Chile aprobó ampliar extradición contra Alberto Fujimori por venta de armas a las FARC

Este 25 de enero, la Corte Suprema de Chile aprobó ampliar el pedido de extradición contra Alberto Fujimori. El expresidente del Perú, quien hoy se encuentra en libertad, sería investigado por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.

«La Corte Suprema de Chile, mediante documento N.º 319 del Exp. 17850-2021, del 19 de enero del 2024, dictaminó favorablemente en las ocho causas solicitadas por la justicia peruana, para la extradición del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. Al haberse cumplido los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, y en lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República del Perú, la Corte Suprema del vecino país propone que se conceda la ampliación de extradición por su responsabilidad como autor de los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, conspiración y otros», se lee en el comunicado.

Comunicado Ministerio de Justicia. Foto: Minjus

Comunicado Ministerio de Justicia. Foto: Minjus

Cabe resaltar que esta solicitud se realiza debido a que en el año 1999, el expresidente del Perú habría vendido, desde Lima, un total de 10.000 fusiles jordanos a favor de la guerrilla de las FARC. En mayo del 2008, el fiscal Jorge Chávez Cotrina denunció a Fujimori por los delitos de violación y conspiración a la soberanía de un Estado extranjero, tráfico ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir por este hecho.

Las 8 causas de Fujimori para su extradición

De acuerdo con el documento de la Corte Suprema de Chile se concedió la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor de los delitos consumados de:

  1. Suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración, consignados en la Nota N° 234 de la Embajada de Perú.
  2. Homicidios calificados y secuestros agravados de los miembros de la familia Ventocilla, consignados en la Nota N° 288 de la Embajada de Perú.
  3. Secuestros agravados respecto de Arturo Moreno Alcántara y otros, consignados en la Nota N° 291 de la Embajada de Perú.
  4. Homicidios calificados de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y otros, en operativo de rescate de rehenes en la Residencia del Embajador de Japón en Lima, consignados en la Nota N° 287 de la Embajada de Perú.
  5. Asociación ilícita para delinquir y peculado, consignados en la Nota N°289 de la Embajada de Perú.
  6. Homicidios calificados de Juan Bardales Rengifo y otros, por lesiones, graves de Margot Lourdes Liendo y otros, ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro consignados en la Nota Nº 290 de la Embajada de Perú.
  7. Revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado Peruano, consignados en la Nota N° 286 de la Embajada de Perú.
  8. Delitos de lesiones graves seguidos de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Maria Mamerita Mestanza Chávez y otras, y por lesiones graves en un contexto de grave violación de derechos.

Fujimori y la venta ilegal de armas

El 21 de agosto de 2000, Alberto Fujimori, su asesor y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, junto con la cúpula militar, presentaron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno para exponer una supuesta operación de inteligencia llamada ‘Plan Siberia’ que desbarató una mafia de peruanos y extranjeros dedicada al tráfico de armas.

 Portada de La República del 2000 sobre caso de compra de armas a Jordania. Foto: La República

Portada de La República del 2000 sobre caso de compra de armas a Jordania. Foto: La República

Sin embargo, días después, una investigación de La República reveló que el plan fue un fraude, ya que los detenidos eran parte de una operación secreta de Fujimori Montesinos para dotar de armas a las FARC, la agrupación extremista que asesinó a civiles y militares colombianos durante décadas.

El exasesor de Alberto Fujimori fue sentenciado a 20 años de cárcel por este delito tras confirmarse que habría coordinado con los hermanos Luis Frank y José Luis Aybar Cancho la compra del citado armamento, que fue arrojado desde un avión que sobrevoló las zonas de los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés.

Sergio Tarache: extradición de feminicida tiene un plazo de 90 días

La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, declaró sobre el proceso de extradición del feminicida venezolano Sergio Tarache, quien quemó viva y mató a su pareja Katherine Gómez en Lima el pasado 18 de marzo.

“El cuadernillo está en manos de las autoridades colombianas desde el 12 de mayo. La Cancillería envió a los diplomáticos para entregarlo, ellos tienen un plazo de 90 días”, dijo a la prensa.

La titular del MIMP señaló que las autoridades de Colombia están comprometidas en el proceso. Asimismo, para evitar que se produzca nuevos casos de feminicidio, Tolentino Gamarra indicó que están trabajando en un proyecto que ayude a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

“Este proyecto de ley que está yendo para poder evitar que caduquen las requisitorias, colocar la lista de los más buscados en nuestra web, estamos yendo a la zona rural y sobre todo estaos capacitando a todos los funcionarios y operadores de justicia”, detalló la ministra.

