Cada aniversario de la ANP es más que una fecha conmemorativa: es un acto de reafirmación de principios. Esta organización, fundada en 1928, nació de la necesidad de defender la libertad de prensa, la dignidad del trabajo periodístico y el derecho del pueblo a estar informado.

La historia del periodismo peruano no podría contarse sin la historia de la ANP, la primera organización de periodistas del Perú, el gremio periodístico por excelencia.

Este 21 de julio, las banderas de nuestras 124 bases en todo el territorio patrio se elevan con valentía en un contexto realmente adverso para la institucionalidad y el ejercicio periodístico en el país. La ANP marcha firme y en unidad camino al centenario. Un centenario que reivindica la libertad, dignidad y solidaridad como cimientos del verdadero gremialismo en el país.

Las y los periodistas de la ANP han transitado por las más desafiantes pruebas en regímenes autoritarios, autocracias y dictaduras. Los dirigentes de ayer y de hoy nunca se han desentendido del papel que le toca asumir en circunstancias en que se pretende suprimir el derecho a decir y a saber.

Ser periodista en el Perú no es fácil. Los riesgos, las carencias y las presiones son reales. Frente a ello, desde la ANP, durante casi un siglo, hemos sostenido una lucha firme por la defensa de los derechos laborales, por la capacitación continua, por la ética en el ejercicio de la profesión y por el respeto a la vida y seguridad de quienes informan.

Hoy, en este 97 aniversario, la ANP no solo celebra su historia. También mira al futuro. Un futuro con enormes desafíos: las nuevas formas de precarización del trabajo, la transformación tecnológica, los ataques a la libertad de expresión y la desinformación.

En esta fecha aniversaria la ANP recuerda a sus iniciadores pero también a los continuadores. A José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Germán Lazarte, Fernando Franco, en la hora inicial, y a quienes los sucedieron las décadas subsiguientes: dirigentes y dirigentas de carácter y convicción, en todo el territorio nacional, que supieron sostener la institución cuando arreciaban las dificultades.

Este aniversario institucional encuentra a la ANP en un momento de desafíos críticos para la actividad. Dos comunicadores sociales asesinados en Ica e Iquitos este año que se suman a los más de 150 ataques a periodistas estos primeros siete meses del 2025, entre ellos criminalización del periodismo, asedio permanente del poder político, querellas, estigmatización. Frente a ello la ANP ha dado prueba de su vitalidad, su lucha gremial, su capacidad de convocatoria y su defensa sin concesiones de las y los periodistas y del periodismo.

Desde 1928 la ANP ha sido escuela de valores y de compromiso social. Al cumplir 97 años, renovamos esa vocación con la misma convicción de siempre.

Hoy, no solo celebramos la existencia de una organización; celebramos la fuerza de miles de compañeras y compañeros que, a lo largo de todo el territorio patrio, han defendido la libertad de prensa y la dignidad del trabajo periodístico.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú nació para eso: para ser un escudo colectivo, para que ningún periodista luche solo.

Porque no nos callaron antes y no nos callarán ahora. Porque no aceptamos un periodismo sometido, ni un gremio que mire hacia otro lado cuando hay injusticia.

¡Viva la ANP!

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP cuestiona la propuesta anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, de formular una modificatoria a la Ley de Radio y Televisión para imponer una “franja informativa” a fin de difundir las actividades del Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Según este anuncio, realizado en la conferencia del denominado “Cuarto de Guerra” el reciente 30 de marzo, “los medios de comunicación tendrán que difundir, en estados de emergencia, las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuente y en la lucha, que estamos haciendo frontal, contra la inseguridad ciudadana”.

La ANP considera que esta propuesta de modificatoria a la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278) representa una irrupción en los contenidos de los medios de comunicación, inaceptable en democracia. Lo que se pretende más que una franja informativa es establecer un bloque propagandístico de las acciones del Ejecutivo. Esto contraviene estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de información y prohíben la injerencia gubernamental en los medios de comunicación.

Señalar, además, que dicha franja se implementará en los “estados de emergencia” es, en la práctica, establecerla de manera permanente, dado el uso desmedido y poco planificado de estos regímenes de excepción por parte del Ejecutivo. Por dicha razón, las declaraciones del ministro Arana revisten particular gravedad, ya que observamos un intento de controlar el contenido de los medios de comunicación.

En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza. El Estado tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés público pero esa función no puede ejercerse vulnerando la independencia editorial de los medios de comunicación ni imponiendo contenidos de manera arbitraria.