El Congreso de la República aprobó una reforma electoral que permitirá el retorno de la bicameralidad en el Perú. De esta manera, en las próximas elecciones, los peruanos deberán elegir representantes tanto para la cámara de senadores como para la de diputados.
La aprobación de esta norma generó controversia, ya que en un referéndum anterior, la ciudadanía se expresó en contra de la implementación de las dos cámaras. Sin embargo, los parlamentarios optaron por darle luz verde a esta medida, desoyendo la voluntad popular manifestada en las urnas.
Pero, el problema no queda ahí. Entre las reformas aplicadas a la normativa electoral, la Comisión de Constitución modificó el artículo 90 de la Constitución, estableciendo lo siguiente: “Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido cuarenta y cinco años al momento de la postulación (…)”
Este cambio convierte al Perú en el único país que exige la edad mínima más alta del mundo para ser senador, con 45 años, mientras que para postular a la presidencia de la República solo se requieren 35.
Este cambio limita la participación política de los peruanos y que de haber estado vigente, muchos de los actuales congresistas ni siquiera habrían podido postularse.
Esto reduce la competencia, especialmente en un país donde la mayoría de la población tiene menos de 45 años. De hecho, muchos congresistas del actual Parlamento no podrían postularse bajo esta exigencia”.
Sin embargo, ¿por qué los parlamentarios harían una norma que limita su postulación al Senado? Bueno, como era de esperarse, esta reforma no los afecta en nada, pues además de la edad mínima, otro de los requisitos para ser senador es haber sido congresista.
Este grupo de congresistas probablemente se presentará como candidatos al Senado en las elecciones de 2026, aprovechando un beneficio que, para muchos, es un claro conflicto de interés. Si bien es cierto que estos políticos tienen experiencia y trayectoria, no es menos cierto que esta reforma de la ley parece diseñada, en gran medida, para proteger sus propias aspiraciones políticas.
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