Migración bajo control: expulsan 39 ciudadanos venezolanos

Expulsión colectiva marca un giro en la política migratoria

El Estado peruano ejecutó la expulsión de 39 ciudadanos venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular, en una operación realizada desde la base aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP) y liderada por la División de Extranjería de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. La medida se sustentó en infracciones al Decreto Legislativo 1350, conocido como la Ley Migratoria, y se convirtió en uno de los gestos más visibles del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Ejecutivo.

El grupo expulsado estuvo conformado por siete mujeres y treinta y dos hombres, todos identificados tras procesos de verificación migratoria. Para el Gobierno, la acción respondió a una estrategia de fortalecimiento del orden interno, en un contexto donde la migración irregular pasó a ocupar un lugar central en el debate público sobre seguridad ciudadana y control fronterizo.

Más allá del número, el operativo fue presentado como una señal política: el Estado buscó reafirmar el principio de autoridad y dejar en claro que el ingreso y la permanencia en el país deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente.

Miles de expulsiones en un año de operativos intensivos

La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos no fue un hecho aislado. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y el 22 de diciembre de 2025 se dictaron 3.411 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros que infringieron la legislación migratoria peruana.

Las principales causales incluyeron el ingreso no autorizado al territorio nacional, el exceso de permanencia y conductas consideradas una amenaza para el orden público y la seguridad interna. Las autoridades sostienen que el aumento de expulsiones responde a un cambio de enfoque: pasar de una política reactiva a una de control activo y preventivo.

Este giro se produjo en paralelo al aumento de la preocupación ciudadana por la inseguridad, un factor que el Ejecutivo ha vinculado de manera directa al desorden migratorio, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de población extranjera.

El PASEE como herramienta de respuesta rápida

Para viabilizar las expulsiones, la Superintendencia Nacional de Migraciones recurrió al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo diseñado para acelerar la respuesta del Estado frente a infracciones migratorias consideradas graves.

El PASEE permitió reducir los plazos administrativos y ejecutar salidas forzadas en tiempos significativamente menores a los procesos ordinarios. Desde el punto de vista del Gobierno, esta herramienta resultó clave para enfrentar situaciones que, según su diagnóstico, exigían una intervención inmediata.

No obstante, el uso del procedimiento excepcional también generó cuestionamientos desde sectores académicos y de derechos humanos, que advirtieron sobre la necesidad de garantizar el debido proceso, incluso en contextos de emergencia o presión política.

Más de 7 mil operativos de fiscalización en todo el país

El endurecimiento de la política migratoria se expresó también en el despliegue operativo. A lo largo de 2025, Migraciones y la PNP realizaron más de 7.100 operativos de verificación y fiscalización en distintas regiones del país.

Durante estas intervenciones se logró identificar a 114.099 ciudadanos extranjeros, mediante cruces de información con bases de datos nacionales e internacionales. Las regiones con mayor número de operativos fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa, zonas consideradas estratégicas por su condición de corredores migratorios, fronteras activas o alta movilidad poblacional.

Según las autoridades, estos operativos permitieron no solo detectar infracciones administrativas, sino también prevenir delitos conexos, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Tecnología para el control migratorio

Uno de los elementos distintivos de la estrategia fue la incorporación de herramientas tecnológicas. El uso de tabletas electrónicas permitió identificar personas en tiempo real, acceder a información migratoria y contrastar datos en el mismo punto de intervención.

A ello se sumaron los migramóviles, vehículos equipados con conectividad satelital y módulos de atención, que facilitaron el inicio inmediato de procedimientos sancionadores sin necesidad de trasladar a los intervenidos a oficinas centrales.

Para Migraciones, esta modernización operativa fortaleció la capacidad del Estado para ejercer control efectivo del territorio, reduciendo los márgenes de evasión y acelerando la toma de decisiones administrativas.

Coordinación interinstitucional y sanciones

La política migratoria se sostuvo además en una coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, la Sutran, la Sunafil y gobiernos locales. Esta articulación permitió aplicar un abanico de sanciones administrativas, que incluyeron multas, salidas obligatorias y expulsiones.

El Ejecutivo destacó que este trabajo conjunto contribuyó a cerrar brechas de control, especialmente en sectores como transporte, empleo informal y actividades económicas donde se detectó una mayor presencia de extranjeros en situación irregular.

