En conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Municipalidad Provincial de Huaral, el abogado Edgar Rodríguez Leyva, defensor legal del alcalde Fernando Cárdenas, desbarató categóricamente la denuncia penal presentada por regidores de oposición, quienes los acusan por presuntos delitos de peculado de uso y falsificación de documentos.
La intervención del letrado dejó al descubierto que no hay ningún delito, sino que los hechos denunciados responden a una gestión legal, transparente y orientada al desarrollo de sectores históricamente olvidados. Con base en documentos oficiales, sustentos normativos y una clara interpretación jurídica, el reconocido jurista expuso por qué las acusaciones carecen de todo sustento penal.
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Rodríguez explicó que la denuncia parte de una interpretación errónea sobre la vigencia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional aprobado en junio de 2022, antes del inicio de la actual gestión edil, el cual establece líneas generales de trabajo conjunto como el mantenimiento de vías, capacitaciones y promoción del desarrollo económico.
Este convenio, aprobado por el Concejo Municipal y suscrito legalmente con la empresa Embotelladora Caral S.A.C., tiene una vigencia de cuatro años con renovación automática. En virtud de ello, sus efectos legales se extienden plenamente a la gestión actual sin necesidad de una nueva aprobación, incluyendo la autorización para el uso de maquinaria municipal en labores de mantenimiento vial, incluso en zonas donde opera la referida empresa.
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La denuncia también sostiene que la maquinaria pesada de la municipalidad habría sido utilizada para favorecer indebidamente a la empresa Embotelladora Caral. Sin embargo, la defensa presentó el Acuerdo de Concejo N.º 079-2022-MPH-CM, que autoriza expresamente el uso de maquinaria municipal para mantenimiento vial en diversos sectores del distrito.
Entre las zonas intervenidas figuran tramos que, si bien benefician también a la empresa mencionada, impactan directamente en comunidades enteras como Macatón, Huando y otros centros poblados, garantizando accesibilidad y conectividad rural.
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El abogado también cuestionó la ligereza con la que los regidores de oposición interpusieron la denuncia penal. En lugar de agotar los mecanismos legales de fiscalización, como solicitudes formales de información o la conformación de una comisión investigadora, recurrieron directamente al Ministerio Público sin tener pruebas materiales en mano.
“Una cosa es fiscalizar, otra es judicializar por presunciones infundadas. Eso no solo daña reputaciones, también compromete la institucionalidad y la imagen del municipio”, advirtió Rodríguez.
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Respecto al cargo de falsificación de documentos, el letrado fue enfático: no existe falsificación de documento alguno, ni en la forma ni en el fondo. Todos los documentos denunciados, convenio marco, convenios específicos y acuerdos de Concejo están certificados y archivados oficialmente.
“Hemos presentado como medios probatorios el acuerdo de concejo y los convenios debidamente certificados con todo el acervo administrativo, dejando en evidencia que la denuncia carece de hechos fácticos y pruebas objetivas. Aquí no hay falsedad, no hay dolo, solo transparencia”, recalcó.
Según el Código Penal, el delito de falsificación documental requiere la existencia de un documento falso y una clara intención de alterar la verdad. Nada de eso se configura en este caso.
“Estas denuncias sin fundamento legal terminan afectando el clima de gobernabilidad y podrían poner en riesgo la continuidad de inversiones clave para el desarrollo local, especialmente en un contexto estratégico como el del megapuerto de Chancay”, concluyó Rodríguez Leyva.
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