En un sorprendente episodio que revelaría presuntos pagos de coimas a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chancay se puso al descubierto una serie de prácticas poco éticas relacionadas con la emisión de una Constancia de Posesión para la Formalización de Predios Rústicos a Santos Catalino Calderón García, bajo el amparo de una ley ya derogada.
De manera sospechosa, la Municipalidad de Chancay utilizó el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA para expedir el Certificado de Posesión N° 009-2023-MDCH/GDRUeI/SGOPCFPUyR, con fecha 29 de mayo de 2023. Sin embargo, este decreto fue derogado el 26 de julio de 2022, mediante el Decreto Supremo N° 014-2022-MIDAGRI, suscrito por el entonces Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Otro hecho irregular que emerge en el referido Certificado de Posesión otorgado a Catalino Calderón, es su discordancia con las directrices establecidas en las Resoluciones Ministeriales N° 0029-2020-MINAGRI y N° 0097-2023-MIDAGRI, que trazan los lineamientos para el otorgamiento de Constancias de Posesión con Fines de Formalización de Predios Rústicos a nivel nacional, estableciendo el formato y la autoridad competente para su expedición.
Según las disposiciones ministeriales, solo el Director Regional de Agricultura en el caso de los gobiernos regionales y el alcalde en el caso de las municipalidades distritales, son los únicos facultados para suscribir dichos certificados, acto que no sucedió en el Certificado de Posesión en cuestión, el cual fue firmado por el Ing. Franco Sánchez Bazalar, Sub Gerente de Obras Privadas de la municipalidad de Chancay, planteando serias dudas sobre el cumplimiento de las normas legales para tal fin.
Pero este alarmante incidente adquiere una nueva dimensión con la publicación del domingo 7 de abril en el diario nacional “El Comercio”, que aborda en un informe especial, las obras destinadas a optimizar el Puerto de Chancay y los desafíos asociados al aumento de invasiones en las zonas de influencia del Megapuerto.
En este artículo, el alcalde Juan Álvarez fue entrevistado y expresa su preocupación por el interés empresarial en tener el Plan de Desarrollo Urbano para invertir en espacios zonificados, mientras señala que esto se vería amenazado por el tráfico e invasión de terrenos. Esta declaración resulta sorprendente, dado que es la misma municipalidad la que, con la emisión de certificados de posesión en terrenos con propietarios legales, estaría promoviendo la informalidad y la ilegalidad, beneficiando a individuos que, mediante argucias, buscarían que apoderarse de tierras en Chancay.
Mientras tanto, los ciudadanos y propietarios legítimos de tierras en el distrito portuario enfrentan una creciente incertidumbre y una lucha legal para salvaguardar sus derechos de propiedad, situación que podría ahuyentar a los inversionistas nacionales y extranjeros.
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