Caleb, el candidato de las obras fantasma en Imperial

¿De verdad Imperial va a votar por alguien que no termina nada?

Las pruebas están a la vista y los millones también:

– I.E. Josefina Ramos: obra del GORE Lima valorizada en más de 6 millones de soles, abandonada y sin fecha de culminación.

– Colegio El Carmen: otra obra del GORE Lima, más de 27 millones de soles, paralizada y olvidada.

Más de 33 millones de soles y cero obras entregadas. Ese es el verdadero currículum de Caleb.

Pero mientras las obras siguen inconclusas, Caleb sí aparece en todas partes: inauguraciones, visitas, fotos, discursos… jugando a ser gobernador, usando el cargo para hacer campaña política descarada en Imperial.

¿Y qué viene después si llega al poder?

El desembarco de los funcionarios del GORE Lima en la Municipalidad de Imperial, los mismos que hoy dejan obras tiradas y que son expertos en meter la mano a los recursos del Estado.

A los vecinos de Imperial – Cañete se les dice claro y fuerte:

si votan por este personaje, mañana podrían tener a Ramón Aldave paseándose por la municipalidad, mientras las obras siguen siendo solo carteles y promesas.

Fuente: Diario El Chaski

Cañete: Hallan sin vi-da a menor de 12 años dentro de la comisaría de Mala

Una tragedia de extrema gravedad ha sacudido al distrito de Mala y a toda la provincia de Cañete. La tarde del miércoles 17 de diciembre, una menor de apenas 12 años, identificada con las iniciales A.V.V., fue hallada sin vida en el quinto piso de la Comisaría de Mala, un espacio que, por su naturaleza, debería garantizar seguridad absoluta. El hecho ha generado conmoción, indignación y serios cuestionamientos a los protocolos de control dentro de instalaciones policiales.

De acuerdo con información preliminar, la menor era hija de una trabajadora de la concesionaria de alimentos que opera dentro de la propia dependencia policial. Fuentes vinculadas a la investigación revelaron que la niña habría dejado una carta manuscrita dirigida a su madre, documento que fue inmediatamente incautado y se encuentra bajo análisis de los peritos de Criminalística. Tras el hallazgo, la menor fue trasladada de urgencia al centro de salud local, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

El Ministerio Público, junto a especialistas de Criminalística, ha tomado control total de la escena para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. Sin embargo, la gravedad del caso ha encendido las alarmas de la opinión pública ¿Cómo pudo ocurrir un hecho de esta magnitud dentro de una comisaría con vigilancia permanente las 24 horas del día? La pregunta resuena con fuerza entre la ciudadanía, que exige explicaciones claras e inmediatas.

Ase**sinan a dos jueces de paz en menos de una semana en La Libertad y Cañete

El Poder Judicial atraviesa horas de luto. Dos jueces de paz —Víctor Hugo López de la Cruz, de Chicama (La Libertad), y Jorge Renato Fernández Sánchez, de Quilmaná (Cañete)— fueron asesinados a manos de sicarios en menos de una semana, hechos que han conmocionado al sistema de justicia.

El primer crimen ocurrió el domingo 5 de octubre, en Quilmaná, provincia de Cañete, cuando Fernández Sánchez fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces mientras conducía su vehículo por la zona alta del sector Maracuyá.

Vecinos alertaron a las autoridades, pero los socorristas solo confirmaron su muerte. El magistrado, conocido por su labor conciliadora y su cercanía con la comunidad, deja una profunda huella en el distrito, donde era apreciado por su integridad y su servicio público.

La violencia también alcanzó a la región La Libertad, donde días después, el viernes 10 fue asesinado el juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, de Chicama. Según versiones preliminares, el crimen estaría vinculado a su negativa de otorgar certificados de posesión de terrenos irregulares, pese a las amenazas que recibía.

REACCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Durante la ceremonia por el XV aniversario de la Corte Superior de Lima Sur, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, condenó enérgicamente los asesinatos.

“Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos debemos sentirnos profundamente afectados. Comparto el dolor de las familias que hoy despiden a sus seres queridos. El juez de Chicama murió por cumplir con la ley, por no ceder ante las amenazas”, declaró Tello Gilardi.

