El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y experto en minería, energía y petróleo, Jorge Manco Zaconetti, advirtió que Petroperú carga con millonarias obligaciones que el Estado no le reconoce como los costos del Oleoducto Norperuano, las ventas de combustibles en la Amazonía, donde concentra cerca del 85% de sus operaciones porque los privados no quieren abastecer esa zona, y devoluciones pendientes del IGV, mientras enfrenta una fuerte inestabilidad por el constante cambio de directorios.

En tal amargo escenario, plantea “blindar” la conducción de la petrolera estatal y recuperar una ley que garantizaba estabilidad mínima de tres años a sus directores.

—El Gobierno ha aprobado un decreto de urgencia para respaldar hasta por US$2.000 millones un financiamiento privado para Petroperú. ¿Cómo recibe esta medida?

No deja de ser una buena noticia. Ya era esperada y quizás estaba tardando. Pero hay que entender que este endeudamiento tiene como contraparte no a Petroperú, sino a ProInversión, y eso ya implica costos de intermediación. Además, estamos hablando de un alivio insuficiente porque los pasivos corrientes superan los US$3.600 millones y solo los pasivos financieros bordean los US$1.900 millones. Entonces es una cantidad insuficiente. Es un respiro que apunta a la privatización.

—¿Entonces el monto aprobado no alcanza para estabilizar a la empresa?

Tengo entendido que la anterior presidencia de Petroperú solicitaba US$2.500 millones. Estos US$2.000 millones sirven básicamente para pagar proveedores y parte de la deuda financiera de corto plazo. Pero debería aprovecharse para reperfilar la deuda que vence en 2030, 2032 y 2045.

—El Gobierno insiste en que no habrá recursos directos del Tesoro Público. ¿Eso genera más confianza?

Sí. Hay una señal positiva hacia afuera porque es el Estado peruano el que está garantizando este endeudamiento. Eso es un reconocimiento de la solidez de la economía peruana hacia afuera. Hay confianza del inversionista, pero el problema es interno con la inestabilidad política que existe estando próximos a un proceso de segunda vuelta, lo recomendable es que todo lo referido al decreto 010-2025 quede en espere y que sea el nuevo gobierno que tome cartas en el asunto.

Petroperú es una empresa rentable siempre y cuando sus accionistas como el Ministerio de Economía y de Energía y Minas reconozcan las distintas deudas inusuales que le cargan a Petroperú.

Petroperú ha reducido su nivel de refinación a 60.000 barriles diarios, pese a tener una capacidad cercana a los 100.000 barriles en la nueva Refinería de Talara.

—¿Qué le preocupa entonces de este esquema?

Mi principal crítica es la intervención de ProInversión. No tiene los cuadros ni la experiencia en el manejo de empresas petroleras. Tanto es así que tiene que recurrir a empresas transnacionales como Deloitte para supervisar este proceso. Mientras no se derogue o archive el Decreto de Urgencia 010-2025, Petroperú sigue con una espada de Damocles.

«ProInversión busca asfixiar a Petroperú para reprivatizarla»

—¿Por qué considera delicado el rol de ProInversión?

Porque ProInversión está en una lógica privatizadora. El enemigo está dentro del Estado. La idea es asfixiar a Petroperú para luego privatizarla por partes, por bloques patrimoniales. Ellos dicen que no se privatizará, sino que se concesionará, pero es lo mismo.

—¿Petroperú sigue teniendo un rol estratégico?

El 85% de las ventas de Petroperú se hacen en la Amazonía y a los privados no les interesa abastecer esa zona por la recuperación tardía del impuesto general a las ventas (IGV). Petroperú termina asumiendo ese costo porque tiene un rol estratégico y de abastecimiento que el privado no quiere cubrir.

«Abastecimiento en la Amazonía mientras los privados evitan operar en la zona»

—¿Este financiamiento podría ayudar a recuperar operativamente a Petroperú?

Dependerá de la visión que exista. Si hubiera una apuesta de fortalecimiento, estos US$2.000 millones podrían servir para reprogramar deuda y darle sostenibilidad. Pero ProInversión apuesta más por reprivatizar activos.

—Petroperú reportó utilidades positivas en el primer trimestre del año. ¿Eso muestra una recuperación real?

Después de casi cuatro años, Petroperú arrojó utilidades positivas por US$133 millones y esto es un signo de confianza. Pero eso no significa que la empresa ya esté saneada. Las ventas siguen cayendo y hoy Petroperú vende menos del 19% del mercado.

—¿A qué responde las cifras en azul de utilidades?

