¿Cómo resolver la crisis de la Fiscalía?
Más allá del hecho bochornoso, lo cierto es que hay una decisión administrativa de reposición en el cargo a la doctora Patricia Benavides. En aplicación del principio de legalidad, esa decisión debe ser acatada. Lo que no implica que, si alguien se siente afectado, interponga los recursos impugnatorios correspondientes. Eso fue lo que hizo la doctora Benavides en su momento: fue destituida por la JNJ, utilizó los mecanismos procesales que le franquea la ley y ha sido repuesta. Nos movemos en el marco del mundo del derecho.
Hay un falso debate en torno a la unanimidad.
Hay dos interpretaciones. La primera es que la JNJ se regula con base en su ley orgánica, que es una ley posterior y una norma especial. Y las reglas de interpretación del derecho dicen que las normas posteriores imperan sobre las normas anteriores en el tiempo. Y que las normas especiales rigen por encima de las normas generales. Esta ley orgánica establece que, convocada la sesión y existiendo el quorum, se adopta la decisión con las dos terceras partes. En lo que se refiere a la supuesta aplicación de la Ley General de Procedimientos Administrativos, esa exige unanimidad, pero unanimidad de los miembros que participan y toman una decisión. El doctor (Francisco) Távara se inhibió de participar, y esa inhibición no puede impedir que la sesión se lleve a cabo y que los partícipes tomen una decisión. Y si fue una decisión por unanimidad, en consecuencia, estaríamos dentro
de esa regla.
El doctor Francisco Távara debió ir a votar.
Lo que debió hacer el doctor Távara, y no hizo, fue asistir a la audiencia y emitir su voto en contra. En consecuencia, allí no habría anomalía. En primer lugar, hay una confusión de la norma aplicable. Y en segundo lugar, en el supuesto negado de que no fuera la ley orgánica, tampoco habría infracción a la norma.
Los defensores de Delia Espinoza confunden la fecha de nombramiento de Benavides con la fecha en que asume funciones.
Fue destituida siendo fiscal de la Nación. Corrigiéndose el abuso, la infracción al debido proceso y el derecho a la defensa, se declara nula la resolución y se le repone en su cargo. Tiene derecho a ejercerlo hasta el 1 de julio, que cumple el plazo. Es un acto restitutivo que no es inejecutable, como han dicho.
¿Caben procesos disciplinarios?
Mal aconsejada la exfiscal de la Nación. En vez de hacer vigilias y colocar velitas, debió presentar su recurso impugnatorio. En estos momentos, formalmente, legalmente, la fiscal de la Nación es la señora Benavides porque así lo ha dispuesto la JNJ. Ejercer el cargo sin título habilitante implica usurpación de funciones, que es un tema penal; una infracción a la Constitución, lo que ventilará en su momento el Congreso; y un procedimiento administrativo disciplinario ante la JNJ. Espero que no se lleve a cabo. Lo que debió hacer la exfiscal de la Nación es recibir a la doctora Benavides, señalar que no comparte su punto de vista, invitarla a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos y deliberar el tema.
La Fiscalía ha pedido la suspensión de Benavides en audiencia del 24 de junio.
Pareciera que me estoy ensañando, pero, con todo respeto, es totalmente absurdo. Se pide un periodo de suspensión para alguien que, según la exfiscal de la Nación, no está en ejercicio. ¿Cómo se puede pedir que se le suspenda a alguien en un cargo que no ejerce? Además, la situación que invoca para la suspensión está en manos del Congreso.
“VIZCARRA ESTÁ GANANDO TIEMPO”
¿El primer ministro se entrometió en el caso PPK?
Al fiscal se le va la paloma y omite pedir la renovación de las medidas cautelares. Al Poder Judicial se le olvida comunicar a Migraciones que no existen restricciones para la libertad de tránsito de PPK. Al premier se le ocurre llamar a las autoridades del Poder Judicial para que adelanten una audiencia. Y el Poder Judicial, cual soldado recluta, acepta y admite esa interferencia. Es una situación bastante lamentable. Esto demuestra el grado de deterioro de nuestro sistema judicial y la necesidad urgente de una reforma. No da para más.
¿La presidenta puede verse reflejada en PPK? El próximo gobierno politizará su caso…
La señora Boluarte va a tener un periodo pospresidencial complicado, por sus denuncias y el descrédito personal por su falta de transparencia. La coyuntura no le va a resultar favorable.
Pedro Castillo busca politizar su caso. No quiere que lo inhabiliten para postular al Congreso.
Castillo no está impedido de postular. Podría suceder lo de ‘Goyo’ Santos. La expectativa de Castillo es pasar al ámbito internacional, dando la hipótesis de un juicio político y una “‘dictadura parlamentaria”. Me parece bien lo que hace la sala. No está cayendo en ese juego.
Martín Vizcarra va a la CIDH, como Alan en 2001.
Vizcarra está ganando tiempo para que venza el periodo de restricción y pueda huir de la justicia. Es una hipótesis planteada por el servicio de inteligencia. Pero tiene varias inhabilitaciones. El proceso está por terminar. Y no hay duda de que se han probado las imputaciones y va a ser condenado. Las pruebas y testimonios son contundentes. Con Alan García hubo una persecución, una ley anti-Alan que establecía que no había prescripción. El Poder Judicial y el Ministerio Público estaban sometidos al poder político, con Blanca Nélida Colán, el ‘Chino’ Rodríguez y los vocales supremos que recibían su sobrecito en el SIN. Una situación totalmente diferente. Hoy tenemos un mal sistema de administración de justicia, pero vivimos una democracia.
El Congreso ha creado una comisión investigadora por la muerte de Alan García.
Es un gesto importante. Las manifestaciones de fiscales claramente afiliados a una línea política empujaron a Alan García a ese suicidio, motivado por una vil persecución. No se pueden repetir estos actos. No se puede utilizar la función fiscal para actos de aniquilamiento político.
A Ollanta Humala se le viene otro caso y otra posible condena: Gasoducto Sur Peruano.
El de lavado de activos no va a prosperar (en segunda instancia). No se ha demostrado que la fuente sea ilícita. Que haya dispuesto ese dinero para fines personales sería defraudación tributaria. Pero en la construcción de carreteras está superevidenciado. Y por eso Ollanta Humala (también) va a ser condenado. No hay ninguna duda, como con Toledo y Vizcarra.
¿La Diroes se ampliará con un pabellón femenino?
Es posible. Son tantas denuncias las que tiene la señora (Boluarte). No sería extraño que en algún momento se pida una medida cautelar, con razón o sin ella. Creo que van a tener que construir el segundo piso para mantener el área de usos comunes. Hay para dos o tres reclusos más.
ENFOQUE REAL 