El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atraviesa un momento crítico, entre denuncias por corrupción contra el más alto funcionario, el jefe Iván Emilio Paredes Yataco, constantes operativos del Gobierno en penales y una huelga indefinida declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo. En medio de la crisis, el gobierno del presidente José Jerí afirmó que busca reemplazar al INPE con la creación de la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), como parte del paquete de reformas de seguridad ciudadana.
El secretario general del sindicato de trabajadores (SINTRAP – INPE), Ángel Llancari, advirtió que la medida “genera preocupación” entre el personal y cuestionó la información con la que el Ejecutivo estaría trabajando. Según explicó a La República, los trabajadores consideran que el problema de fondo no radica en la estructura institucional, sino en la falta de medidas efectivas para enfrentar la corrupción en los niveles más altos del INPE. Además, afirmó que los nueve sindicatos de la institución están debatiendo para acatar una huelga nacional indefinida.
Critican manejo de la corrupción y uso del polígrafo
El dirigente cuestionó que, desde el Gobierno, se haya difundido la idea de que la corrupción proviene principalmente de los trabajadores, cuando, según afirma, los mayores riesgos se encuentran en los funcionarios y cargos de confianza, quienes deciden políticas y administran presupuesto. Recordó que el uso del polígrafo dentro del INPE existe desde 2021 y que su aplicación estaba dirigida justamente a quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad.
Según Llancari, estos puestos incluyen jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, directores regionales, directores de penales, subdirectores y jefes de seguridad. Para el sindicato, la falta de aplicación del polígrafo en estos niveles favoreció que se mantengan prácticas que debilitan la transparencia interna. “Son ellos los que deciden las políticas de trabajo (…) Si ponemos directores que son puestos a dedo y que no tienen intención de combatir la corrupción, esa va a seguir siendo la política”, remarcó el líder.
Cuestionamientos al actual presidente del INPE
Un tema controvertido es la continuidad de Iván Paredes como presidente del INPE, quien enfrenta una denuncia por presunto cobro de sobornos. Según un audio, se le acusa de haber solicitado 80.000 dólares a cambio de facilitar la liberación de un expolicía condenado por secuestro.
Para el sindicato, las acusaciones en su contra afectan la imagen de toda la institución y dificultan cualquier intento de reforma real. “Estamos hoy en día en total desacuerdo con la presencia del presidente del INPE”, afirmó Llancari, quien añadió que los cuestionamientos “no han sido aclarados” y que eso “no nos garantiza la estabilidad que necesitamos”. Según indicó, el presidente José Jerí habría sido “mal informado” respecto al estado real del INPE, lo que estaría afectando las decisiones tomadas en torno a la propuesta de crear una nueva superintendencia.
Huelga por incumplimiento de acuerdos y retrasos
El sindicato confirmó que la huelga del personal penitenciario sigue en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Llancari afirmó que la institución ha incumplido acuerdos previos y ha retrasado la entrega de información técnica, especialmente en temas de valorización de bonificaciones por seguridad. “Nos vienen postergando lo que hace mucho tiempo veníamos pidiendo”, dijo. Aseguró que, pese a que el INPE presentó un resumen sobre las valorizaciones, este no ha sido compartido con los trabajadores, lo que impide verificar si corresponde a lo solicitado.
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