Gonzales dice que presidente de Confemin «amenazó con retirarse» de mesa de trabajo si no se revisaba cierre del Reinfo

La congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al desarrollo de la mesa de trabajo que se realizó ayer, lunes, entre altas autoridades de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo y gremios y asociaciones mineras.

Como se sabe, la presidenta de la república Dina Boluarte convocó, el último domingo, a dicha jornada para abordar el proceso de formalización de mineros artesanales e informales que, los días previos, protagonizaron jornadas de protesta en diversas regiones del país, las cuales fueron encabezadas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (Fenamarpe).

Al respecto, la parlamentaria Gonzáles criticó que, durante el desarrollo de la mesa de trabajo, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Béquer, no solo habría llegado tarde, sino que «amenazó» con retirarse si no se revisaba el decreto supremo que puso fecha límite al proceso de formalización a través del Reinfo. 

«El señor Franco Béquer llegó muy tarde a la reunión, de hecho, se perdió casi la mitad de la mesa de trabajo. No escuchó la primera participación de la presidenta ni del premier. Luego, cuando él realizó su participación, el premier Arana sostuvo que era una mesa de diálogo, no era una mesa de condicionamientos en respuesta a la participación, tanto del dirigente de Fenamarpe como de Confemin, cuando amenazaban con retirarse si no se revisaba dicho decreto supremo [y] si no dejaban entrar a más gente», sostuvo.

En ese sentido, la congresista destacó que el Ejecutivo se haya mantenido «firme» en su posición respecto al cierre del Reinfo.

«Quiero destacar algo aquí: el diálogo en democracia siempre será bienvenido, pero mirando hacia adelante. Sinceramente, a mí me ha sorprendido, porque en algún momento pensé [que], de pronto, se iban a mencionar frases como ‘ok, lo vamos a evaluar, lo vamos a revisar’, pero no. En todo momento, han sido contundentes con la firmeza respecto a este decreto supremo. Incluso frases categóricas como: ‘este es un diálogo sin condicionamientos, estamos abiertos al diálogo sin ningún tipo de condición’», resaltó.

«Yo creo que, por parte del Ejecutivo, se ha mostrado mucha firmeza que, sinceramente, me ha asombrado de manera positiva. El hecho de que ‘ok, vamos a trabajar por el proceso de formalización minera con los más de 30 000 registros que existen’. De hecho, el ministro de Energía y Minas también comentó la posibilidad que tienen todos los más de 50 mil registros excluidos para realizar su recurso de reconsideración, si así lo consideran pertinente, y evaluar cada caso por separado. Pero aquí no va a haber un retroceso«, agregó.

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas criticó también que dirigentes mineros «jueguen con las expectativas de las personas en una sesión que no ha sido transmitida, que no hay una grabación, pues cada uno puede, de pronto, salir a decir lo que quiere, pero aquí la verdad es una».

Confía en que el Ministerio Público sea convocado en próximas sesiones

Por otro lado, Gonzáles dijo confiar en que la fiscal de la nación Delia Espinoza sea convocada por el Ejecutivo a las próximas sesiones de la mesa de trabajo.

«Yo creo que, entendiendo además que es una mesa abierta, se busca también recoger aportes de los diferentes sectores […], debe ser una mesa donde están todos los actores involucrados. Confío que en las próximas reuniones sea convocado el Ministerio Público», sostuvo.

Además, pidió que se evalúe invitar a representantes de otros gremios mineros que no están representados en la Confemin o la Fenamarpe.

«No sé si ambos dirigentes realmente están representando el sentir de todas las bases, porque yo les podría comentar que, saliendo de Palacio de Gobierno, se me acercaron diferentes personas, que se identificaron como mineros informales pertenecientes a otros gremios, quienes dijeron no sentirse representados por ConfeminFenamarpe; y que ellos sí están de acuerdo con el proceso de formalización. Tal vez el gobierno debería ampliar la convocatoria a otros gremios […] Hay una gran masa trabajadora que sí quiere formalizarse», aseveró.

«[Que] también se evalúe la participación de otros sectores de mineros informales que están participando de forma activa del proceso de formalización, para conocer cómo han asumido este reto. [Hay quienes] también quieren tener la información de primera mano y no estar sometidas a dos dirigentes que no sabemos realmente lo que le están diciendo a la gente, porque también tienen que, de alguna manera, darles algún tipo de esperanza por todo el trabajo que, en teoría, ellos están realizando como sus representantes», puntualizó. 

Presidente de Confemin, Maximo Franco Bequer: “Va a correr sangre y morirá gente”

Luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazara el cuestionado predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el dirigente de los mineros informales Maximo Franco Bequer amenazó con radicalizar sus protestas y también con derramamiento de sangre y muertes.

“Va a correr sangre, eso es, tiene que correr sangre, morirá gente del pueblo, pero también morirán policías”, sentenció el presidente de la Confederación de la Pequeña Minería (Confemin).

Según se le escucha en un video difundido en redes sociales, el dirigente lanza esta amenaza en su discurso ante sus seguidores en la céntrica avenida Abancay, frente al Parlamento, de donde los mineros en protesta fueron desalojados ayer en horas de la madrugada.

