La Universidad Inca Garcilaso de la Vega está en proceso de obtener el licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Este proceso inició en octubre de 2019, cuando Sunedu decidió no otorgar la licencia institucional debido a varios hechos que involucraban gastos que no beneficiaban la calidad educativa y las funciones propias de una universidad. Desde entonces, la universidad ha estado trabajando para regularizar su situación y obtener el tan esperado licenciamiento, con la esperanza de demostrar su compromiso con la excelencia educativa y cumplir con los estándares establecidos por la entidad reguladora.
Asimismo, la Sunedu le otorgó prórrogas a las universidades cuyas licencias fueron denegadas y que requerían de unos años para finalizar sus funciones de forma definitiva. El plazo se extendió hasta el 3 de marzo del año 2024 y posteriormente hasta el 3 de marzo del siguiente año.
Incluso, en un documento publicado por la propia Sunedu y que está firmado en octubre del año 2022 por Yuli Yanny Herrera Llamoca, representante legal de la universidad, informa que se “dejará de prestar el servicio educativo el día 3 de marzo del 2025″.
La extensión en el plazo para la finalización de sus actividades educativas no solo permite que los menos de mil alumnos que se mantienen en la institución puedan terminar sus carreras, sino que además ha dado tiempo a la institución para presentar una nueva solicitud de licenciamiento ante Sunedu.
¿Por qué Sunedu negó el licenciamiento de la Universidad Garcilaso?
La Sunedu clausuró el camino hacia la licencia institucional de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2019, tras identificar una serie de falencias en su estructura académica y organizacional. Estas deficiencias abarcaban desde la gestión administrativa hasta la calidad de la infraestructura, pasando por el ámbito de la investigación y la cualificación del personal docente.
Durante el tiempo que dure el proceso de cese de actividades, la universidad deberá cumplir con su obligación de emitir grados y títulos, pero ya no puede convocar a nuevos procesos de admisión para ninguna de sus 97 carreras de pregrado o sus sedes tanto en Lima como en Ica. También había la ausencia de una estructura organizativa clara para la unidad encargada de la calidad universitaria y la falta de articulación entre sus instrumentos de gestión.
