Hay que reconocer que en la Corte de Huaura tienen reflejos de gato panza arriba. El pasado 4 de marzo, el Segundo Juzgado Civil notificó a varios magistrados que la demanda de Acción de Amparo interpuesta por el periodista Carlos Yofré López Sifuentes fue finalmente admitida a trámite.

Apenas 48 horas después de recibir el golpe legal, el Juez Rubel Chelem Cotrina Paredes —quien hasta hace poco mostraba una prisa desesperada por ejecutar el cobro de 100 mil soles a favor de su colega, el Juez Reyes— sufrió un repentino ataque de «iluminación jurídica». Mediante la Resolución N° 05, el magistrado decidió que su propia orden de cobro era nula «de oficio». ¡Vaya milagro procesal! Tras meses ignorando la ley y la Casación pendiente, apenas el Amparo les toca la puerta, se vuelven los más fervientes respetuosos del debido proceso.

Sin embargo, esta nulidad de oficio no es un acto de justicia, sino un paracaídas de emergencia. Los magistrados implicados saben perfectamente que, si el proceso de Amparo seguía su curso con la orden de cobro vigente, la evidencia del abuso y el prevaricato era tan grande que ni entre colegas habrían podido taparse el sol con un dedo.

Están intentado aplicar la técnica del «aquí no pasó nada», retrotrayendo todo al estado anterior para intentar vaciar de contenido el Amparo y que el Juez Civil no tenga nada que suspender. Es una maniobra de repliegue para evitar sanciones mayores ante la Junta Nacional de Justicia.

Esta nulidad de último minuto es la prueba irrefutable de que sabían que estaban actuando fuera de la ley, porque en el derecho existe un principio básico: «el juez conoce la norma». Si la incumplieron antes, fue con intención.

En Huaura, el debido proceso parece estar en cuidados intensivos, pero desde la trinchera periodística se sigue defendiendo la libertad de expresión frente a un hostigamiento judicial que no cesa, demostrando que el Estado de Derecho debe prevalecer sobre las castas judiciales.

Mañana: La radiografía de una nulidad con trampa.

Fuente: Contra Poder