Los atentados contra unidades de transporte público por parte de organizaciones criminales persisten en Lima y Callao, pese a que ambas jurisdicciones se encuentran en estado de emergencia. Solo en menos de dos semanas, buses de las empresas Translic S.A. y ‘La 50’ sufrieron atentados con artefactos explosivos por parte de presuntos extorsionadores, en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, respectivamente.

Ante ello, diversos gremios de transportistas han convocado a un paro en Lima y Callao para el próximo 15 de enero. Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, en diálogo con RPP, calificó como «calamitosa» la situación y señaló que más de 200 empresas de transporte público se sumarán a la medida de fuerza.

«Más o menos, en promedio, son de cerca de 220 a 230 empresas [pararán]. Acá, en el sector, hay más de 400 empresas. Estas empresas se caracterizan por ser buses de 9 a 12 metros», precisó.

Además, según su estimación, unas 12 mil unidades de transporte público no saldrán a las calles, el próximo jueves. 

«Nosotros no hemos hecho una convocatoria nacional, porque somos un gremio de transporte público urbano de Lima y Callao. Transportes Unidos lo conforman cuatro conos, que son norte, centro, sur y este, los mismos que han realizado el paro del 6 de octubre que gatilló la caída de Dina Boluarte […], la movilización que se hizo el 4 de noviembre […] y ahora esta fecha que es el 15 de enero», afirmó. 

¿Qué exigen los gremios de transportistas al Gobierno?

Ojeda refirió que, entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025, han perdido la vida entre 73 y 74 trabajadores de transporte público a manos de acciones criminales por parte de organizaciones dedicadas a la extorsión. Además, en lo que va del 2026, se han registrado otros tres fallecidos.

«Entonces, lamentablemente, estamos hablando de una racha que no para y no solamente es al transporte formal, público de pasajeros, sino también se está dando en otras actividades», señaló. 

Respecto a los sucesivos estados de emergencia decretados por el Gobierno, el dirigente señaló que «parecieran cortinas de humo, cortinas de algo que atrás sucede, que detrás de bambalinas, como se dice, hay otras cosas que se están haciendo, y en este caso mal».

En ese sentido, indicó que demandan al Ejecutivo «que la prevención se reactive». 

«En lo que es prevención, [no ha cambiado] en lo absoluto. ¿Y qué es lo que señalamos cuando falta prevención? Que los atentados se están dando a vista y paciencia […] de las autoridades. Nosotros tenemos trabajos desde las 3, 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es la parte donde la población se sigue movilizando. Y hay estadísticas que demuestran que, a las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, que trabajan alguna de las flotas más importantes de Lima y Callao, y entre 4, 5 de la mañana hasta las 7 y media […] son los ataques», indicó. 

«Ha avanzado la investigación, sí, ha avanzado con el general PNP Revoredo en gran parte […], pero la prevención es negativa […] Lo que nosotros queremos es que, así como ha avanzado la investigación […], que la prevención se reactive, que apoye a las fuerzas castrenses. No quiero ver 20, 30 militares en una parada de tren, basta con dos o tres, que se distribuyan, que se apoye en la movilización de las fuerzas castrenses», añadió. 

Por su parte, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, en entrevista con nuestro medio, fue enfático al señalar que la paralización busca presionar a las autoridades para que implementen reformas legales inmediatas y endurezcan las penas carcelarias, ante lo que calificó como una falta de acción por parte del Ejecutivo y el Legislativo.

«Necesitamos que el Congreso de una vez dicte una ley de tribunales sin rostro, pero no lo hacen. Entonces, creo que es importante que tenga que volver a hacerse una paralización para que puedan reaccionar y actuar y parar», sostuvo.

Asimismo, propuso una política de «cero tolerancia» para los extorsionadores, exigiendo que sean recluidos en penales de máxima seguridad en altura, sin importar si son reos primarios.

«Tenemos el penal de Challapalca. Que todos vayan para allá. Que todos, así sean por primera vez, que vayan todos allá. Porque es la única forma que vamos a parar esta masacre, este baño de sangre al pueblo peruano. No hay otra salida», puntualizó. 

Una balacera se registró la noche del miércoles 8 de enero en el distrito del Callao, luego de que un ex técnico de la Marina de Guerra del Perú abatiera a dos presuntos delincuentes que intentaron ingresar a su vivienda, ubicada en el sector 5 de la zona de Bocanegra. El hecho generó alarma entre los vecinos debido a la intensidad de los disparos.

Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), cuatro sujetos llegaron hasta el inmueble con la aparente intención de cometer un asalto. Sin embargo, fueron sorprendidos por el propietario de la vivienda, quien reaccionó haciendo uso de su arma de fuego. Como resultado del enfrentamiento, dos de los delincuentes fueron abatidos, mientras que otros dos resultaron heridos.

Delincuentes irrumpen en vivienda e intentan huir

Los atacantes se desplazaban en un automóvil de color gris oscuro, de placa BED-424, el cual, de acuerdo con información policial, pertenecería a Abel Gama y Patricia Maury. Durante la balacera, el vehículo recibió al menos tres impactos de bala, lo que provocó que terminara impactando contra un scooter eléctrico que se encontraba en la vía pública.

Tras el enfrentamiento, los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital Alberto Sabogal Sologuren (Negreiros), donde permanecen bajo atención médica debido a las heridas causadas por impactos de bala. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte oficial sobre su estado de salud.

Autoridades efectúan las investigaciones

Efectivos policiales de la jurisdicción de Playa Rímac llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes. Asimismo, se realizó el levantamiento de evidencias, la recolección de casquillos de bala y la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con la PNP, el propietario del inmueble se entregó voluntariamente para colaborar con las investigaciones y manifestó que cuenta con toda la documentación en regla para el uso legal de su arma de fuego. Las autoridades continúan evaluando el caso para determinar si la intervención se dio en el marco de la legítima defensa.