Una nueva controversia sacude el panorama político de Pasco luego de conocerse que Eduardo Carhuaricra, exfuncionario y militante de Alianza para el Progreso, habría sido beneficiado por una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que, según diversos especialistas, podría permitir su retorno a la competencia electoral pese a contar con una sentencia condenatoria por peculado doloso, delito considerado dentro del espectro de corrupción de funcionarios.

El caso revive el debate sobre los límites éticos y legales para la participación política de personas con antecedentes por delitos contra el Estado.

La normativa electoral peruana presenta criterios estrictos respecto a la postulación de personas condenadas:

Artículo 34-A de la Constitución: establece inhabilitación para ciertos delitos graves.

Artículo 34: impide la postulación de personas condenadas por delitos dolosos en primera instancia.

Ley 30717: amplía las restricciones, señalando que la inhabilitación para delitos de corrupción persiste incluso después de la rehabilitación.

Sin embargo, en la Sentencia 31/2025 del Tribunal Constitucional (Exp. 01242-2023-PA/TC), el tribunal señala que la interpretación de inhabilitación permanente podría vulnerar el derecho a la rehabilitación. Esta posición ha generado críticas al considerarse una ventana que favorece a funcionarios condenados por apropiarse de recursos públicos

Diversas voces en Pasco y a nivel nacional han calificado este escenario como un nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción. Organizaciones civiles advierten que permitir la participación de personas sentenciadas por delitos como peculado envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y deteriora la confianza en las instituciones.

“No puede hablarse de renovación política cuando a quienes traicionaron la confianza pública se les abre la puerta nuevamente”, recuerden que el peculado es uno de los delitos que más daño ha causado al país, especialmente en regiones con graves brechas sociales y obras inconclusas, como la región Pasco.

En una región donde abundan proyectos paralizados, obras abandonadas y presupuestos sin ejecución eficiente, el debate cobra mayor intensidad. Este caso simplemente genera indignación ante la posibilidad de que figuras con sentencias por corrupción vuelvan a buscar cargos públicos mientras la población continúa enfrentando carencias y atraso.

La controversia no solo cuestiona al aspirante hoy habilitado, sino también al sistema que permite que decisiones judiciales y vacíos interpretativos generen espacios para que personas con antecedentes graves vuelvan a disputar representaciones políticas.

El caso Carhuaricra evidencia una vez más la urgencia de fortalecer los filtros éticos en la política peruana. En un país marcado por escándalos de corrupción, la ciudadanía exige coherencia, respeto por la ley y autoridades libres de cuestionamientos graves.

El alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez Achalma, fue detenido esta madrugada en un operativo de la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho que buscaba desarticular la presunta organización criminal ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’. Según las investigaciones, habrían direccionado y sobrevalorado varios proyectos de obras públicas en Cangallo, Huanta, Independencia y Chincho, afectando millones de soles de recursos del Estado.

Durante el operativo se allanaron viviendas de los detenidos, oficinas municipales y empresas vinculadas, incautando más de 24 mil soles, documentos, celulares y equipos informáticos. La Fiscalía informó que estos materiales serán analizados para profundizar en la investigación, mientras algunos implicados aún son buscados por la policía. Los proyectos bajo investigación incluyen obras de agua potable, alcantarillado y mejoras educativas en la región.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción y hace un llamado a la ciudadanía a estar atenta al buen uso de los recursos públicos. Este caso demuestra cómo la corrupción afecta directamente a las comunidades, y la justicia busca que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Cinco buses de la empresa de transporte ‘Pegaso Express‘ quedaron totalmente calcinados tras un incendio que ha ocurrido en la cochera de esta línea de transporte, ubicada en la avenida Valle Hermoso, en el asentamiento humano Jesús Oropeza, en el distrito limeño de Puente Piedra.

El comandante Simar Caballero, jefe de la segunda brigada de los Bomberos de Lima Norte, ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido.

«Son un total de cinco buses totalmente prendidos y un bus que salió a la parte posterior. Es un incendio de Código dos. Los cinco buses han quedado totalmente calcinados. Los motivos de cómo sucedió no lo sabemos. Ya de eso se encarga la parte de Investigación de la Policía«, manifestó.

No se registran personas heridas

Vecinos de la zona contaron que los vehículos, pertenecientes a la empresa ‘Pegaso Express‘ hace la ruta desde Zapallal hasta el distrito de Villa El Salvador, ardieron en llamas y provocaron fuertes olores. No obstante, no se han registrado personas heridas.

En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las diligencias para determinar las causas del siniestro. Se sospecha que este haya sido provocado por una banda delincuencial.