Sergio Tarache

La joven Katherine Gómez (19), atacada ferozmente por su expareja, el venezolano Sergio Tarache Parra, falleció el pasado 24 de marzo tras ser quemada en los alrededores de la plaza Dos de Mayo, en Cercado de Lima.

Eliane Karp: Fiscalía solicita detención y extradición contra esposa de Alejandro Toledo

El fiscal superior Rafael Vela ha presentado una solicitud de extradición ante la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima en contra de la exprimera dama Eliane Karp. Este pedido se produce luego de que Karp viajara a Israel mientras estaba siendo investigada por el caso Ecoteva. El 10 de mayo, la exprimera dama abandonó Estados Unidos debido a que el juez Thomas Hixson de California ordenó la devolución de su pasaporte. En respuesta a esta situación, el Equipo de Lava Jato ha anunciado la presentación de la solicitud de extradición.

El requerimiento que presentó el fiscal Superior Rafael Vela contra Eliane Karp. Foto: difusión.

El requerimiento que presentó el fiscal Superior Rafael Vela contra Eliane Karp. Foto: difusión.

El oficio N° 313-2023 que emite el fiscal Rafael Vela a la presidenta de la Novena Sala Penal Liquidadora, Araceli Baca Cabrera, expone el requerimiento de extradición contra Eliane Karp Fernenbug con detención preventiva. De esta manera, queda en manos del Poder Judicial aceptar la iniciativa del Ministerio Público para que sea enviada a Israel a través de la embajada

«Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi condición de fiscal superior de la Segunda Fiscalía Nacional Especializada en delitos de lavado de Activos con el fin de remitir 1557 folios del requirimiento de extradición contra Eliane Karp en el marco del proceso seguido contra Alejandro Toledo y otros», dice el documento al que accedió La República.

Eliane Karp: Fiscalía requiere ubicación de exprimera dama

Fuentes de La Fiscalía informaron a este medio que se le había reservado su juzgamiento a Eliane Karp hasta que Estados Unidos resuelva su situación jurídica por el pedido de extradición pendiente desde hace casi dos años en su poder. Sin embargo, de buena mano se supo que dicho proceso se encuentra en etapa de calificación.

Asimismo, precisaron que, con la salida de Karp de los Estados Unidos, la Fiscalía también adelanto, sin un pedido oficial, un nuevo proceso de extradición con Israel. Las mismas fuentes destacaron que primero se solicitará la cooperación internacional para que informe oficialmente la situación de la ex primera dama.

Poder Judicial declara procedente solicitud de extradición de Sergio Tarache al Perú

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró este miércoles procedente la solicitud de extradición activa de Sergio Tarache a la República de Colombia, donde se encuentra bajo detención preventiva por ser el principal acusado de la muerte de Katherine Gómez, ocurrido en marzo pasado.

El ciudadano venezolano es acusado de rociar gasolina y prenderle fuego a la joven el último 18 de marzo cerca de la plaza Dos de Mayo (Cercado de Lima). Luego de confirmarse el fallecimiento de la joven, pasaron seis días para que el Poder Judicial dictara 6 meses de impedimento de salida del país contra el feminicida, pero aun así el sujeto escapó del país para luego ser capturado el mes pasado en tierras colombianas.

El ministro de Justicia, Daniel Maurate, anunció días antes que el próximo 10 de mayo se entregará al Consejo de Ministros el cuadernillo de extradición del ciudadano venezolano al Perú. 

Por su parte, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, estimó que el proceso de extradición de Sergio Tarache podría demorar por lo menos un mes.

En Ampliación de Noticias, el titular de este poder del Estado calculó que, por las evidencias del caso, como los videos que demuestran el ataque de Tarache y su posterior confesión, el procedimiento no tardaría en proceder.

La Fiscalía informó que solicitarán la pena máxima de cadena perpetua contra el investigado por feminicidio.

Los delitos que se le imputan a Tarache Parra son “feminicidio, matar a una mujer por su condición de tal; con condicionantes de abuso de poder y confianza, en la relación que él tenía con la agraviada; y discriminación al no dejarla escoger [frente a su intención de finalizar con el vínculo sentimental]”.

Alejandro Toledo: Estados Unidos aprobó la extradición del expresidente al Perú

Este 21 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó, a través de sus redes sociales, que Estados Unidos concedió la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, indicaron que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición.

Como se recuerda, el ex jefe de Estado es investigado por la justicia del Perú por presuntamente haber recibido una coima de más de 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de que la constructora sea favorecida en la licitación de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Es por ello que el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de cárcel contra Alejandro Toledo.

Además, la Fiscalía también lo acusa de, presuntamente, haber favorecido a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio del pago de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman. Por ello, se le imputa los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Como se recuerda, Alejandro Toledo señaló que Maiman habría recibido el dinero usando su nombre.

