Durante una reciente visita a Chancay, Carla García, hija del expresidente Alan García, presentó a Juan Álvarez Andrade como la opción aprista para Lima provincias. El anuncio generó reacciones inmediatas entre sectores de la población, que recuerdan que el burgomaestre fue condenado en 2023 a cinco años de prisión suspendida por disposición irregular de bienes públicos.
Según consta en la sentencia del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, presidido por el juez Víctor David Minchán Vigo, Álvarez Andrade fue hallado culpable de entregar de forma ilegal la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay a particulares. El fallo considera que dicha cesión favoreció a terceros de manera indebida, configurando el delito de peculado, conforme al artículo 387 del Código Penal.
Aunque la condena es suspendida, conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría impedir legalmente que Álvarez Andrade continúe en carrera electoral. No obstante, el precandidato ha insistido en que todo forma parte de una “campaña política” en su contra, versión desestimada por el tribunal, que señaló su responsabilidad penal directa sin dejar lugar a dudas.
En su defensa, el alcalde afirmó que no entregó la administración formalmente, sino que solo “encargó” el cuidado de las instalaciones. Sin embargo, el juzgado fue claro: cualquier acto de disposición de bienes públicos sin el respaldo legal correspondiente constituye peculado, sin importar la forma en que se pretenda justificar.
La presencia de un sentenciado por corrupción como precandidato regional reabre el debate sobre los filtros éticos y legales en los partidos políticos, así como el respeto a la ley en tiempos electorales.
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