Un crimen calculado y despiadado sacudió la tranquilidad de Ica el pasado lunes 20 de enero, cuando el comunicador social Gastón Medina Sotomayor fue asesinado a balazos, frente a su casa y delante de testigos. El presunto asesino fue detenido el 16 de mayo y hoy el Poder Judicial le dictó nueve meses de prisión preventiva.

Se trata del venezolano Pablo Javier Echevarría Suárez. Según las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete, el extranjero se encargó de ejecutar el crimen con frialdad.

Sin embargo, dos días después de ser arrestado en el distrito de Subtanjalla, los familiares y amigos ddel sospechoso realizaron un plantón de protesta frente a la sede de la Divincri Ica pidiendo su libertad, pues aseguran su inocencia y que es un trabajador de construcción civil que desde el 2019 se encuentra en el Perú.

Lo cierto es que el juez César Mayo Cortez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, dictó una medida por el presunto delito de asesinato.

La resolución fue adoptada durante una audiencia virtual, donde el magistrado analizó los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público y la defensa del imputado.

De acuerdo al requerimiento fiscal, Pablo Echevarría Suárez, conocido como ‘Barrabas’, habría perpetrado el asesinato del periodista a las 11:55 horas, frente a su vivienda en la calle Alhelies L-41, en Ica.

El imputado, según la tesis fiscal, utilizando una motocicleta de color azul con negro, de placa 6307-KB, habría disparado contra la víctima. Echevarría Suárez enfrenta ahora una pena privativa de libertad y de ser condenado no menor de quince años por asesinato calificado con alevosía.

El juez consideró que existen fundados y graves elementos de convicción, así como el peligro procesal, que justifican la prisión preventiva.

La resolución ordenó el internamiento inmediato del procesado en el establecimiento penitenciario designado por el Inpe, comenzando así el cumplimiento de la medida, que se extenderá hasta el 14 de febrero de 2026.

La investigación del caso está a cargo de la fiscal provincial Ányela Salazar Alca, quien viene realizando las acciones fiscales para esclarecer los hechos y llevar a la justicia a los responsables.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete reiteró ayer su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, especialmente aquellos que involucran a periodistas y defensores de derechos humanos.