Los familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos en los 80’ y 90’, además de las víctimas de las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino y Dina Boluarte se congregaron frente a la Defensoría del Pueblo, para hacer escuchar su voz de protesta y sobre todo entregar una misiva al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitándole retire la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha presentado el pasado 12 de septiembre ante el Tribunal Constitucional.

“De no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estaría enterrando nuestras esperanzas de justicia, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares, estarían siendo cómplices de estos criminales” indica la misiva.

Los familiares precisan que detrás de esta iniciativa existe el interés que se declare justamente constitucional esta ley de amnistía, quedando los jueces y fiscales impedidos de ejercer el control difuso, ellos sostienen que tal situación dejaría en absoluta indefensión a cientos de familias.

Familiares de víctimas protestaron en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo

Congresista Luque emplaza a Josué Gutiérrez

La congresista Ruth Luque también participó del plantón frente a la sede de la Defensoría, ella sostuvo que “la presencia de Josué Gutiérrez ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país”; además, lo emplazó a retirar la demanda contra ley de amnistía para demostrar que realmente cree en la inconstitucionalidad.

Otra que se hizo presente en la protesta fue la excongresista, Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, exlíder sindicalista asesinado hace más de 32 años, ella precisó que serían 700 víctimas con casos sentenciados que podrían perjudicarse de declararse constitucional la ley de amnistía.

“Ese es un número preocupante que fueron violentadas en sus derechos en los 80 en nuestro país, y que con mucho esfuerzo consiguieron justicia, porque estamos hablando de 700 casos sentenciados, probados por la justicia de manera plena y que hoy se está buscando queden en la total impunidad”.

Familiares de víctimas en contra de la Ley de Amnistía

La voz de las familias

Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, joven asesinado en las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino, sostuvo que habiendo pasado más de 5 años de la muerte de su hijo aún no ha encontrado justicia.

“La palabra justicia en Perú están inverosímil, tan difícil de alcanzar, estamos yendo a paso de tortuga, el caso no avanza, como los demás casos, no hay nadie detenido”.

Finalmente, Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, calificó de complot político lo que habría entre el ejecutivo, el Congreso, el TC y el Defensor del Pueblo, para que la amnistía se imponga

Los indicios de que existiera detrás un interés alejado de la inconstitucionalidad nace a raíz de las declaraciones que diera un adjunto de derechos humanos de la Defensoría en abril pasado en el Congreso de la República. Carlos Fernández Millán, indicó en ese entonces que «existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares” respaldando así la ley de amnistía.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, alertó durante la audiencia pública de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú realizada ayer en Costa Rica, que el Estado peruano se encuentra nuevamente en desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La advertencia se dio tras la promulgación de la Ley de Amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

En este espacio, la CIDH expuso que la aprobación de la amnistía constituye una nueva muestra de desobediencia a las medidas provisionales y resoluciones que la Corte había dictado expresamente. «El Estado ha incumplido decisiones adoptadas por la Corte Interamericana en el presente asunto. Basta recordar cronológicamente. Como ya dije, incluso medidas provisionales (…) Estamos ante un nuevo desacato», comentó.

De acuerdo con el organismo, la actitud del Estado no solo implica desconocer a la jurisdicción internacional a la que está obligado, sino que también representa un retroceso en la garantía de justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. La CIDH remarcó que el incumplimiento peruano no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que las autoridades han priorizado decisiones políticas internas por encima de obligaciones internacionales vinculantes.

Presidente de la CIDH citó cronológicamente los antecedentes de los incumplimientos del Gobierno

El presidente de la CIDH explicó que el Estado peruano ha ignorado sucesivamente las disposiciones de la Corte IDH en los últimos tres años. Recordó que en 2023 se ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto a Alberto Fujimori, pese a que el organismo interamericano había ordenado lo contrario. Esta decisión motivó que se declarara al país en desacato.

En 2024, la Corte había requerido al Estado, mediante medidas provisionales, que evitara la promulgación de una ley que dispusiera la prescripción de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley 32107, en abierta contradicción con lo dispuesto por la Corte.

Finalmente, en julio de 2025, la Corte dispuso que se suspendiera cualquier trámite relacionado con el proyecto de amnistía a militares y policías. A pesar de ello, el 13 de agosto se promulgó la cuestionada norma, lo que ha configurado un nuevo desacato y ha reavivado la confrontación con el sistema interamericano.