La titular del Poder Judicial resaltó que estos hechos reflejan la urgencia de fortalecer la protección y seguridad de los operadores de justicia en todo el país. Además, hizo un llamado a la firmeza en la lucha contra la delincuencia y la impunidad.

“Los jueces y juezas deben responder de manera decidida. El Código Penal permite dictar penas cortas, pero efectivas; esa es la forma de recuperar la autoridad de la justicia”, enfatizó.

COMUNICADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

La Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado oficial expresando su “profundo pesar y repudio” por el asesinato del juez Víctor Hugo López de la Cruz, y exigió a las autoridades policiales y fiscales una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El pronunciamiento reafirma el compromiso del Poder Judicial de continuar su labor pese a las amenazas, y exhorta a que se brinde protección efectiva a los jueces de paz que trabajan en condiciones de alto riesgo en zonas rurales del país.

“Ningún acto criminal doblegará la independencia judicial ni la vocación de servicio de quienes administran justicia en nombre del pueblo”, subraya el comunicado.

DATO:

Los jueces de paz cumplen una función clave en las comunidades rurales del Perú, resolviendo conflictos vecinales, familiares y territoriales. Sin embargo, muchos trabajan sin resguardo policial ni recursos logísticos, lo que los expone a represalias de mafias y traficantes de terrenos.

Consternación en Quilmaná: acribillan al juez de paz Jorge “Koki” Fernández Sánchez

Un hecho de sangre ha conmocionado al distrito de Quilmaná la tarde de este sábado. El juez de paz y reconocido líder local, Jorge “Koki” Fernández Sánchez, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo particular en la parte alta del sector conocido como Los Calvos – “Maracuyá”.

El crimen ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. de este sábado, según reportaron vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a Serenazgo y a efectivos de la Comisaría PNP de Quilmaná. Al llegar al lugar, las autoridades acordonaron el área y comenzaron el levantamiento de las primeras evidencias.

El cuerpo de Fernández quedó al interior de su vehículo, con múltiples impactos de bala. Aunque las circunstancias del ataque aún están bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a un posible vínculo con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terrenos en la zona.

Jorge Fernández no solo ejercía funciones como juez de paz, sino que también era un conocido dirigente local y uno de los principales aspirantes al sillón municipal de Quilmaná. Su asesinato ha causado profunda indignación entre los pobladores, quienes exigen una investigación exhaustiva, justicia y garantías para los líderes sociales y autoridades del distrito.

Alias “Pequeño J” ya está en el penal de Cañete: acusado por triple feminicidio en Argentina enfrentará extradición desde Perú

Tony Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue recluido este viernes en el penal de Cañete por orden judicial, mientras enfrenta un proceso de extradición a Argentina. El sujeto es investigado por el presunto homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, crimen que ha estremecido a la opinión pública del país vecino.

Conforme a la disposición del Poder Judicial, se dictaron nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición, en una decisión que subraya la gravedad del caso y el compromiso de las autoridades peruanas con la cooperación internacional.

¿Quién es “Pequeño J” y de qué se le acusa?

Tony Valverde Victoriano, peruano y conocido en el mundo criminal como “Pequeño J”, fue identificado como el principal sospechoso del asesinato de tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los crímenes ocurrieron en circunstancias que aún son materia de investigación, pero la Fiscalía del país sureño ha calificado el caso como homicidio agravado, lo cual contempla penas que van desde los 15 hasta los 35 años de prisión.

Las víctimas fueron halladas sin vida en distintas zonas del territorio argentino, y las autoridades vinculan los hechos con redes delictivas en las que habría participado Valverde. Su captura en territorio peruano abrió el camino para un proceso de extradición solicitado formalmente por el gobierno argentino.

Traslado al penal de Cañete: ¿cómo se ejecutó?

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) confirmó que el acusado fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Establecimiento Penitenciario de Cañete, donde deberá cumplir prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica y se concreta el eventual traslado a Argentina.

Según fuentes oficiales, el ingreso del interno se realizó cumpliendo con los protocolos técnicos y médicos establecidos por ley, incluyendo controles de identidad, revisión médica, registro de datos personales y medidas de seguridad penitenciaria. Actualmente, “Pequeño J” se encuentra en el área de observación del penal, a la espera de su clasificación y ubicación definitiva dentro del establecimiento.

