Petroperú: Gobierno de Balcázar ratifica decreto de la privatización, mientras alista aval por hasta US$2.500 millones

Pese a que meses antes de asumir la Presidencia firmó un proyecto de ley para derogar el decreto de urgencia 010-2025, que abre la puerta a la privatización de Petroperú, e incluso reiteró esa intención ante sindicatos hace unos días, el gobierno de José María Balcázar confirmó que la norma seguirá vigente. A la par, alista un esquema de respaldo financiero para la empresa bajo la figura de aval estatal.

La decisión fue ratificada la mañana de ayer por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien descartó la eliminación del decreto y adelantó que en los próximos días se anunciará el nuevo esquema para sostener a la empresa estatal, medida que según expertos consultados por este diario «ya está en retraso».

«Petroperú es una institución desgastada, ya sabemos la realidad que está pasando ahí. Se hablaba mucho que se iba a suspender el decreto de urgencia, pero no», señaló en Exitosa.

Aunque luego contrariamente, advirtió que la desaparición de Petroperú afectaría a las zonas más alejadas del país, donde, según sostuvo, la empresa privada difícilmente llega.

Gobierno optará por aval en lugar de inyección de recursos públicos

El premier también dejó entrever el mecanismo que utilizará el Ejecutivo para financiar a la petrolera, al precisar que no se utilizarán recursos directos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino un esquema de garantías. “De los fondos que tiene el Ministerio de Economía no va a salir de ahí. Va a salir como ciertas garantías de otros tipos de fondos”, indicó sin mayor detalle.

Esto implica que el Estado no inyectará recursos directamente, pero sí actuaría como garante para que Petroperú acceda a financiamiento en la banca privada. «Petroperú se está reflotando de otra manera. Esta semana que viene vamos a dar un anuncio definitivo, lo que hemos decidido de cómo debe quedar», finalizó.

La decisión de mantener el decreto 010-2025 marca un viraje respecto a la posición previa de Balcázar. El proyecto de ley n° 13695, que firmó como coautor siendo congresista, proponía derogar la medida al considerar que abría la puerta a un eventual debilitamiento o desmantelamiento de Petroperú.

La iniciativa en cuestión también criticaba la constitucionalidad del decreto, al advertir que no cumplía con el estándar de urgencia exigido por el Tribunal Constitucional.

Según apuntó a La República el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, Petroperú enfrenta serios problemas de liquidez que comprometen su operación diaria, cuya respuesta a la emergencia se está demorando.

“Sin financiamiento, evalúa paradas parciales y hasta el cierre temporal de operaciones. A lo mucho le alcanzaría una semana más”, advirtió.

Ochoa explicó que la Refinería de Talara, uno de sus principales activos, está operando por debajo de su capacidad debido a la falta de capital de trabajo. “Podría estar procesando 95.000 barriles diarios, pero está alrededor de 60.000 en plena crisis de combustibles”, detalló.

A ello se suma la pérdida de participación de mercado de la empresa, que cayó de 36% en 2021 a 25% al cierre de 2025.

«Falta de estrategia integral en el manejo de Petroperú»

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) cuestionó la decisión del Gobierno de no suspender el Decreto de Urgencia 010-2025 y advirtió que el esquema de garantías para un nuevo endeudamiento podría agravar la crisis de la empresa, en lugar de resolver sus problemas.

El gremio alertó además sobre una «preocupante ausencia de sentido de urgencia» y una contradicción en el Ejecutivo, toda vez que mientras se reconoce que la petrolera es una empresa estratégica, mantiene medidas que, a su juicio, la debilitan.

En esa línea, el sindicato advirtió que, si no se deroga el decreto, se avanzaría hacia una privatización progresiva de sus activos, tal como, señaló, ya se ha planteado desde Proinversión.

Además, insistió en que el problema de fondo es la ausencia de una estrategia integral que contemple reordenamiento financiero sostenible, mejora de la gobernanza institucional, meritocracia en cargos directivos y blindaje frente a la injerencia política

Petroperú: aval de hasta US$2.500 en camino

Fuentes vinculadas al proceso señalaron a La República que el esquema que evalúa el Ejecutivo contempla un respaldo financiero que podría ascender hasta US$2.500 millones. El financiamiento tiene el objetivo de reencauzar su producción y aliviar sus deudas.

Ayer, el reciente designado presidente de Petroperú Roger Arévalo sostuvo una reunión con sindicatos de la petrolera estatal, en las que les aseguró que cuenta con el respaldo del Gobierno.

Nuevo presidente de Petroperú tiene denuncia por acoso sexual y es investigado por caso Odebrecht

El nuevo presidente de Petroperú, Roger Arévalo, asume el cargo con una denuncia por acoso sexual y una investigación vigente por el caso Odebrecht. La acusación fue presentada en 2019 por una trabajadora de 20 años. El expediente aún figura como pendiente en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima.

