Por: Carlos Mesías Zárate

En un hecho que indigna a toda la Región Lima, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado ha sido condenada en primera instancia a 9 años y 5 meses de cárcel, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por igual periodo. El fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado de Lima Este en el escandaloso caso “Matucanazo”, confirma su responsabilidad penal mediante peritajes, testimonios y pruebas que, según los magistrados, acreditan plenamente los delitos cometidos cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.

Pero lo verdaderamente repulsivo es lo que viene después. A pesar de la contundencia del fallo y del volumen probatorio, los jueces optaron por suspender la ejecución de la condena, permitiendo que Rosa Vásquez siga gobernando como si nada hubiera pasado, administrando recursos públicos, firmando documentos y tomando decisiones que afectan a más de un millón de ciudadanos. Todo mientras apela la sentencia en instancias superiores.

¿Nueve años de prisión efectiva? Sí. ¿Inhabilitación total para ejercer función pública?

También. ¿Gobernando como si fuera inocente? Increíble, pero real. La decisión judicial ha desatado un terremoto político y moral. ¿Cómo puede una autoridad ya declarada culpable seguir al mando de una región? ¿Qué clase de justicia permite que una funcionaria sentenciada por corrupción continúe sentada en el sillón regional sin el menor recato?

Para colmo, la suspensión de la condena llega con condiciones que parecen más un trámite que una sanción: una caución de S/ 100 mil en cinco días, control biométrico quincenal y la prohibición de salir de su jurisdicción sin permiso. Un régimen “especial” que contrasta brutalmente con la severidad que el sistema aplica a cualquier ciudadano común.

Lo más grave es que los jueces fueron categóricos: las pruebas son suficientes, sólidas y determinantes. Y aun así, la gobernadora podrá seguir jurando transparencia frente a cámaras mientras carga sobre los hombros una condena casi de una década por corrupción.

La Región Lima quedará gobernada, al menos por ahora, por una sentenciada, una autoridad cuya situación legal es tan frágil que cualquier incumplimiento revocaría la suspensión y la enviaría directamente a prisión. Mientras eso no suceda, Rosa Vásquez seguirá brindando con champagne del más fino en estas fiestas de fin de año.

Tras la reciente publicación del título profesional del brazo derecho de Rosa Vásquez, ​un revuelo se desató por ubicar y silenciar a quienes facilitaron el documento.

Hoy, otra prueba más, de como se entregó en la sombra a todo el sector salud desde #Cañete hasta #Barranca para sumergir a la Región Lima en una crisis sin precedentes, y un documento, «El Requerimiento de Bryan», emerge como pieza clave en el rompecabezas de su debacle.

La Gerente Regional de Desarrollo Social, Leonor Consuelo Tello Macavilca, fue quien estampó su firma en el Requerimiento 001-2023, fechado el 16 de mayo de 2023.

 La «Justificación» de Leonor Tello para que elijan a Bryan Fernández.-

En dicho documento, Tello Macavilca solicitó a la administración de Rosa Vásquez la contratación de un «coordinador en temas de salud» para supuestamente «fortalecer la capacidad operativa de su gerencia regional». La justificación apuntaba a la necesidad de un profesional con «experiencia comprobada en el sector», una premisa que, según las investigaciones, quedó en el papel.

Lo que realmente ocurrió fue la llegada de Bryan Fernández Agüero, de quién ya sabemos obtuvo su título profesional en abril de 2023, y al siguiente mes entraría al Gore Lima. Pero ojo a esto: SUS ANTECEDENTES LABORALES SE LIMITAN A HABER SIDO ASISTENTE EN UN ESTUDIO CONTABLE Y ADMINISTRAR UN POLICLÍNICO DE BAJO PERFIL.

 «Claros indicios» que puede investigar la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de HUAURA.-

​Fuentes cercanas a la gestión de Rosa Vásquez señalan que la designación de Fernández Agüero ya estaba «cantada» incluso antes de que el requerimiento fuera oficial.

La falta de experiencia y la cuestionable justificación del puesto son ahora el centro de un escándalo que amenaza con profundizar la ya crítica situación de la salud regional.

 «No harán nada»: Sí, el Consejo Regional de Lima ha decidido hacer causa común con el asesor de la gestión regional de Rosa Vásquez Cuadrado. 