Seguridad extrema y riesgo de fuga

El riesgo de fuga fue uno de los elementos clave que motivó al juez Cristhian Chumpitaz Pariona, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, a dictar prisión preventiva contra Tony Valverde. Dado que el delito imputado no solo tiene una alta penalidad, sino que también es reconocido y sancionado por la legislación penal peruana, el magistrado consideró que la medida restrictiva era necesaria para garantizar su disponibilidad durante el proceso de extradición.

A raíz de esto, el INPE ha dispuesto extremar las medidas de seguridad en el penal de Cañete, donde ya se han registrado episodios de alta peligrosidad con internos de perfil criminal similar. El caso de “Pequeño J” será manejado con vigilancia reforzada y protocolos especiales, dada la naturaleza del delito y el interés internacional en que no se evada el proceso legal.

¿Cuál es el siguiente paso del proceso?

Con la prisión preventiva ya dictada, corresponde ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y al Ministerio Público coordinar con las autoridades argentinas los términos del proceso de extradición.

El INTERPOL Lima ya fue notificado oficialmente y deberá activar los canales de coordinación con INTERPOL Argentina, a fin de consolidar los elementos probatorios y administrativos necesarios para el traslado legal del acusado.

El procedimiento de extradición puede durar varios meses, pero el plazo de detención preventiva fijado por el juez ofrece un margen suficiente para desarrollar el trámite. Si la justicia argentina presenta las pruebas necesarias y cumple con los requisitos del tratado bilateral, el traslado de Valverde Victoriano a Buenos Aires podría concretarse antes de que concluya el primer semestre de 2026.

¿Quién responde por las víctimas?

Este caso ha generado una fuerte indignación tanto en Perú como en Argentina, donde familiares de las víctimas exigen justicia y celeridad en la extradición del presunto feminicida. La violencia de género y los feminicidios son temas sensibles en la región y este proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial regional frente a crímenes de alto impacto social.

Contexto regional y cooperación judicial

En los últimos años, los procesos de extradición entre Perú y Argentina han aumentado, especialmente en casos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y violencia de género. La detención de Tony Valverde marca uno de los casos más graves por el número de víctimas y la presunta sevicia con la que se cometieron los crímenes.

El hecho de que haya sido ubicado y detenido en Perú demuestra también el avance en las redes de inteligencia criminal y cooperación binacional, algo que viene siendo reforzado por los organismos multilaterales.

Cañete: detectan fallas en expediente técnico de saldo de obra del colegio Augusto B. Leguía

La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional de Lima aprobó un expediente técnico con deficiencias técnicas e incongruencias para la culminación del proyecto de mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Augusto B. Leguía, en Cañete, ya que la información presentada no se ajusta a las condiciones reales de la obra.

Se comprobó que el componente de metrados carece de sustento y presenta errores de cálculo en algunas partidas, lo que impacta directamente en el alcance y el presupuesto de la obra. Cabe destacar, que la precisión resulta fundamental para garantizar la exactitud de los cálculos y un adecuado seguimiento del avance de los trabajos.

Además, se advirtió que el componente de especificaciones técnicas presenta partidas con omisiones y falta de sustento, como las referidas al resane de paredes con salitre, mantenimiento de la cobertura y tratamiento de áreas verdes, entre otras, las cuales no detallan el procedimiento técnico ni los materiales y calidades requeridos. Asimismo, se verificó la ausencia de planos.

Respecto a la demora en el inicio de la ejecución del saldo de obra, atribuida por el contratista a la supuesta condición de inhabitable de los cuatro pabellones comprendidos en la intervención -donde solo se había previsto demolición parcial y trabajos de mantenimiento-, la Contraloría aclaró que el único pabellón en riesgo no forma parte de esos cuatro ni de los términos contractuales.

Cabe señalar que la obra de mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Augusto B. Leguía inició su ejecución el 20 de octubre de 2015 con un presupuesto de S/ 10.8 millones. Sin embargo, desde el 16 de marzo del 2017 quedó paralizada por falta de pago, a pesar de registrar un avance acumulado del 80% y un gasto reportado de S/ 16.1 millones.

En tanto, la buena pro para ejecutar el saldo de obra fue otorgada el 8 de mayo de este año y, tras la firma del contrato el 5 de junio, los trabajos pendientes para culminar la obra debieron iniciar el 3 de julio último, con una inversión superior a los S/ 2.2 millones.