A partir de los informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, inició investigación preliminar al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
Sánchez tomó esta decisión luego de recibir dos informes, uno de la fiscal Zecenarro y otro de la fiscal Taquire, con las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López sobre presuntos ilícitos en Provías Descentralizado. Los informes también incluyen al presidente Pedro Castillo.
López ha declarado que el presidente, el exministro Silva y los seis congresistas antes mencionados habrían conformado una organización criminal para beneficiarse de contratos en Provías Descentralizado.
Sobre el presidente
Sin embargo, trascendió, el fiscal de la Nación se abstuvo de tomar una decisión sobre el presidente en aplicación del artículo 117° de la Constitución Política del Estado, que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio por presuntos de ilícitos en el desempeño del cargo.
Esta es una posición jurisprudencial que Sánchez Velarde tiene desde la primera vez que ejerció como fiscal de la Nación. En junio del 2016, Pablo Sánchez archivó dos denuncias contra el entonces presidente Ollanta Humala. Ambas denuncias fueron archivadas teniendo en cuenta el artículo 117.
“Nuestro sistema de gobierno, señaló Sánchez, otorga al presidente, al ser elegido con el voto popular, una legitimidad que, en la práctica, le otorga inmunidad absoluta en el ejercicio del poder”, señaló Pablo Sánchez en esa oportunidad.
Una posición que no puede ser cambiada sin una debida sustentación jurídica. Además, actualmente, es fiscal de la Nación encargado.
ENFOQUE REAL 