Este lunes 31 de marzo comenzará la fase de control de acusación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una organización criminal que operaba dentro del sistema judicial peruano para manipular casos y obtener beneficios ilegales. La Fiscalía ha presentado cargos contra 46 personas por corrupción de funcionarios y delitos contra la administración pública, señalando un total de 113 hechos ilícitos cometidos por los integrantes de esta red. Las investigaciones, basadas en interceptaciones telefónicas, revelaron los actos ilegales realizados por los acusados, quienes usaron su influencia para controlar decisiones judiciales.

La organización criminal, según la acusación, se formó entre los años 2009 y 2010 dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao. En el centro de esta red se encontraba César Hinostroza, quien, como presidente de dicha corte, habría aprovechado su cargo para dirigir actividades ilícitas. Además de Hinostroza, otros funcionarios de la Corte del Callao, como los exasesores Gianfranco Paredes y Nelson Aparicio, también están involucrados en la acusación, junto con otros funcionarios y servidores públicos que facilitaron el funcionamiento de la red.

En la trama criminal también participaron abogados litigantes y empresarios que estrecharon lazos con los funcionarios judiciales. Entre los abogados acusados se encuentran Jacinto Salinas, Maximiliano León y Marcelino Meneses, quienes, junto con empresarios como Mario Mendoza, utilizaron su influencia para beneficiar sus intereses en casos judiciales que estaban siendo tratados por los magistrados de la Corte del Callao. La red no solo manipuló casos, sino que también se aprovechó del sistema judicial para obtener ganancias personales a costa de la justicia.

Con la acusación formal presentada, el caso avanzará a la fase de control de acusación, donde se discutirán las pruebas, las imputaciones y las penas solicitadas para los acusados. Este proceso marcará un paso importante hacia un juicio oral, con la esperanza de que los responsables de socavar la integridad del sistema judicial enfrenten las consecuencias de sus actos y que se logre una reparación por los daños causados al país.