El golpe que pretende dar el Congreso contra el sistema judicial y otras instituciones está en la mira de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el riesgo que esto representa para la democracia en nuestro país.
Ayer, durante su discurso de inauguración de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció sobre la investigación que realizará el Legislativo contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el objetivo de removerlos.
Alertó sobre el impacto que tendrá ese proceso sobre la independencia judicial y la separación de poderes. “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, manifestó.
Su pronunciamiento no cayó bien en los Pasos Perdidos del Parlamento. Horas después, en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, instaron al Gobierno de Dina Boluarte a que retiren al representante de la ONU en nuestro país por intromisión en asuntos internos.
“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulic, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país”, tuiteó Aguinaga.
Recordemos que en el 2018 la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, expulsó a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Fuerza Popular propone un escenario similar.
Esto ocurre a pocos días del viaje de la mandataria a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y un día antes de la visita a nuestro país del exsenador y asesor del presidente norteamericano Joe Biden, Christopher Dodd, para reunirse con funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo.
Contrarreformas
Los aliados del fujimorismo tampoco tomaron bien que el alto comisionado de derechos humanos se pronuncie contra la investigación acelerada contra los miembros de la JNJ. Un factor de esta reacción autoritaria del Legislativo, es que el comisionado Türk haya señalado ante el Consejo de Derechos Humanos que en el Congreso hay 13 proyectos de ley y cinco denuncias constitucionales que interfieren contra entidades autónomas.
De ese número de iniciativas de ley, 11 son para someter al sistema electoral, promovidas por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular (AP). La mayoría son para someter a antejuicio y juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
ENFOQUE REAL 