El discurso político: seguridad y fronteras

En el plano político, el presidente José Jerí fijó una posición explícita frente al fenómeno migratorio. Durante este periodo, descartó la creación de corredores humanitarios, una propuesta promovida desde sectores políticos de Chile, y vinculó directamente el desorden migratorio con el avance del crimen organizado.

Bajo esa lógica, el Ejecutivo reforzó la militarización de la frontera sur y amplió los operativos de control de identidad, enviando un mensaje disuasivo tanto a nivel interno como regional. El objetivo declarado fue restablecer el principio de autoridad y evitar que el país se convierta en un punto vulnerable para redes criminales transnacionales.

Un debate abierto

La expulsión de los 39 ciudadanos venezolanos sintetizó esta línea de acción. Más allá de la cifra, el operativo simbolizó un cambio de tono en la política migratoria, donde la seguridad interna se impuso como criterio rector.

Para el Gobierno, se trató de una medida necesaria para recuperar el control del territorio y garantizar el orden público. Para otros sectores, el episodio reabrió un debate pendiente sobre los límites entre legalidad, seguridad y derechos humanos, en un país que sigue siendo uno de los principales destinos de migración regional.

¿Cuántos presos venezolanos hay en Perú? Cifra creció 85 veces en los últimos siete años

El panorama en las cárceles peruanas ha dado un vuelco en los últimos años. Lo que en 2018 parecía un dato menor –apenas 48 ciudadanos venezolanos tras las rejas– hoy se ha convertido en una cifra que sorprende a propios y extraños: más de 4 mil internos de esa nacionalidad cumplen condena en los penales del país. El número explotó y abrió un debate sobre la seguridad, la migración y el rol del sistema penitenciario.

En enero de 2018, había apenas 48 venezolanos presos. Pero en mayo de 2025, la cifra alcanzó los 4106 internos, un aumento de 85 veces, según la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Wanda del Valle, detenida por ordenar asesinar al coronel de la PNP Víctor Revoredo. Foto: GEC

En total, el número de reclusos extranjeros pasó de 1618 en 2018 a 5530 en 2025, marcando un récord histórico. Hoy, los venezolanos constituyen la mayoría, seguidos de colombianos (798), ecuatorianos (465) y un grupo menor de otras nacionalidades (161).

El incremento de venezolanos en prisión coincide con la migración masiva al Perú, que ya supera el millón y medio de personas. Sin embargo, esta realidad agrava un problema estructural: el hacinamiento carcelario. El penal de Lurigancho es el caso más crítico, con 9033 internos para una capacidad de 3204; algunos penales incluso registran sobrepoblación de casi 500%.

Las autoridades señalan que los delitos más frecuentes entre los extranjeros son robo agravado, tráfico ilícito de drogas y actividades vinculadas a organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

PERFIL DE LOS INTERNOS

De acuerdo con estudios, el 62% de presos venezolanos tiene menos de 30 años, la mayoría proviene de situaciones económicas precarias y menos de la mitad recibe visitas de familiares. Además, enfrentan condiciones más desfavorables que los internos peruanos, pues muchos carecen de documentos, no cuentan con apoyo de sus consulados y algunos no dominan el idioma castellano.

En cuanto a la distribución, el penal de Lurigancho concentra la mayor población extranjera con casi mil internos, seguido de Huaral (448 presos). En las cárceles de mujeres, destacan el Anexo de Chorrillos (96 internas), Mujeres de Chorrillos (67) y Mujeres de Trujillo (33).

EXPERTOS ALERTAN

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza advierte que el perfil del reo extranjero ha cambiado drásticamente. Antes, la mayoría eran burriers dedicados al tráfico de drogas; ahora, cuatro de cada diez están presos por robo o hurto y muchos actúan de manera violenta, con armas y esquemas ligados a la extorsión.

Por su parte, la investigadora Erika Solís aclara que no se puede atribuir la criminalidad a una nacionalidad: “Atribuir causalidad delictiva a la nacionalidad es un error. La criminalidad tiene causas estructurales, no pasaportes”.

“LOS VENEZOLANOS NO HAN TOMADO EL PODER EN LOS PENALES”

El exjefe del INPE y exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, calificó el crecimiento de presos venezolanos como un hecho “totalmente inédito” en la historia penitenciaria del Perú y explicó que el cambio no solo es numérico, sino también de perfil criminal: más jóvenes, con antecedentes de violencia y con experiencia en sistemas penitenciarios de su país. “Ellos exportan delincuentes que se han fortalecido en la cárcel, no vienen aquí sanos”, advirtió en una entrevista con el diario ‘El Comercio’.

