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Fiscalía interviene el Gobierno Regional de Áncash por presuntos cobros ilícitos

Denuncias implican al gerente de Infraestructura, César Moreno Toledo.

La sede central del Gobierno Regional de Áncash (GRA) fue escenario de una intervención estratégica por parte del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La diligencia tuvo como objetivo principal asegurar pruebas ante denuncias de presuntas coimas y cobros ilegales para favorecer gestiones en la entidad.

El foco de la investigación recae sobre César Moreno Toledo, exgerente regional de Infraestructura, quien es señalado por presuntamente condicionar el avance de expedientes técnicos a cambio de beneficios económicos. Durante la diligencia, los fiscales procedieron al recojo de documentación crítica y archivos digitales en las oficinas correspondientes para evitar cualquier riesgo de ocultamiento o manipulación de información.

Con esta acción, el Ministerio Público busca desarticular posibles redes de corrupción interna que estarían operando bajo la modalidad de beneficios indebidos.

Áncash: condenan a cuatro años de cárcel a exgerenta general del Gobierno Regional por contratación irregular de personal

El Poder Judicial sentenció a cuatro años y ocho meses de cárcel a la exgerenta general del Gobierno Regional de Áncash, Gina Gálvez Saldaña, por la contratación de al menos siete personas vinculadas a su entorno personal, informó el Ministerio Público de la jurisdicción.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos ocurrieron en el 2020, durante el periodo del exgobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa. Gina Gálvez habría intervenido en la contratación de trabajadores con quienes había laborado en la Municipalidad Distrital de Ate, en Lima.

Las contrataciones se habrían realizado sin seguir los procesos establecidos por el Gobierno Regional de Áncash. El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Anticorrupción de Áncash la halló culpable del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

También le impuso la inhabilitación por cinco años para la función pública y el pago de una reparación civil de 108 mil soles.