El Gobierno oficializó la noche del martes la declaratoria de estado de emergencia, por el periodo de 60 días (hasta el 18 de noviembre), en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) a fin de reforzar el orden interno mediante la prevención y el combate directo al crimen organizado y la delincuencia común.
Esta medida, que entra en vigencia desde la medianoche de este miércoles, se aplicará de igual forma en siete distritos de la provincia de Sullana, en la región Piura. Es decir, en Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa.
El Decreto Supremo precisa, además, que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de mantener el control del orden interno ocn apoyo de las Fuerzas Armadas.
Disposiciones y restricciones durante el estado de emergencia
El decreto establece que durante el estado de emergencia se restringirá el ejercicio de derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y a la libertad y seguridad personales.
Además, de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., se encuentran suspendidos los espectáculos y eventos sociales en los referidos distritos capitalinos, así como en las localidades señaladas de la provincia piurana de Sullana.
De esta forma, indica el documento publicado en el diario oficial El Peruano, se buscará intensificar los operativos contra la delincuencia común, el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas y se fortalecerá las labores de inteligencia con el propósito de frenar el avance de la criminalidad y las mafias.
La normal legal, indica, también que las acciones policiales que se llevarán a cabo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana, contarán con el apoyo de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Además, se establece que el Ministerio del Interior coordine con los gobiernos regionales y locales para la realización de acciones de «fiscalización administrativa» en el transporte público, incluyendo vehículos menores, y en lugares de diversión, espectáculos y hospedajes.
También se efectuarán acciones de videovigilancia, patrullaje integrado y actualización de los mapas del delito y riesgo.
En el decreto se autoriza además a la Policía a realizar operaciones para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, en el perímetro de estos y en su espacio aéreo.
«Seremos implacables e inflexibles contra este tipo de delincuencia»
El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló en conferencia de prensa que los actos de violencia y crimen ocurridos en los últimos días tanto en Lima como en provincias llevaron a su sector a «radicalizar nuestras medidas en estas zonas declaradas en emergencia».
ENFOQUE REAL 