Desde el 2023 hasta el 25 de setiembre de este año, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha separado a 2,160 docentes y administrativos que se encuentran condenados o procesados por diversos delitos graves, informó dicho portafolio.
Si bien la aplicación de la Ley 29988 se inició en Gobiernos anteriores, es en la actual gestión en la que se está ejecutando de manera más rigurosa y sostenida, alcanzando la cifra más alta en la historia del sistema educativo, y consolidando una política activa y firme para preservar la seguridad de los niños y adolescentes.
De ese total, 1835 son docentes y 325 son administrativos y trabajaban en 1829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados.
Ellos están condenados o procesados por los delitos de violación a la libertad sexual (1813), terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41), secuestro (36), proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos (29) y proxenetismo (13).
Asimismo, por pornografía infantil (9), feminicidio (9), por violación de la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual (7), trata de personas (4), secuestro extorsivo (2), parricidio (2), violación de la libertad sexual / proxenetismo (1) y sicariato (1).
Refuerzo de medidas en 2024
Estas acciones contra los malos elementos infiltrados en el magisterio y la administración de las instituciones educativas se intensificaron entre el 1 de abril de 2024 y el 25 de setiembre de este año.
En este periodo, fueron separadas en el ámbito nacional 1165 personas: 1000 docentes y 165 administrativos que trabajaban en 1024 colegios públicos y 141 colegios privados. De ellas, 176 fueron separadas definitivamente y 989 fueron apartadas de manera preventiva.
ENFOQUE REAL 