UNA VIDA LLENA DE LUJOS. En los cerros del distrito de Pataz, en La Libertad, contrastando con la pobreza extrema de la zona, pueden verse casas con piscina y canchas de fulbito, hoteles de lujo, discotecas, centros de recreación, edificios de 10 y hasta 12 pisos, bares, grifos y hasta antenas repetidoras propias, mientras los niños se desplazan en cuatrimotos a la escuela. Todo esto producto de la minería ilegal.
Según pudo constatar un informe del diario ‘El Comercio’, la explotación ilegal de oro se ha convertido en un negocio tan rentable y atractivo para los mineros de la zona y los foráneos que son clanes familiares los que han decidido asentarse en Pataz y levantar su imperio con viviendas con todos los lujos y comodidades.
La Libertad es la principal región productora de oro en el país, y la minería ilegal e informal representa el 32,5% de toda la producción nacional.
Del 100% de oro que produce el Perú, el 50% es legal y el otro 50% es ilegal. Esto quiere decir que la minería genera en promedio US$12.000 millones al año (US$6.000 millones legales y US$6.000 millones ilegales) .
Este monto que mueve esta actividad ilegal supera a otras economías criminales, como el narcotráfico, que mueve cerca de US$4,8 mil millones y la trata de personas.
ALIANZA CON DELINCUENTES
Hace casi una década, los mineros artesanales de Pataz trabajaban con pico, lampa y carretilla, pero eso cambió radicalmente durante la pandemia. En esos años, el precio del oro subió estrepitosamente y el negocio de las carretillas se transformó en el de la maquinaria pesada, remolques, volquetes, grupos electrógenos, bombas de agua, etc.
Pero los mineros ilegales se enfrentaron a un gran problema: en el recorrido hacia las plantas procesadoras ubicadas en Trujillo y Nasca los volquetes con grandes cantidades de minerales eran asaltados por los delincuentes. Los mineros ilegales e informales buscaron protección y seguridad criminal.
El grave error que cometieron fue contratar a delincuentes, sicarios de las bandas más peligrosas de La Libertad, como Los Pulpos, La Gran Familia, Tren de Aragua, entre otras, para que brindarán seguridad a la carga. En promedio un volquete de mineral podía llegar a costar hasta S/200.000.
Esa practica criminal se realizó entre el 2020, 2021 y 2022. A finales de ese año e inicios del 2023, los delincuentes se dieron cuenta de que ese era un gran negocio y decidieron que ya no le darían protección al minero, sino que entrarían juntos al negocio. “Yo voy a hacer tu socio. Y vamos a medias, de 50 a 50; pero entonces el minero le dice que no está de acuerdo. Al final, el minero que se opone amanece en el fondo del río”, dijo a ‘El Comercio’ un poblador que prefirió mantener su nombre en reserva.
FALTA DE ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Para el ex consejero regional de La Libertad y expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Greco Quiroz, la responsabilidad de que la minería ilegal continúe en crecimiento recae en las autoridades.
“Como tú has podido ver, ahí no existe ni pequeña minería ni minería artesanal. Sin embargo, el gobierno regional se hace el ciego ante esa realidad. El Ministerio de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, el ministro actual, se hace el ciego ante esa realidad porque basta con ver, basta con ir a la zona y darse cuenta de que por ningún lado ahí hay pequeña minería, sino maquinaria pesada, volquetes”, remarcó Quiroz.
También señaló al actual gobernador de La Libertad, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, como uno de los principales actores responsables de esta situación.
Según información policial, en el campamento de Poderosa se registraron 17 fallecidos por ataques de mineros ilegales, cuando se encontraban en el desarrollo de las actividades.
Por otro lado, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha permitido que los mineros ilegales operen bajo la fachada de ‘informales’. No pagan impuestos porque esto ocurre solo cuando el mineral extraído ha sido declarado legalmente.
ENFOQUE REAL 