Como parte de ese proceso, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva por 18 meses en contra el expresidente, así como su captura a nivel internacional, en febrero del 2017. En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía presentó ante el mismo magistrado el requerimiento de extradición de Toledo Manrique. Cabe precisar que en ese mismo año el expresidente se fue a Estados Unidos.

Como se conoce, el exmandatario apeló a una serie de recursos legales para impedir su extradición a territorio peruano. Sin embargo, estas fueron denegadas por la Corte de California. Incluso estuvo en prisión por 8 meses y luego obtuvo arresto domiciliario por la pandemia.

Se destaca que en la jurisprudencia de Estados Unidos, una vez que el departamento de Estado se pronuncia, Alejandro Toledo aún tiene la posibilidad de presentar una demanda de habeas corpus contra la decisión del Ejecutivo.

Alejandro Toledo y Eliane Karp esperan extradición tras quedarse sin pasaportes

El viernes 21 de octubre, la ciudadana peruana Ludith Ortiz Ríos, de 59 años, se acercó al consulado de Perú en San Francisco, California (Estados Unidos), con un solo propósito: recoger los pasaportes diplomáticos del acusado expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, también acusada por lavado de activos.

Perú21 conoció que Ortiz, oriunda de Rioja, en la región San Martín, acudió ese día con una carta poder que la acreditaba como representante de la pareja que afronta un proceso de extradición.

De acuerdo a su ficha Reniec, Ludith Ortiz vive en el 656 de la calle Blythe, en la ciudad Sunnyvale, también en California, a una hora de distancia en auto de la sede diplomática.

Según fuentes de este diario, es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Toledo en los últimos cinco años que este se encuentra en EE.UU. evitando a la justicia peruana.

El exmandatario tentaba tener su pasaporte desde junio de este año. En ese mes, Perú21 informó del pedido que había realizado para acceder a esos documentos.

Su solicitud movió tanto a la Cancillería como al equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, que quiere la repatriación del exjefe de Estado para procesarlo por recibir US$35 millones en coimas de la empresa Odebrecht.

El temor era que Toledo, de 76 años, pudiera viajar fuera de territorio norteamericano, y es que no existía ningún impedimento legal para que accediera al pasaporte.

Negarle el documento, además, podría haber perjudicado la extradición ya que se trata de un registro de identidad al que tienen derecho todos los peruanos.

Pero solo un día después del trámite hecho por Ortiz Ríos, el sábado 22 de octubre, Alejandro Toledo y su cónyuge entregaron sus pasaportes a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes de primera mano que fueron consultadas. En realidad, no tenían otra salida pues la Fiscalía de ese país ya había sido notificada por la embajada peruana de la inminente entrega de los documentos, y se puso en contacto con los abogados de Toledo y Karp para recordarles que están obligados a ceder los pasaportes.

Una oposición a esa orden habría motivado a los fiscales a pedir al juez de California, Thomas Hixson, a variar el arresto domiciliario en el que se encuentra el expresidente por cárcel efectiva.

¿Y la extradición?

Han pasado cuatro años desde que la justicia peruana requirió a Estados Unidos la extradición del exlíder de Perú Posible, y si bien el juez Hixson aprobó el pedido en setiembre de 2021, el prófugo exmandatario se las ha arreglado para retrasar su inevitable retorno al país.

Luego de haber intentado con innumerables recursos, Toledo apostó por apelar el rechazo de hábeas corpus que resolvió el juez Hixson en abril de este año. A como dé lugar quiere que quede anulada su repatriación.

El tribunal que verá la impugnación podría pronunciarse en diciembre, antes de que culmine el año. De ratificar el fallo de primera instancia, solo quedará que el Departamento de Estado de EE.UU., en una decisión política, conceda o no la pretensión del Perú.

Fuentes diplomáticas estimaron que podría haber un pronunciamiento en febrero del próximo año, o, en todo caso, dentro del primer semestre de 2023.

Mientras tanto, el equipo Lava Jato que lidera el fiscal Rafael Vela presentó una tercera acusación contra Toledo y pide 35 años de cárcel.

Esta vez el caso es por las coimas que habría recibido el entonces mandatario para conceder el tramo IV de la carretera Interoceánica Sur al consorcio que encabezó la empresa brasileña Camargo Correa.

La otra acusación, además de los sobornos entregados por Odebrecht, se refiere a las propiedades que este y Eliane Karp adquirieron con los sobornos recibidos.

Según las autoridades norteamericanas, Toledo usó US$1 millón 200 mil para comprar bienes inmuebles en ese país. De todo el dinero que habría intentado ocultar, la justicia de EE.UU logró incautar US$686 mil que están en proceso de entrega al Perú.