En una de las más importantes operaciones antidrogas de este año, el lunes 27 de junio por la noche, un equipo de agentes del Grupo Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro) capturó a 5 presuntos narcotraficantes que pretendían embarcar 1.890 kilos de cocaína acondicionados en 43 maletines, en la playa Punta Ballena, en el conocido balneario de Máncora (Talara, Piura).
Los involucrados habían arribado a la playa con una camioneta que llevaba el alijo de drogas. Se encontraban esperando la llegada de una embarcación artesanal que, de acuerdo con lo planeado, transportaría el cargamento hasta un punto en altamar donde se encontraba un buque de gran calado, que trasladaría la droga a Europa.
Cuando los implicados se dieron cuenta de la presencia de los agentes antidrogas, huyeron. Sin embargo, el cabecilla, Jorge Bazán Aguilar, conocido como ‘Gordo Tobi’, y sus cómplices Eddy Díaz Llaury, Humberto Quezada Huamán, Julio Valles Sifuentes y el ciudadano venezolano Eduardo Zegarra González fueron intervenidos por los agentes del Grupo Orión y encerrados en los calabozos de la Dirandro.
Con las contundentes evidencias a la mano, el fiscal Miguel Cuya Berrocal solicitó 36 meses de prisión preventiva para la banda del ‘Gordo Tobi’. Sin embargo, el lunes 18 de julio, en una audiencia que se inició a las 3 de la tarde y culminó a las 4 de la tarde con 26 minutos, el juez John Pillaca Valdez rechazó el requerimiento fiscal y concedió la libertad con restricciones a los imputados. En una hora y media, el magistrado Pillaca echó a perder una investigación policial de 12 meses.
La defensa de los acusados argumentó que estos no habían sido detenidos en posesión de las casi 2 toneladas de cocaína, no obstante que las pruebas de la Fiscalía demostraban que los agentes del Grupo Orión los siguieron desde que la droga proveniente del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), llegó a Lima y, luego de realizar las coordinaciones en un taller de mecánica en La Victoria, se dirigieron a Máncora con el alijo de cocaína para consumar el trasbordo.
El juez Pillaca acogió la versión de la defensa de los arrestados, quienes afirmaron que no pueden haber sido parte de una organización criminal porque los atraparon sin droga. Evidencias como filmaciones, fotografías y testimonios de testigos no fueron suficiente para el juez Pillaca.
Ante esta grave situación, el fiscal Miguel Cuya apeló la decisión judicial. El jueves 13 de octubre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los magistrados Ramiro Salinas Siccha, Víctor Enríquez Sumerinde y Yeny Magallanes Rodríguez, declaró nula la resolución que otorgaba la libertad de los procesados y ordenó un nuevo juicio, pero con otro magistrado.
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