Los padres de familia del colegio Santísima Trinidad, en el Cercado de Lima, denunciaron que casi S/20.000 destinados para el viaje y la fiesta de promoción de los estudiantes de sexto de primaria desaparecieron luego de ser entregados a la tesorera del aula, identificada como Claudia Ramos López. La mujer, encargada de gestionar el full day y la celebración programada para noviembre, habría retenido el dinero sin efectuar los pagos correspondientes, lo que provocó la suspensión repentina del paseo apenas 12 horas antes de su realización.

Tras presentar una carta notarial el pasado 4 de noviembre, la tesorera del aula devolvió el monto de S/5.000. Sin embargo, las madres de familia cuestionan que restan aún alrededor de S/15.000, mientras la mujer pospone el reintegro total.  

Madres de familia denuncian a tesorera del aula de retener casi S/20.000  

El 17 de octubre, los escolares tenían planeado asistir al Club La Fogata, en el distrito de Cieneguilla. Sin embargo, el día anterior, Ramos llamó a cada padre de familia y les indicó que el establecimiento había cancelado la visita por disposición municipal, e incluso envió un presunto comunicado oficial. No obstante, al contactar al establecimiento, descubrieron que el local funcionaba con normalidad y que la acusada había intentado hacer una reserva con S/1.000 tres días antes, cuando el monto total eran S/8.000.  

“Eran 12 horas antes que la señora nos llame independientemente a cada padre de familia. Nos indica que se iba a cancelar por un tema municipal o de agua, y a cada uno nos dio una excusa diferente. Nosotros decidimos llamar al club al día siguiente y nos enteramos de que estaban atendiendo con total normalidad. No había ninguna visita, ninguna suspensión por agua ni clausura”, señaló una de las madres de familia ante Panamericana.

Padres de familia del colegio Santísima Trinidad denuncian desaparición de casi S/20.000 destinados a viaje y fiesta de promoción. Foto: Marco Cotrina/LR

Otra señora declaró que le prestó los S/1.000 que Ramos usó para intentar reservar el club, luego de que le pida ayuda económica por un supuesto problema que tenía con el padre de sus hijos. “Cuando me contacto con la administradora de La Fogata me doy cuenta de que los S/1.000 que yo le presté, ella los paga a La Fogata dos minutos después de que yo le aporto”, sostuvo.

Aunque inicialmente se tenía planeado la fiesta de promoción para el sábado 22 de noviembre, ahora los padres señalan que tendrán que hacerlo en diciembre, debido a que no cuentan con los ingresos para los gastos de la ceremonia.

Un padre de familia, identificado como Wilber Mamani, realizó una denuncia contra el Hospital Santa María del Socorro de Ica por una presunta negligencia. De acuerdo a su testimonio, su esposa fue obligada por la obstetra a caminar pese a que advertía que el parto estaba próximo. Finalmente, la bebé nació de pie, en uno de los pasillos del hospital, y cayó al piso tras reventarse la fuente.

El hombre relató que llegaron al hospital a las 5:30 de la tarde y fueron atendidos inicialmente por la obstetra, quien les indicó que la dilatación de su esposa estaba apenas en 1 cm y que el parto demoraría entre 6 a 7 horas. Sin embargo, minutos después, la mujer comenzó a experimentar fuertes dolores. Fue entonces cuando se reventó la fuente y nació la niña, a las 6:20 p. m. aproximadamente. La situación ha desatado la preocupación de los padres sobre posibles secuelas futuras en su hija.

Denuncian negligencia y falta de atención en hospital de Ica

El padre enfatizó que, desde su llegada, la atención médica fue deficiente y que su esposa no fue tomada en serio a pesar de las señales claras del parto inminente. “Mi esposa advirtió a los médicos que la bebé ya estaba por nacer, pero le dijeron que faltaba y le indicaron (que caminara)», relató el familiar, visiblemente afectado por la experiencia. Además, señaló que después del parto y el incidente con su hija, tuvo que correr para buscar una silla de ruedas y trasladar a la madre. La familia exige una respuesta y responsabilidad por parte del hospital ante lo ocurrido.

Comunicado del Hospital Santa María del Socorro de Ica. Foto: Difusión

Respuesta oficial del Hospital Santa María del Socorro

En un comunicado oficial, el hospital informó que la paciente, identificada con las iniciales N.B.A., se encontraba en el Servicio de Emergencia a la espera de ser trasladada a la Sala de Partos. Mencionan que el parto fue rápido y ocurrió en uno de los ambientes del establecimiento. Además, descartaron que se haya tratado de una mala atención, indicando que la paciente recibió asistencia inmediata por parte del personal médico de turno.

El nosocomio también confirmó que tanto la madre como la recién nacida están estables y hospitalizadas en las áreas de Puerperio y Neonatología bajo vigilancia profesional. Asimismo, se comprometieron a recabar toda la información y documentación correspondiente para realizar una investigación exhaustiva y tomar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.