Poder Judicial ordenó su captura
El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del Fiscal Cristhian Manrique Mendoza logró que se imponga cinco años de pena privativa de la libertad efectiva contra José Antonio Eustaquio Fernández, exfuncionario de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Lima, tras probar su responsabilidad en la apropiación ilícita de fondos públicos, valiéndose del cargo que ostentaba.
Según la investigación fiscal, en junio del 2020, el sentenciado José Eustaquio contactó a su coacusado Aníbal Abad Arce Acosta, a quien conocía desde hacía aproximadamente dos años, con el objetivo de simular una contratación de servicios administrativos. Ambos acordaron que Arce Acosta recibiría el pago de S/ 3,000.00 por un servicio que nunca sería prestado.
Para consumar el acto ilícito, José Eustaquio formuló un requerimiento ficticio de contratación —Pedido de Servicio N.º 753 del 24 de junio de 2020— solicitando un asistente administrativo. En los términos de referencia incluyó la descripción del servicio y los requisitos mínimos, todo ello sin justificación real ni necesidad institucional.
Posteriormente, el 6 de agosto de 2020, el mismo acusado, en su condición de Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, emitió el Acta N.º 633-2020 otorgando la conformidad del supuesto servicio, pese a que no se adjuntó ningún producto ni evidencia del trabajo realizado, en clara contravención a la Directiva Administrativa N.º 008-2018-DG/OEA, que regula la contratación de servicios menores a seis UIT.
Ese mismo día, el coacusado Arce Acosta emitió un recibo por honorarios electrónicos y presentó su carta de autorización de pago, indicando una cuenta del BBVA Banco Continental. La transferencia por parte de la DIRESA se ejecutó el 3 de septiembre del 2020.
La maniobra fue descubierta a raíz de una denuncia anónima recibida en septiembre del 2020 por el correo institucional de la fiscalía. Tras las diligencias correspondientes y una visita in situ el 9 de noviembre de ese año, se obtuvo documentación que evidenciaba la simulación del proceso de contratación y la ausencia de cualquier producto o informe que justificara el pago realizado.
ENFOQUE REAL 