El Gobierno de Perú presentará al Congreso un proyecto de ley para instaurar el servicio militar y policial obligatorio, con el objetivo de enfrentar la creciente criminalidad.

La medida, anunciada por el primer ministro Gustavo Adrianzén, surge de los acuerdos adoptados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

«La seguridad ciudadana es una prioridad y estamos evaluando todas las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad», declaró Adrianzén en conferencia de prensa.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar la presencia de las fuerzas del orden y mejorar la capacidad de respuesta ante la delincuencia.

El anuncio llega en un contexto político tenso, marcado por una moción de interpelación contra Adrianzén.

Diversos sectores del Legislativo impulsan la recolección de firmas para que el jefe del Gabinete explique su gestión en materia de seguridad.

«No es sólo la inseguridad, es toda la gestión y dirección del gabinete», expresó el parlamentario Edwar Málaga a través de la red social X.

El documento que respalda la interpelación señala que Adrianzén muestra falta de liderazgo frente a la crisis de seguridad y lo responsabiliza por la falta de coordinación en la lucha contra la delincuencia.

También lo acusa de contribuir a la «ingobernabilidad» del país y de no articular respuestas efectivas contra la minería ilegal.