El alcalde del centro poblado de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, Luis Alberto Sánchez Rosso (36), fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto uso indebido de un vehículo oficial asignado a la municipalidad, el cual habría sido utilizado para su traslado mientras ingería bebidas alcohólicas en un inmueble ubicado en la manzana Q, interior 2, de la urbanización Semi Rústica El Bosque, en la ciudad de Trujillo.
En la misma intervención policial también fue detenido Jorge Alcedo Vásquez Cortez (38), trabajador de la referida comuna.
La detención se produjo la noche del último miércoles y estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Contra la Corrupción (Depdicc) de Trujillo, quienes acudieron al lugar tras recibir información sobre el presunto uso irregular de un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco.
De acuerdo con el parte policial, los efectivos se desplazaron hasta las inmediaciones de la avenida Honorio Delgado, donde ubicaron una camioneta Toyota Hilux, color blanco, de placa de rodaje EAC-718. Tras realizar labores de vigilancia, procedieron a intervenir el vehículo cuando este se desplazaba por la zona.
Durante la intervención se identificó que Jorge Vásquez conducía la unidad vehicular, mientras que el alcalde Luis Sánchez ocupaba el asiento del copiloto. Al encontrarse en presunta flagrancia, ambos fueron trasladados a la sede del Depdicc Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes.
El hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades y la situación legal de los intervenidos.
Otra autoridad involucrada en un escándalo de corrupción. Durante la madrugada de este viernes, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP ejecutó un megaoperativo simultáneo en distintos puntos de La Libertad, que terminó con la detención preliminar de siete personas, entre quienes se encontraba el alcalde distrital de Chao, Juan Carlos Soles Carbajal.
La diligencia se realizó en el marco de una investigación anticorrupción que apunta a la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la municipalidad.
La intervención se realizó mediante quince allanamientos simultáneos en toda La Libertad, incluidos inmuebles vinculados a funcionarios, empresarios y la propia sede de la Municipalidad Distrital de Chao.
El operativo estuvo a cargo de la Dircocor con participación directa de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios. La diligencia responde a una orden judicial emitida en el marco de una investigación en curso, que busca desarticular a una presunta organización criminal denominada “Los Perturbadores del Saber”.
Según la información oficial, la hipótesis fiscal sostiene que esta estructura habría operado desde el interior de la comuna distrital, articulando decisiones administrativas y contractuales con intereses privados. Las diligencias incluyeron el registro de oficinas municipales, domicilios particulares y otros espacios vinculados a los investigados.
La presunta organización criminal y su funcionamiento
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, “Los Perturbadores del Saber” estaría conformada por funcionarios municipales y empresarios que habrían concertado ilícitamente para direccionar la adjudicación y ejecución de una obra pública. La investigación señala que la organización operaba desde el interior de la Municipalidad Distrital de Chao, utilizando cargos y funciones públicas para favorecer a terceros.
El caso gira en torno al proyecto educativo de la institución educativa N.º 82210 Karina Violeta Damián Alayo, ubicada en la provincia de Virú. La Fiscalía sostiene que se habría favorecido de manera irregular al consorcio Janaca para la adjudicación y ejecución del saldo de obra de dicho proyecto.
Esta presunta concertación ilícita habría implicado la vulneración de restricciones legales y contractuales, permitiendo que la obra continúe pese a presuntos incumplimientos. El perjuicio económico ocasionado al Estado, según la hipótesis fiscal, ascendería a aproximadamente 5 millones y medio de soles.
Funcionarios y empresarios bajo investigación
Junto al alcalde Juan Carlos Soles Carbajal, las detenciones preliminares alcanzaron a un empresario identificado como Edwin Chávez Rodríguez, así como a los subcontratistas Karla Balqui Chávez, Riquelme Mancilla García, Yoel Blas Quispe, Carlos Cantino Serván y Cosme Orbegozo Véspedes.
Todos ellos son investigados por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado de manera coordinada. La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos como colusión agravada, cohecho y otros ilícitos vinculados a la gestión de recursos públicos.
La investigación también incluye presuntas subcontrataciones prohibidas, la omisión de la aplicación de penalidades contractuales y la entrega de beneficios económicos indebidos, tanto en efectivo como mediante depósitos. Estas acciones habrían permitido la continuidad de la obra educativa pese a observaciones y restricciones normativas.
Las autoridades han precisado que las diligencias aún se encuentran en pleno desarrollo. El general Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor para el periodo 2026, supervisó personalmente el megaoperativo, en el que participaron decenas de efectivos policiales y representantes del Ministerio Público. Desde la Fiscalía se ha remarcado que la medida forma parte de una estrategia para enfrentar redes de corrupción que operan desde gobiernos locales.
