto uso irregular de un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos se desplazaron hasta las inmediaciones de la avenida Honorio Delgado, donde ubicaron una camioneta Toyota Hilux, color blanco, de placa de rodaje EAC-718. Tras realizar labores de vigilancia, procedieron a intervenir el vehículo cuando este se desplazaba por la zona.

Durante la intervención se identificó que Jorge Vásquez conducía la unidad vehicular, mientras que el alcalde Luis Sánchez ocupaba el asiento del copiloto. Al encontrarse en presunta flagrancia, ambos fueron trasladados a la sede del Depdicc Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes.

El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades y la situación legal de los intervenidos.

Abandonan cuerpo de mujer dentro de un colchón en plena vía pública en SMP: “Lo tiraron desde una mototaxi”

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio tras el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de un colchón, en un descampado del distrito de San Martín de Porres. El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El cuerpo fue encontrado en la intersección de la avenida Prolongación Naranjal con la avenida Pacasmayo, cerca del grifo Olimpo. El hallazgo generó la intervención inmediata de las autoridades, que acordonaron el área para realizar las pericias correspondientes.

Cadáver dentro de un colchón

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía, el cadáver fue hallado dentro de un colchón abandonado en la vía pública. La víctima aún no ha sido plenamente identificada, y el Ministerio Público mantiene la investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio.

El despacho fiscal realizó el levantamiento del cadáver con la participación de médicos legistas y peritos de criminalística. Asimismo, condujo jurídicamente las pericias efectuadas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, como parte de las acciones destinadas a determinar las circunstancias de la muerte.

Posteriormente, la Fiscalía dispuso que el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, con sede en Los Olivos, ejecute diversas diligencias, entre ellas la identificación de la occisa, la obtención del protocolo de necropsia y el análisis de los registros de cámaras de seguridad de la zona.

Fiscalía abre investigación preliminar por presunto homicidio en San Martín de Porres. (Foto: FB/@ Fiscalía)

Investigación policial

Entre las acciones ordenadas también se encuentra la realización de la inspección técnico-policial, así como la recopilación de las pericias de criminalística necesarias para el esclarecimiento del caso. Estas diligencias permitirán establecer cómo ocurrió el crimen y quiénes estarían involucrados.

Cámaras de seguridad de la zona captaron a dos sujetos cuando abandonaban el colchón a plena luz del día. De acuerdo con versiones preliminares, estas personas se habrían desplazado a bordo de una mototaxi.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan en curso y que toda la información obtenida será analizada para determinar responsabilidades penales, reiterando que el caso se encuentra en etapa preliminar y sujeto a los resultados de las pericias y diligencias ordenadas.Un cuerpo fue encontrado dentro de un colchón en SMP: Fiscalía dispone diligencias para identificar a responsables. (Foto: FB/@Fiscalía)

Cadáver presenta cortes

Tras el hallazgo del cuerpo, efectivos de la Comisaría PNP Laura Caller intervinieron en la zona y procedieron a acordonar el área para permitir el desarrollo de las diligencias periciales correspondientes.

De acuerdo con información difundida por RPP, el cadáver de la mujer presentaría múltiples heridas, presuntamente causadas con un arma blanca. De manera preliminar, se indicó que la víctima tendría cerca de 30 años y que al momento del hallazgo vestía un top blanco y un short rosado con flores.