El Pleno el Congreso de la República aprobó, por unanimidad (106 votos a favor), el dictamen, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para fortalecer la lucha contra el delito de sicariato. La propuesta fue exonerada de una segunda votación.
La modificación señala en su artículo 108-C sobre el sicariato: «El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda».
Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario.
También se establece que será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si el sicariato se realiza valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar el delito.
“El sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según los datos de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los homicidios dolosos ligados a sicariato han aumentado dramáticamente en los últimos años, con promedios de tres asesinatos por encargo diarios en el año 2024”, sostuvo el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Solórzano.
“Este fenómeno impacta no sólo en la vida e integridad de las personas sino también en la seguridad ciudadana. El orden interno y la economía afecta el transporte, el comercio y los servicios públicos. El dictamen responde a la obligación del Estado conforme el artículo 44 de la Constitución de garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de los ciudadanos”, acotó.
Añadió que el objetivo de la norma es endurecer las penas tipificadas en el artículo 108C, sicariato y 108D, que es sobre conspiración y ofrecimiento para sicariato, ampliar agravantes.
“Responde a la crisis de seguridad ciudadana considerando que en el año 2023 se registraron más de 570 mil denuncias por delitos con fuerte presencia de homicidios y extorsiones, además cierra vacíos legales, fortalece la punición de las fases previas al sicariato”, indicó.
Cruz Solórzano subrayó que “el dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es críticamente sólido, constitucionalmente legítimo y socialmente necesario, más aún en estos tiempos y su aprobación permitirá alinear el Código Penal con la magnitud de la amenaza del sicariato y el crimen organizado, sin vulnerar principios como la proporcionalidad o el debido proceso”.
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