Pérez Guadalupe ha sido ministro del Interior y jefe del INPE. Ahora es investigador de la Universidad del Pacífico. (Foto: Hugo Pérez)

Sobre el riesgo de que se replique en el Perú el modelo venezolano de cárceles controladas por los presos, Pérez Guadalupe aseguró que la organización de los internos peruanos ha frenado cualquier intento. “No se les deja tomar cargos de delegados ni de disciplina. Eso ya está acordado. Incluso cuando intentaron ganar fuerza en Lurigancho, el INPE los redistribuyó”, señaló.

A pesar de ello, resaltó que los internos venezolanos se han integrado a la dinámica penitenciaria peruana en actividades como el fulbito, el básquet, el coro y el teatro. Sin embargo, insistió en que el control lo mantienen los delegados nacionales.

Finalmente, advirtió que la concentración de presos venezolanos en la costa —especialmente en Lima, Trujillo y Chiclayo— responde a razones de seguridad y a su propia estrategia delictiva, vinculada al comercio y las extorsiones.

Expulsan a más de 400 venezolanos y refuerzan fronteras ante norma que les exige visa

Hoy entra en vigencia una nueva disposición que obliga a los ciudadanos venezolanos a presentar visa y pasaporte vigente para ingresar al territorio nacional peruano.

Esta medida, establecida a través de la Resolución N° 121-2024 por la Superintendencia Nacional de Migraciones, busca regularizar el ingreso y control migratorio de ciudadanos provenientes de Venezuela.

Según lo precisado en la resolución, aquellos venezolanos que cuenten con una visa estampada en un pasaporte vencido deberán presentar además un documento de viaje con una vigencia mínima de seis meses antes de ingresar al país.

Ante esta nueva disposición, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha intensificado las medidas de seguridad en la frontera norte, específicamente en Tumbes. El jefe del Frente Policial de Tumbes, Gral. PNP Manuel Gonzales Novoa, confirmó que los operativos se han redoblado en puntos estratégicos como el Puente y Canal Internacional.

Hemos aumentado la presencia policial en la frontera norte para asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas migratorias y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, destacó Gonzales Novoa durante una supervisión de las operaciones en la zona.

Desde la implementación de medidas más estrictas en el control migratorio, más de 450 extranjeros indocumentados, en su mayoría venezolanos, han sido expulsados del país. Sin embargo, se ha hecho una excepción para personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, menores de edad y adultos mayores, quienes no han sido sujetos de expulsión y se les ha brindado atención humanitaria.

En declaración a Canal N, el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tumbes, informó que hasta el momento no se han reportado ingresos de venezolanos con visa y pasaporte.“Hasta el momento ningún venezolano ha pasado por migraciones. Igual se está coordinando con Migraciones para continuar con el apoyo en la frontera”.

Asimismo, sostuvo que tuvo una reunión con el director de Migraciones para prevenir todo lo que podía suceder en Venezuela a raíz de las elecciones y sobre la nueva normativa. Además, recalcó que cualquier ciudadano venezolano que se filtre en el territorio nacional y no presente los papeles requeridos, será intervenido y expulsado.

Control en frontera con Chile

En un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales, la Policía Nacional del Perú informó que se han intensificado los esfuerzos de control en la frontera con Chile, específicamente en la región de Tacna. Esta medida se enmarca dentro de una resolución destinada a regularizar la migración y prevenir el ingreso irregular al país.

Según las autoridades locales, aquellos individuos que no posean la documentación adecuada para ingresar al territorio peruano deberán regresar a territorio chileno. Este refuerzo en los controles tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes y fortalecer la seguridad en la zona fronteriza.

A partir del 2 de julio, los ciudadanos venezolanos deberán presentar visa y pasaporte para ingresar al Perú

A partir del 2 de julio, los ciudadanos de Venezuela que deseen ingresar a nuestro país deberán contar con un pasaporte ordinario vigente y visa peruana, según se dispone en una disposición de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La Resolución N° 000121-2024-MIGRACIONES, publicada este jueves en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, dispone la presentación de diversos documentos a los ciudadanos venezolanos para el control migratorio de ingreso al territorio nacional.

