Con pancartas, arengas y lágrimas contenidas, decenas de trabajadoras sociales alzaron la voz el en la puerta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Exigieron que se derogue el Decreto Supremo N. º 005-2025-TR, norma que eliminó la obligación de contar con una profesional de Trabajo Social en empresas con más de cien empleados.

“¡El trabajo social no es un lujo, es una necesidad!”, gritaron a una sola voz, mientras sostenían carteles con mensajes como “Sin bienestar no hay productividad” y “No somos una barrera burocrática”.

La medida, justificada por el Gobierno como parte de una “simplificación administrativa”, fue duramente cuestionada por gremios, universidades y colectivos profesionales.

Desde 1965, el Decreto Supremo 009-65 garantizaba que en empresas grandes existiera al menos una asistenta social que acompañara a los trabajadores en casos de enfermedad, violencia familiar o trámites de seguridad social. Esa norma fue derogada este año tras una recomendación de INDECOPI, que la calificó como “barrera burocrática”.

“Han eliminado el único puente humano entre el drama de los trabajadores y el sistema laboral”, denunció una trabajadora social.

Las manifestantes advirtieron que la protesta no fue solo por el futuro de la carrera, sino también por los derechos de miles de trabajadores que ahora quedaban más expuestos a la desprotección.

En muchas empresas ya se habían producido despidos o reubicaciones de trabajadoras sociales.

Pero la lucha no terminó allí. El congresista Diego Bazán anunció un proyecto de ley para restituir la obligación del cargo. Mientras tanto, las profesionales del Trabajo Social aseguraron que seguirían en pie de lucha.