La fiscal de la Nación Delia Espinoza solicitó, el último viernes 21 de febrero, al Poder Judicial dictar una medida de impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses contra Julio Demartini, exministro de Desarrollo y Inclusión Social.
La solicitud se da dentro del caso Qali Warma en donde se investigan los delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible.
La audiencia de impedimento, solicitada por la Fiscalía, se ha programado para el martes 4 de marzo de 2025 a las 8:30 a.m.
RUMBO AL VATICANO
El gobierno de Dina Boluarte ha decidido enviar al exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador del Perú en el Vaticano, en medio de las investigaciones que se le siguen por el caso Qali Warma. Pero el Ejecutivo se ha encontrado con una inesperada traba: la complicada salud del papa Francisco.
Perú21 conoció que la Cancillería aún no ha enviado la propuesta de Demartini por el temor de que la Santa Sede no la admita a trámite debido a que en ese Estado toda la atención está en la situación del sumo pontífice. Solo este puede aceptar la designación de embajadores.
Según los protocolos, el plazo para que un país acepte a un diplomático extranjero es de 30 días. Pasado ese tiempo sin comunicación, se interpreta que el representante del país solicitante no ha sido aceptado.
La plaza en el Vaticano está vacante desde el pasado 5 de febrero, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú dio por concluida las funciones de Luis Chuquihuara Chil.
BOLUARTE DECLARÓ POR CONSERVAS MALOGRADAS
Ayer, lunes 24 de febrero, la presidente Dina Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para declarar por el caso Qali Warma.
Según dijo el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, el caso por el que prestó declaraciones fue diferente al de Frigoinca. «Lo de hoy (ayer), caso Qali Warma, no es por el caso Frigoinca y lo acontecido hace unos meses, como equívocamente se está señalando. Es por otro caso, en condición de Ministra del Midis», dijo a Perú21 el letrado.
La defensa de Dina Boluarte aseguró que se trataría de «contratos firmados por terceras personas» en el mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
ENFOQUE REAL 