Susel Paredes, congresista de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, cuestionó las declaraciones del titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, quien calificó de manera positiva los métodos aplicados en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para frenar la delincuencia.
En declaraciones a la prensa, la parlamentaria sostuvo que el Ejecutivo no puede ir en contra de los acuerdos internacionales que el país ha suscrito y adoptar una posición contraria a estos sería “problemático”.
“Si todas las fuerzas se concentran en el Ejecutivo y todos van a tener una posición de infringir, que se aleja de los instrumentos internacionales que ese país ha suscrito es problemático”, indicó la legisladora.
En esa línea, Paredes señaló que la realidad de Perú es distinta a la de otros países y que, si bien el crimen organizado ha incrementado, la solución tendría que ser priorizar el reforzamiento de la Policía Nacional del Perú.
Declaraciones de Alberto Otárola
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, destacó este martes los métodos aplicados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para disminuir la delincuencia y el crimen en su país. Según señaló, El Salvador es el país que “menos delincuencia tiene” en América Latina, aunque indicó que Perú tiene su propia política de seguridad ciudadana.
«El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública, hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos», indicó.
«Pretendemos modificar cerca de 50 normas para hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie (…) El Gobierno quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios», agregó.
Sin embargo, señaló que la lucha contra las pandillas en El Salvador “ha sido eficiente” y calificó como “atingencias” las denuncias que varias organizaciones internacionales presentaron respecto de la vulneración de derechos humanos que se habrían cometido en dicho país desde el inicio del estado de excepción.
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