Se veía venir, la Contraloría General de la República inhabilitó por un año para el ejercicio de la función pública al exdirector de la DIRESA, Dr. Félix Humberto Palomo Luyo y otros tres ex funcionarios, al habérseles determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la conducta infractora prevista como MUY GRAVE en el numeral 28 del artículo 46 de la Ley N.° 27785 y sus modificatorias.

Los otros tres ex funcionarios de la gestión de Palomo Luyo también sancionados son; Luis Alberto Castillo, Polo, Pablo Lincoln Gutiérrez Muñoz y Miguel Ángel Basconsuelo Aquiño.

Según el informe de la Contraloría General de la República, “El administrado FÉLIX PALOMO LUYO, en su calidad de director general de la DIRESA Lima, permitió por inacción, la afectación a las normas que regulan los sistemas administrativos por parte de los Órganos y Unidades sujetas a su autoridad y supervisión, como son la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, la Unidad Funcional de Remuneraciones, Pensiones y CAS, y la Oficina de Administración de Recursos Humanos, que habían gestionado y efectuado el pago del abono por Bonificación y MUC a 191 (ciento noventa y uno) trabajadores entre funcionarios y servidores públicos, en virtud a la Resolución Administrativa N° 204-2021-GRL OEGDRRHH-DIRESA LIMA incluyéndose a 76 trabajadores a quienes no les correspondía recibir los pagos del abono por los citados beneficios”, se puede leer citada resolución.

Según la Contraloría, LA DIRESA REALIZÓ PAGOS INDEBIDOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, A QUIENES NO LES CORRESPONDÍA PERCIBIR BENEFICIOS ADICIONALES POR EL CONCEPTO DE BONIFICACIÓN POR PUESTOS EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y POR EL MONTO ÚNICO CONSOLIDADO (MUC) GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO POR S/ 209 500,00; Y AFECTANDO EL BUEN USO Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS:

– Luis Alberto Castillo Polo, en su condición de director de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la DIRESA Lima; habría contravenido las disposiciones que regulan el régimen de beneficios de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, por ordenar al director de la Oficina de Administración de Recursos Humanos realice el pago por concepto de bonificación y MUC, mediante Memorando n.° 1653-2021-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-OEGDRRHH de 15 de diciembre de 2022, al cual se adjunta, entre otros, la relación del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo n.° 276 beneficiados, considerando en ella a un total de 76 (setenta y seis) personas, entre funcionarios y servidores, a quienes no les correspondían recibirlo.

Se le impone SANCIÓN DE UN (01) AÑO Y SESIS (06) MESES DE INHABILITACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al habérsele determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la conducta infractora prevista como muy, grave en el numeral 23 del artículo 46 de la Ley n.° 27785 y sus modificatorias.

– Pablo Lincoln Gutiérrez Muñoz, en su condición de director de la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la DIRESA Lima, habría contravenido las disposiciones que regulan el régimen de beneficios de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, por haber tramitado y recomendado se tomen las acciones correspondientes para el pago por concepto de bonificación y MUC.

Se le impone SANCIÓN DE UN (01) AÑO Y DOS (02) MESES DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al habérsele determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de las conductas infractoras previstas como grave y muy grave en los numerales 23 y 28, respectivamente, del artículo 46 de la Ley n.° 27785 y sus modificatorias.

– Miguel Ángel Basconsuelo Aquiño, en su condición de jefe de la Unidad Funcional de Remuneraciones, Pensiones y CAS de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la DIRESA Lima, habría contravenido las disposiciones que regulan el régimen de beneficios de los funcionarios y servidores públicos de la entidad.

Se le impone SANCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al habérsela determinado la existencia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de la conducta infractora 61 prevista como grave en el numeral 23 del artículo 46 de la Ley n.° 27785 y sus modificatorias.