La norma, que deja sin efecto la Resolución Nº 000177-2019-MIGRACIONES de 12 de junio del 2019, establece que para la calidad migratoria temporal y calidad migratoria residente se requiere pasaporte ordinario venezolano vigente y visa correspondiente, otorgada para una oficina consular peruana.

Solo para la calidad migratoria residente, se necesita un pasaporte ordinario venezolano vigente y visa humanitaria vigente, otorgada por una Oficina Consular Peruana.

Además, la resolución establece que se admitirá por única vez la presentación de solicitudes de cambio de calidad migratoria a los venezolanos que cuenten con pasaportes vencidos, siempre que su último ingreso al país se hubiese efectuado antes del 2 de julio de 2024, y permanezcan en territorio nacional, debiendo cumplir con los demás requisitos y condiciones inherentes a cada procedimiento.

Asimismo, se dispone que las Direcciones de Gestión Técnica y Fiscalización Migratoria, y de Registro y Control Migratorio, cuando corresponda y en el ámbito de sus competencias, emitan las disposiciones complementarias a lo dispuesto en la presente resolución.

«La presente resolución entrará en vigencia a los cinco días calendario siguientes de su publicación en el diario oficial El Peruano«. precisó la norma.

Lambayeque: Desalojan a venezolanos que invadieron carretera en Mórrope

Autoridades de la municipalidad de Mórrope ejecutaron un operativo denominado “Alto Perú”, para la erradicación de extranjeros invasores de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de la mencionada localidad.

Esta medida se realizó ayer en horas de la tarde, cuando las respectivas autoridades, presididas por la alcaldesa, Janet Morales Pasache, con apoyo de la Policía Nacional y Serenazgo, se dirigieron hasta la vía principal que une con la ciudad de Piura.

Allí se percataron que habían varios quioscos de venta de comida y otros productos instalados por ciudadanos de nacionalidad venezolana que, no contaba con las medidas de seguridad y salubridad quienes ponían en peligro tanto sus vidas como la de otras personas.

Conversaron con los extranjeros y les explicaron el motivo de la resolución ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sobre el derecho de la pista, es por ello que, de manera pacífica procedieron a desalojarlos, para ello también contaron con maquinaria pesada.

“Agradecer a nuestra Alcaldesa, a la gerencia municipal y la gerencia de Administración por darnos la confianza y el apoyo en este magno operativo que, nos ayudará a mejorar como gestión y darle una mirada social distinta al distrito de Mórrope”, señaló el subgerente de Fiscalización, Dustin Coello Vásquez.

Aparecen mensajes amenazantes a venezolanos: Le dan plazo de 3 días para que se vayan de La Victoria

PELIGROSO. La delincuencia ha incrementado en los distritos limeños ante el terror que ha sembrado un grupo de venezolanos llamados ‘Los Gallegos’, quienes armados con fusiles y los rostros cubiertos, amenazaron con matar a todos los que no acepten los cobros de cupo. Ante esto, vecinos de La Victoria ha decido dar un contra mensaje.

En una de las principales entradas al Cerro San Cosme, en La Victoria, ha aparecido avisos con mensajes violentos y amenazados contra los ciudadanos extranjeros. A ellos les dan un plazo de 3 días para que se retiren del distrito.

“¡Advertencia a todos los venezolanos! Delincuentes, cobradores de cupo, extorsionadores de mototaxis que creen causar temor a nuestros vecinos de La Victoria, alrededor del cerro del Pino, San Cosme, Manzanilla, Barrios Unidos. Le damos el plazo de 3 días para que se larguen. Una sola idea con mucho sentimiento que viva el Perú. Mototaxistas y comerciantes de la Parada. Unámonos a la lucha”, se lee.

EXTORSIONADORES QUEMAN MOTO POR PAGO DE CUPOS

Sujetos desconocidos quemaron una mototaxi luego que el propietario se negara a pagar cupo, en el cruce de la avenida Aviación con el jirón Bolívar, en La Victoria.

De acuerdo con el noticiero ‘América noticias’, la unidad pertenece a la Asociación de Mototaxistas Virgen de la Asunción. Según si dirigentes y asociado, desde hace dos semanas una banda de venezolanos les estaría exigiendo un cupo diario con el fin de dejarlos trabajar.

“Queremos apoyo de las autoridades para que nos respalden porque no estamos poniendo en riesgo. Ya tenemos varias amenazas por parte de los que cobran cupo”, dijo un mototaxista al mencionado medio.