Corte IDH recuerda vigencia de medidas provisionales dictadas al Estado peruano

La presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, subrayó que las medidas provisionales dictadas contra el Estado peruano continúan plenamente vigentes. En particular, señaló que se mantiene la orden de dejar sin efecto o no dar validez a la Ley 32107 sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad y a cualquier iniciativa similar que ponga en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas.

Asimismo, recalcó que sigue vigente la medida de no innovar dispuesta en julio de este año, que impide a las autoridades peruanas aplicar la Ley de Amnistía hasta que la Corte se pronuncie de manera definitiva sobre el fondo de la solicitud. Esto significa que, en la práctica, la norma no debería producir efectos jurídicos.

«Recordar que continúan vigentes las medidas provisionales ordenadas mediante resolución de la Corte el primero de julio 2024 (…) Asimismo, continúa vigente la medida de no innovar que dictó esta presidencia el 24 de julio de 2025 en lo relativo a que las autoridades peruanas competentes deben abstenerse y aplicar la ley que conceda amnistía a los miembros de las fuerzas armadas, la Policía Nacional de Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en los años 1980 – 2000, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pueda pronunciar sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medias provisionales», precisó.

Hernández también recordó que el reglamento del tribunal internacional prohíbe al Estado ejercer represalias contra víctimas, testigos, abogados o familiares que participan en el proceso. Esta disposición busca garantizar que quienes defienden los derechos de las víctimas no sufran hostigamientos ni persecuciones por parte de las autoridades peruanas.

«El artículo 53 del reglamento de esta corte, los estados no podrán enjuiciar a la a las presuntas víctimas, a los testigos, a los peritos, representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte», dijo.

El Congreso menos legitimado de la historia sale en defensa de quienes asesinaron a su propio pueblo. Así lo demuestra la reciente aprobación de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La iniciativa, originalmente propuesta por el congresista Jorge Montoya y presentada formalmente desde la comisión de constitución liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, fue aprobada por 61 legisladores. Esta norma busca eliminar las penas a quienes cometieron actos de violencia bajo el amparo de la función militar. Ahora, la amnistía para los procesados y condenados mayores de 70 años está a solo una segunda votación de ser promulgada.
Las décadas señaladas por la ley corresponden al periodo en el que se desarrolló el Conflicto Armado Interno. En ese contexto, mientras el Estado enfrentaba la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas también cometieron crímenes que excedieron sus funciones constitucionales, perpetrando ejecuciones extrajudiciales contra civiles acusados sin pruebas de ser terroristas.

Con la recuperación democrática, se iniciaron procesos judiciales contra militares responsables de matanzas, y se emitieron sentencias que marcaron un hito en la defensa de los derechos humanos en el país. Sin embargo, algunos casos continúan en trámite. Hoy, con la aprobación del Congreso, antiguos miembros del Ejército podrían quedar impunes por los crímenes cometidos durante aquellos años.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que al menos 156 sentencias firmes y más de 600 procesos en trámite se verían afectados, lo que significaría un retroceso sin precedentes para la justicia en el Perú. “Esta medida no hace sino golpear la memoria y dignidad de los pueblos, hombres, mujeres, niños y niñas que sufrieron atrocidades y violaciones a sus derechos humanos”, declaró. En este informe, La República identificó algunos de los casos de violencia estatal que podrían verse beneficiados por esta norma.

Caso ‘El Frontón’: más de 20 procesados podrían quedar libres

El caso El Frontón se refiere a la matanza ocurrida el 18 de junio de 1986 en el penal del mismo nombre, durante un motín de presos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso. La respuesta del Estado, bajo el gobierno de Alan García, fue una operación militar que culminó en la ejecución extrajudicial de al menos 100 internos. El hecho fue denunciado como una grave violación a los derechos humanos y ha sido objeto de investigaciones nacionales e internacionales.

En 2012, el Ministerio Público solicitó continuar el juicio oral contra los militares implicados en la matanza. Carlos Alberto Tello Aliaga, César Enrique Patrón Baldwin, Luis Enrique Román Rodríguez y Eladio Alberto Ching Benavides son algunos de los más de 20 acusados por la Fiscalía, quienes ahora podrían quedar impunes gracias a la ley promovida desde la Comisión de Constitución por Fernando Rospigliosi.

