El decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche por el régimen transitorio de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso», asegura a este diario Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.
El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días. El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados, según pudo conocer La República, bajo el argumento de recorte de costos.
La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos. «Esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas», afirma el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.
Petroperú: el problema no es la planilla
El costo anual de la planilla de Petroperú representa menos del 5% del ingreso total de la empresa, según los estados financieros de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), presentados por Petroperú y revisados por este diario de los periodos 2023, 2024 y 2025 (disponible a setiembre de 2025), por lo que no es a todas luces el factor central de su desfinanciamiento. «El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de optimización», advierte.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo. En el caso Petroperú, se derivaría en costos inmediatos elevados, como indemnizaciones, liquidaciones, provisiones contables, asesorías legales y eventuales procesos judiciales que pueden extenderse durante años.
A contraparte, la deuda acumulada de la petrolera estatal bordea los US$7.000 millones, una cifra que no se ve afectada por recortes laborales ni por la eventual venta de activos inmobiliarios.
Incluso la venta del edificio central de Petroperú, tasado entre US$200 millones y US$500 millones, apenas tendría un impacto marginal frente al tamaño de la deuda. «No hace ni cosquillas a la deuda», afirman fuentes del sector.
Señalan que antes de ejecutar recortes laborales corresponde investigar las gestiones y decisiones de anteriores responsables, incluyendo a «Hugo Velásquez Salazar, Carlos Paredes Lanatta, Óscar Vera, entre otros exfuncionarios y directivos, y priorizar medidas que corrijan privilegios, ineficiencias estructurales y fallas de gestión, sin destruir capacidades internas que Petroperú necesita para sostener sus operaciones y encarar una eventual recuperación».
Para los trabajadores, un factor pernicioso del decreto es la inminente venta de activos estratégicos, que van desde inmuebles hasta unidades como la Nueva Refinería de Talara, no solo considerada el principal activo industrial de la empresa, sino el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones. «El principal interés privado no está en salvar a Petroperú, sino en capturar su activo más valioso: la Nueva Refinería de Talara», sostiene Aurelio Ochoa.
La norma autoriza la reorganización de activos en bloques patrimoniales y faculta a ProInversión a definir su transferencia, lo que abre el camino de un desmantelamiento progresivo de la empresa. «Están particionando la empresa. Este es un gobierno transitorio que quiere dejar armado un cambio estructural sobre las empresas estatales. No sé si se vaya a cumplir, pero la intención es clara», afirma.
Despidos en puerta y nueva gerencia en Petroperú
Fuentes del sector advirtieron a La República que asumiría un nueva gerente general en Petroperú, cargo que recaería en Zenaida Calderón, quien el pasado 30 de diciembre sostuvo una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Al día siguiente, ambas acudieron al Ministerio de Energía y Minas para reunirse con el ministro Luis Bravo y la presidenta de Petroperú, Elba Rojas, tal como lo demuestran los registros de visitas. En comunicación con este diario, Calderón rechazó sobre dicho nombramiento y señaló que no existió comunicación sobre ese tema en las reuniones que sostuvo.
La eventual designación estaría orientada a ejecutar la ola de despidos amparada en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 pertenecientes a todas sus unidades de negocio de Petroperú. Según pudo conocer este medio, las primeras cartas de cese, muchas ya redactadas, alcanzarían al personal administrativo de la sede central de San Isidro, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con sanciones o memorandos internos, entre otros perfiles que vienen siendo evaluados.
No solo administrativos
El drástico recorte de personal no se limitaría a áreas administrativas. Los ajustes alcanzarían también a operaciones críticas, como el Oleoducto Norperuano y las refinerías de Conchán y Talara, que concentran personal altamente especializado. «La pregunta es quién va a operar las refinerías, los lotes y los terminales si se despide a esa masa laboral», sostienen. «Se corre el riesgo de provocar el colapso por falta de personal para luego justificar las privatizaciones», alertan.
Cabe señalar que Petroperú abastece de combustibles a hospitales, aeropuertos, Fuerzas Armadas y regiones donde el sector privado no tiene presencia, especialmente en la Amazonía. En regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la empresa estatal concentra más del 85% del mercado en zonas donde no existe una presencia del sector privado.
En un escenario de crisis sanitaria o emergencia nacional, advierten, dejar estas funciones en manos exclusivas del sector privado debilitaría la capacidad del Estado para garantizar el suministro.
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