La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada a una pena privativa de nueve años y cinco meses por el delito de peculado doloso agravado, según el fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate.

La sentencia judicial también impone a la autoridad regional el pago de una reparación civil de S/100.000 a favor del Estado peruano. Estos hechos se dan en relación con presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado durante el 2023 y 2025.

Los cargos de corrupción

La condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor, se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.

De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Tribunal determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos: peculado por apropiación y falsificación de documento. Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.

En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rubricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.

El proceso legal, que se ha extendido por varios meses, concluyó con una resolución firme que acoge los argumentos presentados por el fiscal Cristian Manrique, demostrando la culpabilidad de la gobernadora en el uso indebido de su cargo para beneficio personal o de terceros.

Operativo “Los Compadres de la Corrupción”

La hipótesis fiscal sostiene que esta organización utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos. El nombre del operativo subraya que el mecanismo de corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo, etc.).

Una de las acciones más resonantes del operativo fue el allanamiento de múltiples inmuebles, incluyendo la vivienda de la Gobernadora Vásquez Cuadrado y hasta 11 oficinas e inmuebles vinculados al Gore Lima y a los proveedores presuntamente beneficiados. Estas diligencias se llevaron a cabo con el propósito de incautar documentación clave, dispositivos electrónicos y otros elementos de convicción que sirvieran para sustentar la tesis de la Fiscalía.

Defensa presentará recurso de apelación

Tras conocerse el fallo, la defensa legal de la gobernadora, a cargo del abogado Erickson Costa Carhuavilca, presentó recurso de apelación contra todos los cargos dictados por el juez Carlos de la Cruz Escalante, con la finalidad de revertir o reducir la condena de la gobernadora Vásquez Cuadrado.

Si la sentencia se confirma en la sala de apelaciones, la actual gobernadora regional deberá ser internada en un centro penitenciario. Además, la sentencia por un delito doloso con pena privativa de libertad efectiva conlleva automáticamente el inicio del procedimiento de vacancia del cargo como Gobernadora Regional de Lima ante el Consejo Regional y, posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Adicionalmente a la prisión, el fallo incluye la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Contraloría y Congreso descubren lo que los ojos ciegos de los consejeros no quisieron ver: Caos en el Gore Lima con ejecución presupuestal pobre.

1. La Obstaculización y el Impacto del Control Articulado

Una fiscalización conjunta entre el despacho congresal de Milagros Rivas y la Contraloría General de la República expuso el desorden administrativo en el Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE Lima).

La diligencia se inició tras múltiples quejas ciudadanas y requirió el apoyo de la escolta policial, ya que se intentó impedir el ingreso al equipo de control. Esta acción inmediata demostró la urgencia y el nivel de resistencia ante la supervisión de los recursos públicos.

2. Abandono, Ruina y Evidencia de Corrupción

​El panorama revelado fue vergonzoso y evidenció el presunto abandono de funciones y el uso ineficiente de fondos. Se encontraron maquinarias abandonadas y puestos de salud en condiciones deplorables, cerrados y «cayéndose a pedazos».

El equipo técnico de la Contraloría documentó múltiples situaciones que sugieren la existencia de presuntos casos de corrupción dentro de la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez.

3. Ejecución Presupuestal Pobre y Reversión Millonaria

​Uno de los hallazgos más críticos fue la baja ejecución presupuestal, muy por debajo de lo programado para la región. Este indicador de incapacidad de gestión se resumió en la frase que marcó la visita: “Solo se revirtió 3 millones», cuando la realidad es que han sido cerca de 500 millones.

La reversión de esta significativa suma de dinero al tesoro público representa una oportunidad perdida para invertir en sectores vitales como educación y salud, donde las necesidades son urgentes.

4. Condiciones Laborales Inhumanas y Persecución a Denunciantes

​La fiscalización también descubrió graves problemas internos que afectan al personal de la entidad. Se identificaron condiciones laborales inhumanas e insalubres, además de la apertura de procesos administrativos y la persecución a trabajadores que se atrevieron a denunciar los presuntos actos de corrupción.

Esto evidencia un ambiente de hostigamiento para quienes buscan la transparencia en la gestión regional.

5. El Silencio de los Consejeros Regionales

​Las contundentes revelaciones de la Contraloría y el Congreso desnudan una realidad que los consejeros regionales oficialistas decidieron ignorar. Mientras la población pedía a gritos la fiscalización, los hallazgos demuestran que el control político interno fue deficiente o inexistente.

La Contraloría continuará levantando información para iniciar los procesos correspondientes, asegurando que el dinero del pueblo sea usado para servir al pueblo y no para el enriquecimiento ilícito o el abandono.

F: ARV + NOTICIAS

Una vez más, el juicio por peculado contra la ahora gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado se ve retrasado.

Esta vez, la fiscal Kelly Cabezas no estuvo presente y fue reemplazada por un fiscal provisional que, según se observó, no conocía el caso ni sabía cómo conectarse al Zoom.