Delincuentes armados acabaron con la vida de la regidora Elena Rojas Alcalde en un ataque a balazos ocurrido este jueves en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope (región de La Libertad).
Durante el evento navideño que se realizaba en una plazuela, en el que la funcionaria repartía juguetes a los niños, varios menores resultaron también heridos en medio del violento ataque.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 p. m., cuando hombres armados, que se desplazaban en una motocicleta, llegaron al lugar y atacaron a la regidora de Chicama de manera directa.
Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, siete personas resultaron heridas, entre ellas al menos cuatro menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.
Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que cinco de los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo, mientras que los otros dos fueron llevados al Centro Médico Especializado de Casa Grande de EsSalud para recibir atención médica.
La PNP ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para la identificación, ubicación y captura de los responsables de este crimen, precisó el Ministerio del Interior (Mininter). «Inmediatamente sucedido el hecho se hizo un plan cerco para iniciar las diligencias policiales», añadió en su breve pronunciamiento.
Entretanto, las autoridades locales, incluida la alcaldesa provincial Rosario Cortijo, se desplazaron al lugar para supervisar la situación y brindar apoyo.
‘Los pequeños traviesos de Casa Grande’
El COER de La Libertad expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y condenó el ataque. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad manifestó: «Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población».
Elena Rojas Alcalde ya había sido víctima de un atentado. El pasado 12 de diciembre de 2024, unos delincuentes colocaron un paquete con dinamita debajo de su camioneta, estacionada frente a la Municipalidad Distrital de Chicama, durante una sesión oficial. Afortunadamente, el artefacto no explotó.
Días después, la Policía Nacional capturó a dos integrantes de la banda criminal ‘Los pequeños traviesos de Casa Grande’. Según La República, los menores capturados confesaron haber colocado los explosivos.
Este asesinato es el segundo ataque mortal contra una autoridad en La Libertad en lo que va del año. El primero ocurrió en marzo, cuando Eulalio Valverde, teniente alcalde de Chao, fue baleado por sicarios.
EsSalud informó sobre el estado de salud de las víctimas
A través de la Red Asistencial La Libertad, EsSalud emitió un pronunciamiento detallando el estado de salud de las víctimas que fueron derivadas al Hospital de Contingencia Chocope tras el ataque:
Primero, la institución lamentó la muerte de la regidora y precisó que la víctima, de 60 años, «ingresó sin signos vitales» al nosocomio. El levantamiento del cadáver se realizó con presencia de las autoridades competentes para su traslado a la morgue de Ascope.
Además, un niño de 11 años recibió atención inicial en Chocope, pero, debido a su condición, tuvo que ser trasladado de emergencia en una ambulancia del SAMU hacia el Hospital Regional de Trujillo para recibir cuidados especializados.
En tanto, otros dos jóvenes, de 13 y 19 años, permanecen internados en observación en el Hospital de Chocope. El reporte médico indica que se encuentran estables y presentan «heridas por proyectil de arma de fuego en extremidades, sin compromiso vital».
Finalmente, EsSalud reafirmó su compromiso de mantener el monitoreo permanente de los pacientes que continúan bajo su cuidado, en coordinación con las autoridades sanitarias.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPP), Aldo Carlos Mariños, denunció que delincuentes lo amenazan de muerte a través de mensajes que le envían a su celular. Esto en represalia porque se reunió, la noche del último domingo, con el presidente José Jerí y, luego, anunció que no participaría de la marcha en contra del mandatario, convocada por miembros de la denominada Generación Z.
Denuncia
A través de su página de Facebook, el burgomaestre difundió un audio en donde lo insultan y le dicen que lo asesinarán. También denunció que inescrupulosos lo suplantaron y bloquearon sus celulares.
“Hoy quiero denunciar que desadaptados, delincuentes, han bloqueado mis números de teléfono; es decir, han falseado mi identidad para, en cierto modo, transgredir la norma, transgredir la ley, lo cual rechazo. No contentos con ello, he recibido, de hackers, amenazas de muerte. A ellos les digo: ‘Los espero donde quieran a ustedes. Ustedes no van a poner la fecha de vencimiento (muerte), el único que pone la fecha de vencimiento es Dios’”, indicó.
Aldo Carlos Mariños consideró que detrás de las intimidaciones estarían grupos violentistas que participarán en la movilización de hoy. “A ustedes, que se creen los valientes, por qué no van solos (a la marcha) y hacen sus fechorías, y no hacen quedar mal a gente que sale a luchar pacíficamente, a gente que busca la reivindicación de los pueblos, a gente que ya no quiere más asesinatos en las calles, a gente que ya no quiere más secuestros”, acotó.
Plazo
En redes sociales, un grupo denominado MSP – Brigada de Inteligencia le dio 24 horas de plazo al alcalde para que regrese a Pataz a cumplir con sus labores municipales. De lo contrario, indican que tomarían acciones.