Porque funcionó la planta de Flexicoking y se utilizaron inventarios comprados cuando el petróleo estaba barato. Hoy los márgenes de refino (ganancias para procesar crudo) están muy altos, sobre los 50%. Es básicamente eso. Pero no es sustentable por la enorme carga de pasivos que tiene la empresa.

La Refinería de Talara podría producir alrededor de 95.000 barriles diarios de diésel limpio, pero hoy el diésel no llega ni a 15.000 barriles al día. Parte del problema es que en 2024 se manejó políticamente el Flexicoking y esa unidad estuvo paralizada gran parte del año.

—¿La situación financiera sigue siendo crítica pese a estas ganancias?

Claro. El capital de trabajo sigue siendo negativo. Petroperú tiene alrededor de US$1.500 millones negativos en capital de trabajo y de ese financiamiento probablemente solo le suelten US$500 millones inicialmente. Eso sirve para pagar las cuentas más urgentes.

«Petroperú mantiene una situación financiera crítica pese a sus utilidades»

—Usted ha mencionado que Petroperú carga con obligaciones que afectan su situación financiera. ¿A qué se refiere?

Por ejemplo, Petroperú asume más de US$100 millones anuales en mantenimiento y supervisión del Oleoducto Norperuano, y aun así el ducto es perforado. También tiene pérdidas por las ventas en la Amazonía debido a la devolución tardía del IGV. Además, el Estado le debe casi US$2.000 millones vinculados al IGV de maquinaria importada para la Refinería de Talara.

—¿Qué tan determinante es la inestabilidad política dentro de la empresa?

Es gravísimo. Este ya es el cuarto directorio en pocos meses. ¿Qué empresa puede funcionar eficientemente cambiando presidente y directorio cada rato? Lo que debe hacer el próximo gobierno es blindar el directorio de Petroperú y devolverle estabilidad. Antes existía una legislación que garantizaba una estabilidad mínima de tres años para los directores y eso se perdió.

La inestabilidad política impide que Petroperú recupere gobernanza y capacidad de gestión

—¿Ve posible una privatización en el próximo gobierno?

Eso va a depender del próximo gobierno. Yo estoy seguro de que si gana la señora Keiko, Petroperú se va a privatizar sí o sí. Hoy la lógica de ProInversión apunta a concesionar o reprivatizar bloques patrimoniales. La joya de la corona es Talara; luego vienen Conchán y los terminales del sur, donde están las mineras, son bocatos apetitosos para el sector privado.

¿Por qué considera peligrosa esa lógica de concesión o privatización?

Porque ya vimos lo que pasó con La Pampilla. Se privatizó por US$272 millones y desde entonces ha generado más de US$72.000 millones en ingresos por ventas. El Estado se deshizo de un activo estratégico a precio muy bajo.

«El Estado malvendió activos estratégicos tras privatizar La Pampilla»

—¿Hay interés internacional en Talara pese a su deuda?

Con la deuda actual, difícilmente una transnacional occidental querrá asumir Talara. Quizás los chinos sí, porque tienen otra visión estratégica. Estamos hablando de una de las nueve refinerías más modernas en el mundo. O sea, por la parte de Flexicoking , son 16 unidades complejas.

—¿Cuál debería ser el enfoque del próximo gobierno con Petroperú?

Debería reconocer todos los costos y cargas que hoy asume la empresa. Petroperú puede ser rentable, pero necesita estabilidad, una visión de largo plazo y que el Estado reconozca las obligaciones extraordinarias que le impone.

«El reperfilamiento de deuda podría darle cinco años de alivio a Petroperú»

—Entonces, si hubiera una estrategia clara de visión empresarial, ¿la salida vía reperfilamiento sería la ideal para Petroperú?

Sí. Si existiera una visión de largo plazo, el reperfilamiento podría darle tranquilidad financiera a la empresa por al menos cinco años. Pero si la lógica sigue siendo la del Decreto de Urgencia 010, difícilmente se avanzará por ese camino.

—Actualmente se discute justamente una eventual modificación o derogación del DU 010. ¿Lo han convocado al Congreso?

Sí, debió aprobarse la semana pasada, pero ahora están “buscando cuatro pies al gato”.

—¿Cree que prospere finalmente la derogatoria?

Depende mucho del Pleno. El presidente de la comisión, Victor Cutipa, puede tener buenas intenciones, pero sinceramente no creo que el Pleno apruebe la derogatoria del DU 010.

—Entonces, ¿qué necesita Petroperú?

Lo que se necesita es gobernanza. Un directorio técnico, estable y no político. Algo parecido a lo que ocurre con el directorio del Banco Central de Reserva. Eso mismo lo ha dicho Roque Benavides.

—¿Cómo funciona eso en otros países?

