En un adelanto de fallo que subraya el compromiso del Poder Judicial con la justicia y la seguridad jurídica, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura ha confirmado la sentencia condenatoria contra Daniel López Mazú por el delito de falsificación de documentos (uso de documento falso) y fraude procesal. Esta decisión no solo valida la posición de la familia Martínez y el Grupo Unicachi, sino que también sienta un precedente concluyente para el sistema judicial peruano.

La sentencia confirma que López Mazú, quien había sido condenado por el uso de escritura pública de compraventa con firma falsificada del notario Enrique Lanegra Arzola, ha incurrido en delitos graves que afectaron la titularidad del terreno en cuestión. La resolución está respaldada por una pericia grafotécnica que corroboró la autenticidad de las pruebas presentadas por los demandantes.

Esta determinación judicial es particularmente significativa ya que valida la titularidad completa del terreno en favor de Hermio Martínez Martínez, quien en vida fue el legítimo propietario. La sentencia, que ha sido largamente esperada por los involucrados, demuestra finalmente que la justicia ha prevalecido, a pesar del tiempo y las maniobras fraudulentas que intentaron despojar a la familia Martínez de sus derechos.

La decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Huaura envía un mensaje claro y alentador al sistema judicial de todo el país: la administración de justicia está trabajando para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los verdaderos propietarios. Este fallo también brinda tranquilidad a los futuros inversionistas, asegurando que no habrá lugar para la manipulación de documentos ni para la corrupción en los procesos de titularidad.

Los jueces de Huaral deben observar este caso como un modelo a seguir para resolver disputas de larga data y asegurar que los procesos relacionados con la titularidad de terrenos se manejen con la diligencia y la integridad que exige la ley. La resolución del caso Martínez-Mazú no solo refuerza la confianza en la justicia, sino que también destaca la importancia de la rigurosidad en la investigación y la aplicación de la ley.

Este fallo es una victoria no solo para la familia Martínez y el Grupo Unicachi, sino para todos los ciudadanos que confían en el sistema judicial. La confirmación de la sentencia es un recordatorio de que la justicia, aunque pueda ser un proceso largo, siempre encuentra su camino, reafirmando la esperanza en una administración de justicia más transparente y efectiva.