RADICAL. Maximo Franco Bequer, quien es militante de Renovación Popular, ya había amenazado con radicalizar sus protestas al abandonar la noche del martes la sesión de la Comisión de Energía. También rechazó la decisión de dicho grupo de trabajo legislativo.

“Vamos a radicalizar la medida. Confemin convoca a una movilización nacional; no solo a los mineros del país, a los ronderos, a las comunidades, a todos los peruanos. Todos tienen que venir (a Lima) a apoyar esta lucha. Es ahora o nunca”, sostuvo.

Esta amenaza fue censurada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien pidió su expulsión de la organización política en la que milita.

“Los mineros ilegales (se hacen llamar ‘artesanales’) dicen que va a ‘correr sangre de policías’. Su líder es militante de un partido de derecha. Qué esperan para expulsarlo? O postulará al Congreso? A ellos no los persigue la Fiscalía; al contrario, los protege”, escribió el legislador en su cuenta de X (Twitter).

BLOQUEOS. Mientras tanto, la situación sigue siendo preocupante en Ica, Arequipa, Cusco y La Libertad, donde grupos de mineros informales mantienen bloqueadas importantes vías de comunicación, entre ellas la Panamericana Sur, interrumpiendo el traslado de pasajeros y de carga de Lima hacia el sur, y viceversa.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), hasta ayer se reportaron seis bloqueos de carreteras en las mencionadas regiones.

Desde Arequipa se advirtió que esta medida podría extenderse a otras zonas de la Panamericana Sur o a otras vías, como parte de la radicalización de las protestas de los mineros informales.

Los puntos más afectados por los bloqueos se ubican en tres zonas de la Panamericana Sur: en el kilómetro 443, en Ica, Nasca; y en los kilómetros 619 y 782, en las provincias de Caravelí y Camaná, respectivamente, en Arequipa.

A causa de estas obstrucciones siguen suspendidos el transporte de pasajeros y de carga hacia y desde esta zona del país.

En tanto en ciudades como Nasca y Arequipa se cierne el riesgo del desabastecimiento de alimentos y otros productos, si es que continúan las interrupciones al paso en la Panamericana Sur.

NOCIVO. El impacto negativo de la interrupción de esta importante vía en ciudades como Ica y Arequipa fue advertida por representantes de los sectores económicos de estas regiones.

El presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Carlos Fernández, advirtió a Canal N que los bloqueos ya causan en la Ciudad Blanca el desabastecimiento de combustibles como el GNV, el GLP y el diesel, que no solo utilizan los vehículos sino también la industria.

Advirtió que es inminente la escasez de productos esenciales como alimentos y medicamentos.

Similar preocupación fue expresada por el presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda, quien señaló que esta situación afecta a toda la región sur del país y no solo al transporte, sino también a los pequeños productores y agricultores.

Por su parte, Martín Ojeda, gerente del Gremio de Transporte Interprovincial, refirió que de persistir los bloqueos se afectará el traslado hacia la capital de diversos productos esenciales.

Alertó que si bien en esta vía permanecen varados alrededor de mil camiones de carga y 200 buses de pasajeros, unos 1 500 buses también se mantienen paralizados en las ciudades del sur del país debido a la suspensión del transporte de pasajeros.

RESTITUIR EL ORDEN. Frente a esta situación, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su enérgico rechazo al bloqueo de carreteras, en vista de que vulnera los derechos fundamentales de las personas.

Mediante un comunicado, dicho gremio manifestó que estas medidas de fuerza constituyen un acto contrario a la Constitución y a las leyes, y que afecta la circulación de personas y de bienes esenciales como alimentos y medicinas, además de otros productos de primera necesidad, lo que afecta directamente a millones de ciudadanos.

La SNI demandó al Gobierno a actuar con firmeza para restituir el orden y garantizar el libre tránsito de personas y productos.

Por su parte, el Ministerio de Justicia informó que si bien el derecho a la protesta pacífica tiene amparo constitucional, los delitos de disturbios y el entorpecimiento de los servicios de transporte pueden ser castigados con prisión.

Subrayó que el Código Penal sanciona duramente los actos violentos en las protestas y que, por ejemplo, el delito de disturbios puede castigarse con hasta 15 años de prisión, si se afectan vías nacionales.

De igual modo, indicó que el artículo 283 del Código Penal sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos –como transporte, electricidad, gas o telecomunicaciones– con penas de hasta 6 años de cárcel.

En caso de existir agravantes, añadió, la sanción puede ser de hasta 10 años de prisión si se generan daños graves o se afectan infraestructuras esenciales.

SIN RETROCESO. Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reiteró que el Ejecutivo no retrocederá sobre la decisiones adoptadas en el proceso de formalización minera mediante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“En este gobierno no vamos a retroceder respecto a las decisiones que se han dado. Más de 50 mil Reinfos están fuera de la ley”, remarcó ayer en la conferencia que se ofreció al termino de la sesión del Consejo de Ministros.

Llamó al diálogo a los mineros que mantienen tomadas varias vías del país y reiteró la voluntad del Ejecutivo de acompañarlos en su proceso de formalización. Agregó que si bien respetan el derecho a la manifestación pacífica, esto no quiere decir que se puedan bloquear carreteras.