El comunicado, en línea con los ideales del Papa Francisco sobre la fraternidad universal y el diálogo, destaca la importancia de un proceso sinodal de escucha y diálogo para abordar la problemática que abarca esta ley. Además, la CEP señala que el Consejo Permanente, en su pronunciamiento del 13 de agosto, comparte el deseo de paz y reconciliación en el país, sin oponerse a las legítimas exigencias de justicia de aquellos que han defendido a la patria en momentos difíciles, siempre dentro del marco legal.
Enfatizando su autonomía y distancia de cualquier posición ideológica, la Conferencia Episcopal asegura que su misión pastoral sigue centrada en acompañar a la sociedad y garantizar que la justicia sea equitativa para todos. “La justicia que tarda no es justicia”, expresaron en la comunicación. Subrayando que los procesos judiciales que buscan la verdad no pueden tener una duración de manera irracional.
Finalmente, en el comunicado también se reconoce que corresponde a las instituciones competentes resolver cualquier cuestión relacionada con la validez de la Ley 32107. Y que la CEP no busca, con su postura, interferir en estos procesos, sino, reafirmar su rol como defensora de la verdad y la justicia dentro de los límites del ordenamiento legal.
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