La sentencia contra Rosa Vásquez revela un patrón grave en la gestión del proyecto del Centro Cívico de Matucana. Durante su periodo como alcaldesa, el presupuesto inicial de S/ 1.6 millones terminó duplicándose hasta superar los S/ 3.2 millones. La investigación judicial determinó un perjuicio económico acreditado superior a S/ 1.34 millones.
A ello se suma un hecho particularmente alarmante: la existencia de una resolución municipal duplicada, con la misma fecha y numeración que la original, pero con un presupuesto incrementado. La pericia grafotécnica concluyó que aquel documento fue falsificado.
Aunque Vásquez delegó algunas funciones, el tribunal señala que nunca perdió el deber de cautelar los intereses públicos. Los cuadernos de obra advertían retrasos, escasez de materiales y fallas de ejecución. Ninguna de estas señales fue atendida. El gasto se amplió sin sustento técnico y la obra quedó inconclusa, sobrevalorada y convertida en un ejemplo de cómo la mala gestión pública permite que los recursos estatales se diluyan entre papeles y sellos.
La sentencia también pone en evidencia un problema mayor: la crisis ética en la función pública. En un país golpeado por la corrupción, que una autoridad actualmente a cargo de un presupuesto regional significativo arrastre una condena por peculado y falsificación genera una preocupación legítima. No es solo un caso en Huarochirí: es un golpe directo a la confianza ciudadana y un mensaje peligroso de tolerancia a la impunidad.
La pregunta es inevitable:
¿Cómo puede mantenerse en el poder una funcionaria cuya conducta, de acuerdo con una sentencia firme, vulneró la ley y la confianza pública?
La ciudadanía tiene derecho a exigir principios básicos: honestidad, responsabilidad y respeto al cargo. En este caso, la justicia ya ha establecido que esos deberes fueron incumplidos.
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