“Quien traiciona a nuestros hermanos no merece estar en nuestra tierra (Lima). Si usted no se presenta en Pataz, consideraremos que ha desertado. La brigada actuará con la fuerza necesaria para exponer su traición y garantizar que las consecuencias sean irreversibles”, indican los hackers.
De malas
Las agresiones a Aldo Carlos Mariños iniciaron la noche del domingo en la Plaza San Martín de Lima, cuando el burgomaestre daba detalles de su reunión con el presidente. Ese día, un grupo de jóvenes golpeó a los ronderos que lo acompañaban y obligaron a la comitiva liberteña a abandonar el lugar.
El Poder Judicial atraviesa horas de luto. Dos jueces de paz —Víctor Hugo López de la Cruz, de Chicama (La Libertad), y Jorge Renato Fernández Sánchez, de Quilmaná (Cañete)— fueron asesinados a manos de sicarios en menos de una semana, hechos que han conmocionado al sistema de justicia.
El primer crimen ocurrió el domingo 5 de octubre, en Quilmaná, provincia de Cañete, cuando Fernández Sánchez fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces mientras conducía su vehículo por la zona alta del sector Maracuyá.
Vecinos alertaron a las autoridades, pero los socorristas solo confirmaron su muerte. El magistrado, conocido por su labor conciliadora y su cercanía con la comunidad, deja una profunda huella en el distrito, donde era apreciado por su integridad y su servicio público.
La violencia también alcanzó a la región La Libertad, donde días después, el viernes 10 fue asesinado el juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, de Chicama. Según versiones preliminares, el crimen estaría vinculado a su negativa de otorgar certificados de posesión de terrenos irregulares, pese a las amenazas que recibía.
REACCIÓN DEL PODER JUDICIAL
Durante la ceremonia por el XV aniversario de la Corte Superior de Lima Sur, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, condenó enérgicamente los asesinatos.
“Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos debemos sentirnos profundamente afectados. Comparto el dolor de las familias que hoy despiden a sus seres queridos. El juez de Chicama murió por cumplir con la ley, por no ceder ante las amenazas”, declaró Tello Gilardi.
La titular del Poder Judicial resaltó que estos hechos reflejan la urgencia de fortalecer la protección y seguridad de los operadores de justicia en todo el país. Además, hizo un llamado a la firmeza en la lucha contra la delincuencia y la impunidad.
“Los jueces y juezas deben responder de manera decidida. El Código Penal permite dictar penas cortas, pero efectivas; esa es la forma de recuperar la autoridad de la justicia”, enfatizó.
COMUNICADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
La Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado oficial expresando su “profundo pesar y repudio” por el asesinato del juez Víctor Hugo López de la Cruz, y exigió a las autoridades policiales y fiscales una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
El pronunciamiento reafirma el compromiso del Poder Judicial de continuar su labor pese a las amenazas, y exhorta a que se brinde protección efectiva a los jueces de paz que trabajan en condiciones de alto riesgo en zonas rurales del país.
“Ningún acto criminal doblegará la independencia judicial ni la vocación de servicio de quienes administran justicia en nombre del pueblo”, subraya el comunicado.
DATO:
Los jueces de paz cumplen una función clave en las comunidades rurales del Perú, resolviendo conflictos vecinales, familiares y territoriales. Sin embargo, muchos trabajan sin resguardo policial ni recursos logísticos, lo que los expone a represalias de mafias y traficantes de terrenos.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, presentó oficialmente su renuncia al cargo este 13 de octubre, último día establecido por el cronograma electoral, para que las autoridades con mandato vigente puedan dejar sus funciones si desean postular en los comicios generales de 2026.
La dimisión de Acuña, comunicada a través de un oficio remitido al Consejo Regional y posteriormente difundida en sus redes sociales, marca su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. En 2016 fue excluido del proceso electoral por entregar dádivas, y en 2021 su candidatura no logró superar la primera vuelta.
Según la normativa vigente, el despacho regional quedará en manos de la vicegobernadora regional, Joana del Rosario Cabrera, quien asumirá el cargo hasta completar el periodo 2023-2026. En paralelo, el Consejo Regional deberá convocar una sesión extraordinaria para formalizar la sucesión y juramentación del nuevo titular del gobierno liberteño.
Desde Alianza para el progreso señalaron a El poder en tus manos, que el comité político del partido trabaja en la conformación de las listas parlamentarias y en un plan de gobierno.
La renuncia de Acuña se suma a la de otros gobernadores y alcaldes que han dejado sus cargos antes del plazo legal del 13 de octubre, fecha límite fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en el próximo proceso electoral.
ENFOQUE REAL 