Durante la sesión, el colegiado debía evaluar dos decretos supremos (2012 y 2014), pero el fiscal suplente no supo sustentar las pruebas ni justificar su relevancia. Esto motivó que uno de los jueces le llame la atención:

“Estamos ante un caso de peculado y usted debió venir preparado”.

“Se nota que usted no conoce el caso”, agregó, solicitando la suspensión de la audiencia.

El abogado de Vásquez sostuvo que dichos decretos están relacionados únicamente con los nombres de los años 2012 y 2014, y que su defendida ya no era alcaldesa cuando en 2014 se cambió el monto inicial de la obra a S/ 2’942,000.00 mediante la Resolución de Gerencia General N.º 256-2014.

El proceso sigue dilatándose por la falta de designación de un fiscal capacitado para un caso de tal gravedad.

CONTEXTO GENERAL

Durante esta audiencia de 2 horas y 42 minutos, la fiscal Kelly Cabezas presentó una acusación firme contra Rosa Vásquez Cuadrado, exalcaldesa de Matucana y actual gobernadora regional de Lima, por presunto peculado doloso relacionado con la ejecución de la obra Centro Cívico de Matucana durante los años 2012, 2013 y parte del 2014.

⸻

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

1. Apropiación de fondos públicos:

• Se acusó a Rosa Vásquez de haber realizado modificaciones presupuestales sin sustento para apropiarse de caudales de la municipalidad.

• La fiscal sostuvo que omitió supervisar la obra, pese a ser su función como máxima autoridad municipal, contraviniendo la Resolución de Contraloría 195-8.

2. Deficiencias documentales y técnicas:

• El cuaderno de obra presenta irregularidades desde el inicio (fechas imprecisas, firmas sin nombres, omisión de datos técnicos).

• La obra sufrió retrasos por falta de materiales y errores en el expediente técnico, los cuales fueron conocidos por la alcaldesa, según consta en el asiento 49 del cuaderno de obra.

• Se aprobaron adicionales de obra y pagos, pese a que muchas partidas no se ejecutaron o fueron de calidad deficiente.

3. Presupuesto manipulado:

• En 2012 no figuraba la obra en el PIA, pero se asignaron S/ 639,406.

• En 2013 y 2014 el presupuesto inicial se incrementó hasta llegar a más de S/ 3.5 millones.

• Se acusa que estos cambios presupuestales fueron irregulares y permitieron justificar egresos sin control.

4. Omisión de control y registros:

• Desde noviembre de 2012 no se realizaron más anotaciones en el cuaderno de obra, lo que impidió un control adecuado de los gastos.

⸻

DEFENSA DE ROSA VÁSQUEZ – ABOGADO COSTA CARHUAVILCA

1. Responsabilidad de funcionarios técnicos:

• Argumenta que la responsabilidad recaía en el residente, inspector y subgerentes de la obra.

• Sostiene que la alcaldesa no es responsable directa de cada proceso técnico, como la modificación presupuestaria, ya que eso corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas.

2. Limitaciones legales del cargo:

• Invoca la Ley de Presupuesto 28411, que señala que la elaboración del PIA corresponde a la oficina de presupuesto, no a la alcaldesa.

• Niega que Rosa Vásquez haya aprobado personalmente los egresos.

3. Año 2014:

• Rosa Vásquez renunció el 4 de abril del 2014, pero la resolución de modificación presupuestal es del 23 de abril de 2014, ya en otra gestión.

• Por tanto, niega responsabilidad sobre los montos modificados ese año.

4. Justificación de egresos (2012–2013):

• Asegura que todos los gastos de 2012 y 2013 están documentados y sustentados con comprobantes, materiales y proveedores.

⸻

INTERVENCIÓN DEL MAGISTRADO ROBERTO DE LA CRUZ

• Preguntó específicamente cómo se acredita el peculado en 2014 si Rosa Vásquez ya no era alcaldesa.

• La fiscal respondió que sí lo era hasta abril de ese año y que los pagos cuestionados se realizaron dentro de ese periodo.

• El juez insistió en que no se atribuya a Vásquez hechos ocurridos posterior a su renuncia, lo cual fue admitido por la fiscal.

⸻

CONCLUSIONES PROVISIONALES

• La fiscal sostiene que existe un patrón sistemático de irregularidades y omisiones deliberadas en el manejo de esta obra pública.

• La defensa busca deslindar la responsabilidad de Rosa Vásquez, trasladándola a funcionarios subordinados y a los órganos técnicos.

• El punto más crítico es la falta de anotaciones en el cuaderno de obra desde noviembre 2012, lo que permitió, según la fiscal, ocultar el manejo indebido de fondos públicos.

• La audiencia concluye con un juez que solicita claridad sobre los periodos de atribución de responsabilidad y señala que se debe evitar atribuir hechos posteriores a la gestión de la acusada.