Según la denuncia policial, la joven señaló a Roger Arévalo por presuntos actos reiterados sin consentimiento. El documento detalla acercamientos físicos no autorizados y conductas insistentes. La denunciante indicó que estos hechos ocurrieron en un entorno laboral, lo que agravó la situación por la relación de poder existente.

El caso no fue archivado. Permanece en trámite en el Ministerio Público. Hasta el momento, no se registra una sentencia ni un pronunciamiento final. Este escenario abre cuestionamientos sobre los filtros aplicados para su designación en Petroperú, una de las principales empresas estatales del país.

A la denuncia por acoso sexual se suma su vínculo con el caso OdebrechtRoger Arévalo aparece en investigaciones fiscales relacionadas con presuntas irregularidades en contratos vinculados a la constructora brasileña. Aunque no existe condena en su contra, su nombre figura en diligencias que aún continúan en curso.

Roger Arévalo y su rol en el caso Odebrecht bajo la lupa

El mismo 26 de marzo en que Roger Arévalo asumió la presidencia de Petroperú, su nombre apareció en una audiencia del Poder Judicial vinculada al caso Odebrecht. La diligencia correspondía al control de acusación contra 29 investigados por presunta agrupación ilícita en el marco de arbitrajes relacionados con la constructora brasileña.

De acuerdo con la imputación fiscal, Roger Arévalo habría participado como perito económico en procesos arbitrales ligados al proyecto de la carretera Interoceánica Sur. En ese rol, emitió informes técnicos que, según la Fiscalía, favorecieron a Odebrecht y generaron perjuicio económico al Estado peruano.

El Ministerio Público advirtió que los peritos designados por los tribunales arbitrales habrían tenido un papel clave en el desarrollo de estos procesos. La investigación sostiene que sus conclusiones influyeron en decisiones que terminaron beneficiando a la empresa brasileña en disputas contractuales.

Aunque el caso aún no tiene una sentencia definitiva, la inclusión de Arévalo en esta etapa del proceso judicial añade un nuevo cuestionamiento a su designación en Petroperú, en un momento en que la empresa atraviesa un proceso de reestructuración.

La República consultó con la prensa de Petroperú los descargo de Roger Arévalo. Al término de esta edición nos indicaron que no brindarían declaraciones sobre el tema.

Alejandro Narváez: «Si Petroperú recibiera apoyo del Gobierno, evitaríamos el alza brutal en precios de combustibles»

La crisis energética que padecen hoy los peruanos por el aumento de precios, causada por la rotura del ducto de Camisea que opera la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP), ha vuelto a poner en los reflectores el papel estratégico de Petroperú. En entrevista con La República, su expresidente Alejandro Narváez asegura que, si la petrolera estatal contara con respaldo financiero y capital de trabajo, podría incrementar la producción de GLP y contribuir a equilibrar el mercado, evitando así el fuerte incremento en el precio de los combustibles que hoy golpea a los consumidores.

Narváez asegura que la empresa no busca «ni un sol del Gobierno», sino únicamente un aval que le permita acceder a financiamiento en el mercado. En ese marco, sostiene que el reperfilamiento de la deuda, cuya propuesta está encarpetada, es la salida técnica más viable para la recuperación de la compañía, pero que el gobierno encabezado por Denisse Miralles ha decidido ignorar. Además, señala que hay un consenso mayoritario para que el decreto de la privatización se derogue.

—Se ha sumado la tormenta perfecta: la guerra del Medio Oriente, que ha presionado al alza el precio del crudo, la rotura del ducto de Camisea y un Petroperú debilitado con problemas de caja. ¿Estos tres factores evidencian la fragilidad de la seguridad energética del Perú?

—Sin duda. La confluencia de esos tres factores ha hecho que se dispare el precio de las gasolinas en el Perú, del GLP y de todo lo que consumimos en nuestro país. Eso es clarísimo.

—¿Qué tan preparado está el Perú para responder a un shock energético así?

—No estamos preparados para nada. No tenemos los stocks de seguridad para el tema del gas. Las normas están ahí, pero no se cumplen. Somos un país absolutamente vulnerable ante factores exógenos principalmente, incluso internos como el caso del gasoducto que ha sufrido la rotura y que en este momento está medio explicado el asunto.

—¿Cuál debería ser el rol de una empresa pública como Petroperú en este tipo de contextos?

—Es una evidencia clarísima de la importancia estratégica que tiene Petroperú. Si tuviera los recursos que tienen Repsol u otras empresas privadas del sector, no deberíamos enfrentar un salto tan brutal en el precio de los combustibles.

«El 80% del mercado de GLP está controlado por Pluspetrol»

Petroperú produce gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, el 80% del mercado nacional está controlado por Pluspetrol, que es un monopolio y en este momento no produce nada debido a la rotura del ducto. Eso significa que, para mantener el abastecimiento en condiciones similares a las anteriores, el país tiene que recurrir a importaciones.

