En una semana, el expresidente Pedro Castillo Terrones cumplirá siete meses detenido por el golpe de Estadoque perpetró el 7 de diciembre de 2022.
Desde entonces, el exmandatario y su entorno se han encargado de empapelar la mesa de partes del sistema de justicia del Perú en un acto desesperado por conseguir su liberación. Sin embargo, su estrategia no ha tenido éxito en el Poder Judicial (PJ).
Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, se han presentado al menos 15 recursos para dejar sin efecto el encarcelamiento e incluso, restituirlo en el poder, aunque todo ha sido desestimado.
Sus recursos van entre hábeas corpus, apelaciones, acciones de amparo, tutelas de derecho, casaciones y otros (ver infografía).
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POR MONTONES
El 8 de diciembre de 2022, un día después del golpe, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López, declaró improcedente el recurso de hábeas corpus que presentó Gregorio Parco en representación de la Federación Nacional de Abogados.
El recurso intentó, sin éxito, liberar al expresidente de la prisión preliminar bajo el argumento de que su detención fue arbitraria porque no se levantó su inmunidad.
Sin embargo, el juez consideró que se no acreditó la vulneración al derecho de la libertad de Castillo.
En febrero de este año, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de Gisela Ocaña Chalco, rechazó el hábeas corpus que presentó la misma Federación de Abogados mencionaba con anterioridad.
El grupo no solo buscó liberar a Castillo, sino también restituirlo en sus funciones.
Al respecto, la magistrada Ocaña precisó en el escrito que la defensa de Castillo pretendía hacer uso de un recurso constitucional para intervenir en un proceso parlamentario. Como se recuerda, fue el Congreso el encargado de vacar a Castillo Terrones.
En el mismo sentido fueron declarados improcedentes otros recursos dehábeas corpus en Lima.
Al observar que su estrategia en la capital no tenía resultados, los defensores de Castillo optaron por acudir a las regiones.
Sus abogados presentaron un hábeas corpus en San Martín y tres en Junín, todos declarados improcedentes.
El objetivo era liberar a Castillo de los 18 meses de prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado.
Además, se presentaron tres apelaciones: Una para anular los 18 meses de prisión por el golpe, una para anular los 36 meses de prisión que se ordenó contra Castillo por presuntamente liderar una organización criminal y una última anular la investigación en su contra por los hechos de corrupción en su gestión.
Se presentaron dos cuestiones previas, en primera y segunda instancia, a fin de anular la investigación contra Castillo por el delito de rebelión. Ambas fueron declaradas infundadas.
También se declaró infundada una tutela de derechosque presentó la defensa de Castillo, al cuestionar una supuesta violación al debido proceso.
Con el recurso pretendían eliminar la investigación por el delito de rebelión. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley recordó en la resolución que el exmandatario Castillo conocía los cargos y los hechos que le imputaba la fiscalía, así como su grado de participación, por lo que no podía alegar que sus derechos fueron afectados.
ENFOQUE REAL 