Una nueva denuncia explosiva sacude la Municipalidad Provincial de Huaral: un trabajador del área de Ejecutoria Coactiva habría cobrado S/ 3,500 como presunta coima para “borrar” una deuda en pleno proceso de embargo. El ciudadano afectado presentó la transferencias y chats que comprometen directamente a Miguel Mallque Novoa, quien habría recibido el dinero en su cuenta personal, un acto absolutamente prohibido y que, de confirmarse, configuraría delitos graves como cohecho, estafa, concusión y falsedad genérica.
El escándalo golpea directamente a la Gerencia de Administración Tributaria, liderada por la cuestionada Marita Dina Ángel Acuña, a quien el testimonio vincula a Mallque Novoa como su persona de confianza. La denunciante relata que el trabajador justificó retrasos asegurando que estaba “coordinando internamente” y que “la gerenta estaba en comisión”, insinuando que los pagos ingresaban a un circuito oscuro dentro del área. Si esta coima se confirma, la pregunta es inevitable: ¿Cuántos cobros más se habrían producido en un espacio donde nadie fiscaliza lo que se recauda?
La sombra de irregularidades sobre Marita Ángel no es nueva. Bajo su gestión se perdió un proyector multimedia sin explicación, como tampoco se investigó el accidente ocasionado por su querido trabajador Minoru Tanaka, quien dañó una miniván municipal por conducir a exceso de velocidad. El vehículo permanece hoy tirado como chatarra en el Mercado García Alonso, símbolo palpable del encubrimiento y la impunidad. Ningún responsable fue sancionado, nadie respondió y todo ocurrió bajo su descuido… o bajo la protección de la gerente.
La red que podría estar operando dentro de la Gerencia de Administración Tributaria y la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, apuntaría a un sistema organizado. La firma de la subgerente Gisella Ramírez Valladares aparece incluso en un supuesto recibo vinculado al caso, lo que abre la puerta a una posible estructura más amplia de manejo irregular de deudas, arreglos internos y cobros clandestinos. Si nadie controla, si nadie audita y si nadie responde, ¿qué otros negocios se podrían tejer en esas oficinas?
El denunciante indignado buscó soluciones, pero Mallque Novoa, quien además es el presidente de la Novena Cuadrilla del Señor de los Milagros, le prometió “resolver el problema antes del mediodía”, pero nada de eso ocurrió. La ciudadanía exige intervención del Ministerio Público y una auditoría total al área, porque lo que empieza como una transferencia de S/ 3,500 podría ser, en realidad, la puerta de entrada a una mafia enquistada en la gerencia de Administración Tributaria, operando bajo la sombra, sumado a la inacción de los regidores quienes deberían garantizar la transparencia de la recaudación.
Fuente: Central de Noticias
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