Chile, Colombia y otras empresas estatales de la región tienen directorios técnicos, conformados por especialistas reconocidos y con experiencia en gestión. Cambia el gobierno y los directorios de empresas como ENAP, Ecopetrol o Codelco no cambian. Hay estabilidad y gobernanza.

Blindar el directorio de Petroperú con estabilidad similar a la del BCR

—¿Qué pasa en el caso peruano?

Acá ocurre lo contrario. Desde febrero hasta hoy Petroperú ya ha tenido cuatro directorios distintos. Eso es un récord mundial para una empresa que alguna vez fue la principal compañía del Estado peruano.

—¿Se necesita volver a la ley anterior para recuperar esa estabilidad?

Claro. Existía una norma que daba tres años de estabilidad a los directores y solo podían ser removidos por falta grave o fallecimiento. Esa ley fue violentada por iniciativa del fujimorismo. Hoy los directores cambian permanentemente y así no puede existir estabilidad ni gobernanza.

—¿Eso afecta incluso las oportunidades comerciales?

Totalmente. Nosotros hemos comprado petróleo a Ecuador y Colombia, pero muchas veces no directamente a Petroecuador sino a intermediarios. Eso siempre genera sospechas.

—¿Por qué no se concretan relaciones directas entre empresas estatales?

Porque necesitas continuidad y estabilidad para negociar. Funcionarios de Petroecuador visitaron Talara y reconocieron que la refinería peruana podría procesar petróleo ecuatoriano. Hay cercanía geográfica y potencial de integración energética, pero ¿cómo negocias seriamente si acá el directorio cambia a cada rato?

—¿Ha existido antes mayor estabilidad en Petroperú?

Sí. Voy a decir una herejía. Incluso en la época de Fujimori hubo presidentes de Petroperú que permanecieron cuatro o cinco años. Hoy eso es imposible porque la mafia congresal ve a Petroperú como un botín político. ¿Dónde está ese botín? En las ventas mayoristas. Petroperú no tiene grifos; los grifos son privados y ellos fijan el precio final al consumidor. Petroperú es un mayorista más dentro de un mercado donde existen otros 12 mayoristas.

—¿Qué ejemplos internacionales podrían servirle al Perú?

Chile es un caso interesante. No tiene petróleo, produce apenas unos 5.000 barriles diarios y su consumo es más o menos 450.000 barriles, fuera del gas natural. Con eso resolvió su problema energético mediante infraestructura, cinco tubos que lo conectan con Argentina a diferencia de nosotros que tenemos uno y ya vimos las consecuencias cuando se paralizó el suministro de gas; dos unidades regasificadoras y planificación estatal de largo plazo.

—Sin embargo, Chile tiene combustibles más caros.

Sí, pero en Perú también tenemos precios altos. Después de Uruguay y Chile, somos de los países con combustibles más caros de Sudamérica. Y buena parte del problema es tributario: entre 20% y 25% del precio final corresponde a impuestos.

—Entonces, ¿qué debería hacerse con Petroperú?

Debe existir un consenso nacional. Porque dependiendo de quién gane las elecciones, unos querrán privatizarla y otros fortalecerla. Pero cualquiera sea el escenario, la empresa necesita estabilidad financiera y un directorio técnico, profesional y no político.

Datos:

• US$2.000 millones: aval aprobado por el Gobierno para que Petroperú acceda a financiamiento privado; sin embargo, la estatal arrastra más de US$3.600 millones en pasivos corrientes y casi US$1.900 millones en deudas financieras.
• US$133 millones: utilidades registradas por Petroperú en el primer trimestre de 2026 tras casi cuatro años de pérdidas, aunque hoy participa con menos del 19% del mercado de combustibles. 85% de las ventas en la Amazonía: porcentaje de operaciones que realiza Petroperú en esa zona porque, según Jorge Manco, a los privados “no les conviene” abastecerla debido a la devolución tardía del IGV.
• Más de US$2.000 millones: monto que, según Manco, el Estado adeuda a Petroperú por devoluciones pendientes de IGV y otros conceptos ligados a Talara y operaciones amazónicas; de ese total, unos US$800 millones corresponderían a maquinaria importada para la nueva refinería.
• US$1.500 millones negativos: capital de trabajo negativo que tendría Petroperú, además de asumir más de US$100 millones anuales en gastos del Oleoducto Norperuano.
• 95.000 barriles diarios: capacidad de procesamiento que podría alcanzar la Refinería de Talara operando cerca de su máximo potencial, con hasta 25 mil barriles diarios de diésel limpio, aunque actualmente produciría alrededor de 15.000 barriles de diésel por día