Fuente: ARV+ Noticias

Mientras la delincuencia se desborda en calles, avenidas y centros poblados, el Gobierno Regional de Lima ha destinado solo S/ 20 mil soles a seguridad ciudadana en lo que va del año. ¡Sí, leyó bien! Veinte mil soles para proteger a más de UN MILLÓN DE CIUDADANOS, cuando manejan un presupuesto millonario que supera los 700 millones de soles.

¿En qué país serio puede explicarse este abandono total a la seguridad?

¿Qué prioridad puede tener un gobierno que deja a su gente a merced del crimen?

¡Una burla escandalosa que exige respuesta inmediata!

ESTO ES LO QUE CALLAN SUS MERMELEROS DE ETP HUACHO Y EXITOSA QUE DIRIGE DAVID FLORES..

Fuente: Huacho, Capital de la Hospitalidad

A junio de 2025, la situación del Gobierno Regional de Lima es tan preocupante como indignante. Con una ejecución presupuestal apenas por debajo del 25% en lo que va del año, la región ocupa uno de los últimos lugares en capacidad de gasto público. Esto no es nuevo: en 2024, Lima devolvió al Estado más de 220 millones de soles por no ejecutar proyectos clave, quedándose apenas en un 65% de ejecución de su Presupuesto Institucional Modificado. La incapacidad de transformar recursos públicos en obras concretas para la población ya no puede atribuirse únicamente a ineficiencia. El problema es más profundo: es estructural y está manchado por la corrupción.

Obras sospechosas y millones sin sustento

Uno de los casos más escandalosos es el de la descolmatación de ríos en la región, que costó 80 millones de soles. Una cifra abultada para un trabajo que muchos especialistas y ciudadanos consideran sobrevalorado, con indicios de que fue adjudicado sin los debidos procesos de fiscalización. A eso se suma la reciente compra de maquinaria pesada, rodeada de cuestionamientos por presunto direccionamiento y sobrecostos.

El uso del presupuesto se convierte así en una herramienta para el beneficio personal de unos pocos, en lugar de servir para mejorar la calidad de vida de más de un millón de limeños de provincias. Mientras tanto, la población sigue esperando escuelas dignas, hospitales funcionales y obras viales que conecten sus territorios.

Gobernadora investigada: justicia a medias

La actual gobernadora, Rosa Vásquez Cuadrado, no solo es responsable de esta ineficiencia, sino que arrastra serias denuncias por presuntos actos de corrupción desde su etapa como alcaldesa provincial de Huarochirí en 2018. Se le acusa de la apropiación indebida de un millón de soles. Su proceso judicial, sin embargo, ha sido suspendido ya en dos oportunidades por razones médicas que muchos consideran maniobras dilatorias para evitar que avance el juicio oral.

A la luz de estos hechos, es legítimo y urgente que el Ministerio Público evalúe una medida de prisión preventiva, considerando el evidente riesgo procesal: posible fuga y obstaculización de la justicia. El principio de igualdad ante la ley no puede seguir siendo una ficción para quienes ostentan el poder.

¿Y el desarrollo regional?

El presupuesto 2025 para Lima asciende a más de 1,485 millones de soles, de los cuales más de 415 millones están destinados a proyectos de inversión. ¿Cómo se puede justificar que ni siquiera se haya ejecutado una cuarta parte de ese monto, mientras las necesidades de infraestructura, salud, educación y agricultura en la región son tan evidentes?

Lamentablemente, este mal uso de los recursos y la falta de liderazgo visionario no solo afecta la infraestructura física de la región, sino también la moral ciudadana. La desidia, el abandono de la empresa privada, y la falta de visión empresarial para transformar ferias locales, actividades productivas y polos de desarrollo, condenan a Lima provincias a seguir operando como si fuera un conjunto de caseríos mal conectados, y no como la capital política de la región más estratégica del país.

Lima provincias merece más. Merece autoridades que no usen el cargo como escudo para evadir la justicia ni como plataforma para enriquecerse. Merece una gestión transparente, eficiente y decidida. Si la actual administración no es capaz de hacerlo, corresponde a los organismos de control, a la justicia y, sobre todo, a la ciudadanía organizada, exigir y provocar los cambios que la región necesita.

Una gestión con llegada de gente que ni en municipalidad podrían estar calificadas. Por eso viene ya 3 años de ineficiencia. Y actos de corrupción contundentes. Lo peor que fiscalía no investiga , solo archiva.