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, señaló que todos los procesados en este caso podrían verse beneficiados. Además, advirtió que la redacción de la ley permite que la mayoría de sentenciados sin condena firme puedan acogerse a ella: “Aunque la ley parece establecer un marco restringido, en realidad es bastante amplia. Dice que solo quienes no tengan sentencia firme pueden pedirla, pero luego agrega que quienes tengan más de 70 años, aunque tengan sentencia firme, también pueden solicitarla. Entonces, son muy pocos los que quedarían fuera”, explicó.

Grupo Colina: Martín Rivas, a la espera de cumplir 70 años para salir libre

El Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte integrado por militares que actuó de forma clandestina durante la dictadura de Alberto Fujimori. Bajo el pretexto de combatir al terrorismo, ejecutaron asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y masacres contra civiles. Estas acciones formaron parte de una política de Estado encubierta. Ahora, la ley de impunidad podría ser una carta de salida de prisión para su miembro más importante.

Martín Rivas, líder del grupo, fue condenado en 2010 a 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y por el asesinato del periodista Pedro Yauri. En 2024 fue nuevamente sentenciado a 18 años por la masacre de Pativilca.

El militar retirado, que jamás mostró arrepentimiento durante el juicio, ahora cuenta con el respaldo del Congreso. Con la nueva ley, podría quedar libre apenas cumpla 70 años. Hoy, Rivas cumple su pena privativa de libertad con 67 años, el tiempo corre y esta medida, de contar con el refrendo del próximo Gobierno y Congreso, sería el as bajo la manga de Rivas para salir de prisión.

Familiares y sobrevivientes rechazan la ley

Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de Accomarca —donde más de 60 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército— expresó su indignación por la aprobación de esta ley.

“Yo era una niña. He visto cómo asesinaban y violaban mujeres embarazadas. Luego, a hombres y mujeres los llevaron a una casa y los mataron. ¿A esos asesinos vamos a soltar? No puede ser. Estoy con dolor porque a mí me han dañado. El Estado nunca se preocupó por nosotros. Nadie piensa en los niños que hoy son madres y adultos, que han perdido a sus seres queridos y aún piden justicia. ¿Dónde está la justicia peruana?”, reclamó.

Doris Caqui, representante de familiares de víctimas de desapariciones forzadas, calificó la aprobación de esta norma como un grave retroceso en materia de derechos humanos. “Nos están quitando el derecho a tener un defensor, a seguir buscando a nuestros seres queridos. A eso se suma esta ley de amnistía”, cuestionó.

“Dicen que perdonan porque ‘son viejitos’, pero nosotros también hemos envejecido buscando justicia. Llevamos más de 40 años esperando respuestas. ¿Quién se preocupa por nosotros? Nuestros mejores años los dedicamos a luchar por la memoria de quienes desaparecieron”, agregó.

Por su parte, Sonia Rubina, familiar de una víctima de la masacre de Barrios Altos, pidió a los congresistas que reflexionen antes de aprobar la ley en segunda votación. “¿Qué pasaría si a uno de ellos les hubiera ocurrido lo mismo? A veces me olvido y pienso que mi hermana fue a trabajar… Por favor, no los dejen salir. Que cumplan la ley, como mi madre tuvo que vivir sin su hija, ellos también deben pagar hasta el final”, expresó entre lágrimas.

Con 15 votos a favor y 12 en contra, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la polémica Ley de Amnistía que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de que esta norma estaría yendo contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siete partidos políticos del Congreso dieron luz verde para que la ley fuera aprobada en segunda votación.

Ahora, el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá promulgar o restituir la Ley de Amnistía al Parlamento, donde se podría promulgar por insistencia, sin contemplar los daños diplomáticos y de relaciones comerciales que sufriría el Perú con el resto del mundo. La República conversó con dos politólogos para que nos brinden más detalles al respecto.

¿Qué sanciones podría recibir el Estado peruano tras la aprobación de la Ley de Amnistía?

El politólogo y profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, indicó que cuando un país se adhiere a una convención internacional lo hace «de buena fe», por lo que una sanción económica o militar no existiría, pero sí habría implicaciones políticas.

«Perú ha sido un incumplidor crónico de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría generar implicaciones políticas muy serias para el Estado. La primera es que nos van a colocar en el rubro de países que desacatan las convenciones internacionales. Nos pondrán al nivel de Nicaragua, Venezuela», explica.

La Corte IDH ordenó al Estado peruano medidas provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta. Foto: Twitter/Corte IDH

Lo segundo es que, al aprobar esta ley, no solo se está chocando con la CIDH, sino también con el sistema universal de las Naciones Unidas, lo que podría ocasionar una repercusión mayor, ocasionando dificultad en el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).