Martín Vizcarra se benefició con ‘ley Soto’ en investigación de sobornos en Moquegua

Mientras intenta seguir tendencias y ser una figura reconocida en las redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra se salvó de ir a prisión hasta por seis años tras acogerse a la denominada ‘ley Soto’. Vizcarra fue señalado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado debido a que en su gestión como gobernador regional de Moquegua habría permitido pagos indebidos de supervisiones no realizadas a la represa Chirimayuni.

Panorama reveló el reciente documento de la prescripción del proceso penal de Vizcarra Cornejo. Sin embargo, pese a las acusaciones, el exmandatario se acogió a la ley del actual Congreso que establece un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. Una norma que también salvó de la cárcel al presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Algo curioso dentro de esta investigación es que una de las personas cercanas del expresidente también fue involucrada en estas irregularidades que se dieron en Moquegua. Se trata de César Ramos Zamora, quien fue funcionario del gobierno regional de dicho departamento y acusado por Fiscalía por el mismo delito. A diferencia de Vizcarra, su amigo Ramos Zamora enfrenta una pena de 8 años, que inició el 27 de mayo del 2022, debido a que en aquel entonces todavía no existía la controvertida ley de prescripción aprobada por el parlamento.

Caso Chirimayuni

El caso por el que finalmente el expresidente no enfrentará ninguna condena es el de la obra «Construcción infraestructura de riego represa Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia General Sánchez Cerro departamento de Moquegua», ejecutada durante la gestión del entonces presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, durante los años 2011-2014. La finalidad de este proyecto era poner fin al déficit hídrico en los distritos de Chojata y Lloque, en la provincia General Sánchez Cerro.

En el año 2011, se dio la buena pro al consorcio Chirimayuni para la supervisión externa del proyecto durante 12 meses, por un valor de S/1.286.000. Sin embargo, la Contraloría detectó que durante 6 meses no se realizó ninguna supervisión.