El 20% restante se reparte entre otros operadores, una pequeña participación de Petroperú y el resto corresponde a producto importado. Este es un ejemplo claro de que, si Petroperú contara con el capital suficiente, podría producir más GLP en este momento. El GLP es un derivado del petróleo. Por lo tanto, si la empresa tuviera los recursos necesarios o estaría en condiciones normales, no enfrentaríamos el actual déficit de oferta.

Resulta difícil entender cómo se llega a esta situación cuando una empresa plenamente preparada como Petroperú debería estar en condiciones de atender el mercado en escenarios de crisis puntual.

—Serviría como paliativo frente a estas contingencias

—Simplemente sería un competidor más, que permitiría que los precios estén por debajo de los 65 soles que cuesta un balón de gas. El mercado estaría mejor repartido y no recaería, en este caso, en Pluspetrol, que hoy tiene el monopolio total.

Pluspetrol maneja el mercado de GLP con cerca del 80% de participación. Si Petroperú produjera más, y tuviese mayor disponibilidad de petróleo —del que se obtiene el GLP—, su participación podría ubicarse en torno al 15% o 20% del mercado. Eso permitiría un mayor equilibrio en la oferta y, en consecuencia, los precios bajarían.

—¿Hoy cuánto GLP produce Petroperú?

—Más o menos 4.000 barriles a 5.000 barriles, eso no es nada. Solamente para atender una parte del mercado del norte.

—Insuficiente

—Totalmente insuficiente.

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del próximo lunes 19 de enero, en rechazo al noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el transitorio régimen de José Jerí, el cual conduce la privatización de la empresa petrolera.

Las movilizaciones arrancarán con una jornada de protesta desde este miércoles 14 de enero, la cual incluye plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También se han programado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores de la empresa.

Un día después, el 20 de enero, los sindicatos llevarán a cabo una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las protestas culminarán el 21 de enero con nuevos plantones frente al MEF.

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«Gobierno está llevando a Petroperú al colapso»

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comandado por Denisse Miralles están conduciendo deliberadamente a la empresa estatal hacia una situación de colapso financiero.

Según los trabajadores, el Poder Ejecutivo ha optado por negar respaldo explícito, retrasar decisiones importantes y mantener a Petroperú en un prolongado estado de incertidumbre que destruye su credibilidad ante los mercados. «Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera», señalaron.

El gremio responsabilizó directamente al MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, por no haber diseñado un plan serio de estabilización y por transmitir al mercado la señal de que Petroperú es una empresa prescindible.

Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú

En las últimas horas, en atención al decreto de urgencia que encamina la privatización de la petrolera, la calificadora de riesgo Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, al señalar que no cuenta con información suficiente y confiable para adoptar una decisión de calificación.

La agencia precisó que la medida se tomó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún se encuentran en curso.

Esta situación podría ser replicada en cadena en los próximos días por demás calificadoras como Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la petrolera estatal.

Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no es un hecho aislado, sino una alerta sobre la falta de conducción y gobernanza. «Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable», indicaron.

Además, criticaron las irresponsables declaraciones, casi a diario, de la ministra de Economía Dennise Miralles y el premier Ernesto Álvarez, que trajeron abajo la cotización de los bonos de 82% a 72% y que han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.

«Cinco presidentes de directorio, cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal», señalaron.

Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos

Este domingo, el Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización de Petroperú.

La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano y corresponde al primer desembolso de los S/144 millones autorizados para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal. Aún resta transferir S/57,6 millones.

Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no busca rescatar a la empresa, sino «desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano«.

El decreto contempla dividir en uno o más bloques patrimoniales los bienes de Petroperú, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, una de las infraestructuras más modernas de América Latina y una vida útil económica estimada de 70 años, la cual es mirada con apetito por los privados.

Días antes de la resolución ministerial, ProInversión había solicitado «con carácter de urgencia» que Petroperú realice directamente la transferencia del monto, pese a la crítica situación financiera de la empresa, cuyo flujo de caja se destina principalmente al pago de acreencias, bonos y proveedores.

Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y el requerimiento fue trasladado al Minem. Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (Minem) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.

A estos montos se suman otros S/240 millones necesarios para financiar la ola de despidos, que podría afectar a cerca de 1.800 trabajadores, equivalente a casi el 70% de la planilla, pese a que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En total, el proceso implicaría el uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.

Ministra de Economía descartó privatización de Petroperú: «No se vende, es de todos los peruanos»

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, aseguró este domingo que Petroperú permanecerá bajo control del Estado y no será privatizada, pese a la situación económica que afronta la compañía. 

