La Fiscalía dejó en libertad a Jean Marcel Robilliard, exsecretario general de la Federación Peruana de Fútbol; Norma Rosa Alva, operadora de venta de entradas; Fredi Salazar Rondinel, contador de la FPF; Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; y Franklin Chuquizuta, presidente de la Liga Departamental de Amazonas, en el marco de la investigación que se les sigue por el caso ‘Los Galácticos’.

Los personajes fueron detenidos preliminarmente, al igual que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, por ser parte de la presunta organización criminalidad denominada ‘Los Galácticos’ y la cual habría encabezado el mandamás del fútbol peruano desde el inicio de su gestión.

Más temprano, el Club Sporting Cristal informó que su presidente, Joel Raffo, también fue liberado tras ser detenido preliminarmente el pasado jueves, 7 de noviembre.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalía Especializadas contra la Criminalidad Organizada, dijo que, si bien se ha dispuesto dejar sin efecto la detención preliminar, todos ellos continuarán bajo investigación.

Aún está pendiente resolver la situación legal de Agustín Lozano, así como de Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la FPF; y de Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes.

En estos momentos, se desarrolla la audiencia en la que el Poder Judicial evalúa la apelación presentada por la defensa legal de Agustín Lozano para dejar sin efecto la detención preliminar del dirigente.

Caso ‘Los Galácticos’

El Ministerio Público atribuye a Agustín Lozano los presuntos delitos vinculados con organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos. 

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Lozano Saavedra habría constituido desde el 7 de diciembre de 2018 hasta la actualidad la presunta organización criminal enquistada en la FPF, la cual se encontraría conformada por alrededor de 21 personas, agrupadas de manera organizada y permanente para el desarrollado de actividades ilícitas.

La organización criminal habría estado orientada a cometer delitos contra el patrimonio, en su modalidad de fraude a la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado.