¿Poder a la sombra o ambición oficial? El polémico salto de Ramón Aldave hacia la cámara de Diputados

La región Lima Provincias se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta política. Mientras la actual gestión regional enfrenta cuestionamientos y procesos judiciales, un nombre empieza a sonar con fuerza en las filas del partido Alianza para el Progreso (APP): Ramón Aldave, esposo de la actual gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado. Su intención de ocupar un escaño como diputado en las próximas elecciones de 2026 ha encendido las alarmas sobre el presunto uso del aparato regional para fines proselitistas y la consolidación de un «clan político».

El Poder tras el Trono en Lima Provincias

Para nadie en las nueve provincias de la región es un secreto el rol que desempeña Aldave. Desde el inicio de la gestión de Rosa Vásquez, diversas voces dentro y fuera del Gobierno Regional (GORE) han señalado que Ramón Aldave no es un simple acompañante. Reportes locales y quejas ciudadanas sugieren que él es quien realmente «hace y deshace» en las oficinas regionales, influyendo presuntamente en la designación de funcionarios y en la priorización de obras.

Esta figura del «Primer Caballero» con excesiva injerencia administrativa ha generado un clima de opacidad. ¿Es la candidatura de Aldave un intento de obtener inmunidad o simplemente la formalización de un poder que ya ejerce desde las sombras?

APP: ¿El vientre de alquiler para el continuismo?

La elección de Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, como plataforma electoral no parece casual. APP tiene un historial de cobijar figuras con fuerte arraigo local pero cuestionadas éticamente. Al postular a la Cámara de Diputados, Aldave busca saltar de la esfera regional a la nacional, lo que muchos analistas interpretan como una estrategia para blindar la gestión de su esposa, quien recientemente ha enfrentado serios reveses judiciales y denuncias por presunta corrupción.

Un historial de sombras y privilegios

Los puntos críticos que la ciudadanía cuestiona sobre su postulación incluyen:

Nepotismo indirecto: Aunque legalmente puede postular, éticamente se cuestiona el uso de recursos y logística del GORE Lima para pavimentar su camino electoral.

Intervención administrativa: Denuncias constantes sobre su presencia en reuniones de toma de decisiones donde, por ley, no debería tener injerencia alguna.

La sombra de la sentencia: Con la gobernadora Rosa Vásquez enfrentando condenas y procesos (como la reciente sentencia de más de 9 años de prisión por colusión, aún en apelación), la candidatura de su esposo se percibe como una «posta» para mantener el control político del territorio.

El veredicto de las provincias

Desde Cañete hasta Cajatambo, el malestar crece. La percepción de que la región se maneja como una «hacienda familiar» es el principal obstáculo de Aldave. La pregunta para el electorado de Lima Provincias es clara: ¿Votarán por la representación ciudadana o por la prolongación de un régimen que ha confundido lo público con lo familiar?

La campaña recién empieza, pero la mochila que carga Ramón Aldave llena de señalamientos de manipulación política y sombras de corrupción promete ser su mayor desafío en las urnas.

Fuente: Diario Chasqui

¿Navidad bajo presión? Denuncian que trabajadores del Gore habrían sido conminados a realizar aportes económicos para canastas vinculadas a Ramón Aldave

Pasó la Navidad, pero hay algo que no puede pasar desapercibido. Nos hicieron llegar una denuncia que involucraría directamente a Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima Provincias, quien, según esta versión en lugar de entregar canastas navideñas a sus propios trabajadores, habría solicitado colaboraciones económicas a ellos mismos para realizar entregas a terceros.

Lo que más llama la atención es que quien aparecería repartiendo las canastas navideñas no es la gobernadora, sino su esposo Ramón Aldave, actual aspirante al congreso de la república. Sí, así como lo leen.

La denuncia señala que los trabajadores del Gobierno Regional habrían sido presionados a colaborar, dejando entrever que negarse podría traer consecuencias laborales. Un escenario que, de confirmarse, sería sumamente grave y atentaría contra los derechos de los servidores públicos.

Frente a estos hechos, la pregunta es inevitable:

¿Se está utilizando el poder político para obligar a trabajadores a financiar actividades con fines proselitistas?

Hacemos un llamado urgente a las entidades competentes para que investiguen esta situación. La región lima merece saber si “Ramoncito y Rosita” estarían usando el poder que ostentan para forzar aportes en víveres o dinero, bajo una supuesta solidaridad navideña que huele más a campaña que a ayuda social.