La madrugada del miércoles 23 de abril, efectivos de la Policía realizaron un operativo en el que se detuvo a 21 personas en un edificio de seis pisos en Ate. La detención se justificó en que los intervenidos, todos venezolanos, eran presuntos microcomercializadores de drogas y proxenetismo. Horas más tarde, la cifra de detenidos se redujo a 16. La Policía informó que en el operativo se halló un revólver, municiones y marihuana.
Poco tiempo después de que los intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, los sujetos fueron liberados por la Fiscalía. La fiscal Jéssica Gomero, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, justificó su liberación.
HUMO, HUMO
La representante de la Fiscalía acusó a la Policía de «vender humo». Además, aseguró que la Fiscalía recién fue avisada cuando se llevó a cabo la detención.
«En todo operativo debe, necesariamente, participar el Ministerio Público para acopiar las pruebas y que no hayan cuestionamientos posteriores», dijo a TV Perú.
Gomero señaló que cada uno de los 6 pisos del inmueble intervenido tenía varias habitaciones, pero cada compartían un baño por piso. En ese sentido, indicó que el arma se encontró en el baño del segundo piso.
«No solo han intervenido a las personas que están habitando en ese piso, sino a todos los varones del edificio», afirmó.
Asimismo, señaló que las personas intervenidas fueron todos los hombres del edificio y cuestionó que no se los haya detenido con los presuntos delitos que justificaban el operativo, sino por el hallazgo del arma. En ese sentido, consideró que hubo falta de pruebas.
«Tendría que justificarse ante un juez por qué razón estas personas tendrían que estar privadas de su libertad por el hallazgo de un revólver, una cacerina y unas tres municiones en un ambiente común en donde también habían niños, adolescentes, mujeres», indicó.
El coronel PNP Henry Chingay cuestionó la decisión fiscal: “Un arma de fuego y droga decomisada no son elementos probatorios siquiera para una investigación de quince días, como dice la ley. Creo que necesitaría ver a la persona ejecutando una muerte para recién iniciar una investigación”, manifestó.
ENFOQUE REAL 