Una nueva sombra se cierne sobre las contrataciones del Gobierno Regional de Lima (GRL). El Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cristal Rufina Quispe Cisneros, luego de que el Órgano de Control Institucional del propio Gobierno Regional detectara indicios de una contratación presuntamente ilegal.
El caso gira en torno a la Orden de Servicio N.° 606-2023, emitida el 15 de marzo de 2023 por S/ 7 000. Según el informe de control, Quispe Cisneros no podía contratar con el Estado porque se encontraba dentro del ámbito de impedimentos al ser hija de Arístida Rufina Cisneros Flores, quien en ese periodo ejercía como directora regional de Educación de Lima Provincias, un cargo público de confianza designado por el propio Gobierno Regional.
El impedimento es claro: la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares directos de funcionarios con poder de decisión contraten con la entidad donde estos ejercen autoridad. Aun así, la contratación se consumó.
Pero hay un hecho que agrava el caso: el Gobierno Regional de Lima no respondió el requerimiento de información del Tribunal, pese a haber sido solicitado mediante Decreto N.° 668661. Es decir, el GRL —que hoy figura como agraviado— no colaboró oportunamente con la investigación, dejando abierta la interrogante sobre por qué no se entregó documentación básica que podría haber esclarecido el proceso.
Ante estos elementos, el Tribunal decidió abrir procedimiento sancionador. De confirmarse la infracción, Quispe Cisneros podría ser inhabilitada entre 3 y 36 meses para contratar con el Estado.
La notificación advierte que todas las actuaciones posteriores —incluida la resolución final— serán comunicadas a través del sistema digital Toma Razón Electrónico, un mecanismo implementado precisamente para evitar dilaciones, pérdidas de documentos o maniobras administrativas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones en el Gobierno Regional de Lima y la falta de controles internos que, como en este caso, permiten que procesos que deberían ser transparentes terminen señalados por conflictos de interés, falta de supervisión y riesgos de direccionamiento.
Este informe queda abierto mientras se esperan los descargos de la involucrada y la resolución final del Tribunal. Entretanto, persiste la misma pregunta que siempre rodea a estos casos:
¿Simple descuido administrativo o un patrón persistente de irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional de Lima?
Fuente: Noticias Huacho
ENFOQUE REAL 