El camino hacia una posible candidatura del expresidente Martín Vizcarra aún luce empedrado y poco claro. Aunque anunció —recientemente— que recibió la síntesis de la solicitud de inscripción de Perú Primero, a puertas de convertirse en un partido político, aún pesan sobre sus espaldas dos inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública aplicadas por el Congreso de la República. Él ha emprendido una lucha en el terreno judicial para tumbarse ambas restricciones a su participación política, pero expertos coinciden en que sus opciones son limitadas y tomarán un tiempo considerable resolverse.
Primero, aunque —a través de su cuenta de Twitter— anunció con bombos y platillos la inscripción de Perú Primero como partido político, fuentes de La República confirman que dicho documento (síntesis de la solicitud de inscripción) solo da cuenta de que su trámite ingresará al periodo de tachas. Una vez superada esta etapa, se considerará al partido de Martín Vizcarra como oficialmente inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Lo que se ha publicado es una síntesis de la solicitud de inscripción con el objeto de que se pase a la etapa de tachas. Luego se tiene que publicar la solicitud de inscripción, si nadie presenta una tacha durante esta etapa, se podría hablar de un partido inscrito. Si alguien presenta una tacha, tendría que ser resuelta en instancia administrativa por el ROP y en instancia jurisdiccional por el pleno del JNE. Si se desestiman las tachas y nadie apela, se podría hablar de un partido inscrito”, comentó José Naupari, experto en temas electorales a este medio.
Segundo, Vizcarra Cornejo se encuentra actualmente inhabilitado para el ejercicio de la función pública. En abril del 2021, el Congreso de la República aprobó una acusación constitucional en su contra por el caso ‘Vacunagate’ por haberse inoculado —junto con su esposa— la vacuna de Sinopharm durante la etapa de ensayos clínicos, cuando ningún peruano de a pie podía acceder a ella, presuntamente abusando de su cargo como jefe de Estado. Se le impuso una inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
Respecto a esta primera inhabilitación, en marzo del 2023, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la acción de amparo planteada por el expresidente, con la que buscaba anular la inhabilitación por 10 años en su contra. En aquella ocasión, la jueza Rocío Rabines Briceño determinó que las imputaciones realizadas contra el exmandatario sí constituyen una violación a la Constitución, por lo que sí ameritaba una sanción. Actualmente, el caso ya se encuentra en una segunda instancia.
Por otro lado, en mayo del 2022, el Congreso de la República aprobó una segunda acusación constitucional contra Martín Vizcarra y aplicó una segunda inhabilitación por cinco años para la función pública en su contra por sus presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Al recaer sobre él una segunda inhabilitación, se detalló que estas no se suman, sino que corren a la vez desde el momento que fueron dictadas por el Poder Legislativo. Por este caso, también se presentó una acción de amparo en busca de desestimar sanción del Parlamento.
“La Ley Orgánica de Elecciones y en general la legislación electoral impide que las personas que tienen una inhabilitación, previsto en el Artículo 100 de la Constitución, ejercer su derecho a ser elegidos. De tal manera que, mientras esa sanción por inhabilitación esté vigente —si se aplica el marco normativo— este, el Sr. Vizcarra no podría postular”, explicó José Naupari a este medio.
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