«No hay privatización, Petroperú no se vende, Petroperú es de todos los peruanos y queremos tomar acción para que justamente se pueda recuperar esa operatividad que todos merecemos», manifestó a un medio nacional.

La titular del MEF explicó que la participación de Proinversión dentro de Petroperú tiene el objetivo de elaborar un plan que permita mejorar las finanzas en la empresa. Asimismo, reiteró que este era el único camino que podían tomar para salvar a la compañía.

«Si nosotros no tomábamos una medida de este tipo, pues de repente llegábamos a julio sin empresa de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar la participación de Proinversión para que, hacia finales de este mes, podamos tener un plan de promoción que incorpore herramientas financieras, como, por ejemplo, fideicomisos, en las cuales se pueda proteger los activos legalmente, los activos de los peruanos, manteniendo obviamente el control del Estado, pero incentivando la participación de la inversión privada», explicó la ministra.

La reforma en Petroperú

El Gobierno publicó la noche del pasado miércoles 31 de diciembre un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país. 

De acuerdo con el decreto, Proinversión asumirá facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.

Se pronunció sobre moción de censura

Por otro lado, la ministra Miralles anunció que implementarán una mesa de diálogo para «alcanzar consensos». Esto, luego de conocerse la moción de censura contra el presidente José Jerí que promueve la bancada de Perú Libre por el decreto de urgencia para reformar Petroperú.

Para un sector del Congreso, las medidas del Ejecutivo abren la puerta a una privatización encubierta de la petrolera estatal y al eventual traspaso de sus activos al sector privado. Es por ello que la titular del MEF señaló que quiere reunirse con los parlamentarios para explicar los alcances de la norma. 

«Nosotros somos totalmente respetuosos de las iniciativas, de las propuestas que puedan tener los señores congresistas, pero lo que queremos también es que, de repente, con más tiempo, podamos conversar con ellos, que entiendan bien, porque creo que se ha partido de un entendimiento erróneo de lo que hemos querido hacer», indicó.

Petroperú nombra a Rita López Saavedra como gerente general: ejecutará la ola de despidos

El directorio de Petroperú acordó designar a la ingeniera Rita Lorena López Saavedra como gerente general encargada de la empresa estatal, en plena aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado por el régimen de José Jerí en la noche previa de Año Nuevo, el cual allana el camino a la privatización de la petrolera.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de directorio realizada el miércoles 7 de enero y entrará en vigencia a partir de hoy 8 de enero, conforme al Acuerdo de Directorio N.° 002-2026, según reza el Hecho de Importancia publicado casi a las 11 p.m. en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

La designación de López Saavedra en reemplazo de Gustavo Villa Mora apunta a concretar la ola de ceses prevista en el decreto, que, según fuentes del sector, alcanzaría a entre 1.500 y 1.800 trabajadores de una planilla total cercana a los 2.600 empleados. Las primeras cartas de despido incluirían a personal administrativo de la sede central, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con antecedentes disciplinarios.

El decreto autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones para cubrir los compromisos laborales derivados de los ceses, lo que dejaría a Petroperú con alrededor de 600 trabajadores para sostener sus operaciones a nivel nacional. Ello pese a que la planilla laboral de los trabajadores no supera el 5% de los ingresos de la empresa.

Cuestionamientos a la nueva gerente general de Petroperú

De acuerdo con la comunicación oficial, Rita López Saavedra asumirá el cargo de carácter directivo y de confianza, y percibirá la bonificación diferencial correspondiente, en línea con lo establecido en la política salarial vigente de Petroperú, durante el tiempo que ejerza la encargatura.

La designación no está exenta de cuestionamientos internos. López Saavedra no es una funcionaria ajena a la actual crisis de la petrolera estatal. Entre 2019 y 2025 ocupó cargos gerenciales como la Gerencia de Estudios Económicos y la Gerencia Corporativa de Planeamiento, área responsable del presupuesto y la planificación operativa de Petroperú, durante un periodo en el que la situación financiera de la empresa se deterioró.

Además, en las últimas horas han surgido observaciones internas luego de que la funcionaria habría comunicado una inasistencia por descanso médico, pese a que ese mismo día fue vista reunida con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, tal como figura en el registro de visitas (9:14 a.m.) del martes 6 de enero.

A ello se sumarían cuestionamientos por presuntos conflictos de interés, vinculados a la eventual contratación de personas de su entorno cercano, aspectos que no habrían sido esclarecidos públicamente hasta el momento. Según manifiestan las fuentes del sector, entre los casos que se mencionan figura el de su esposo, Javier Echevarría, ingeniero químico, quien mantiene un vínculo laboral con la petrolera estatal.

Las críticas también apuntan a la ministra de Economía, Denisse Millares, quien sostuvo que la reorganización busca «terminar con los privilegios» y asegurar una gestión «correcta y transparente».

Petroperú: alta rotación en la gerencia general durante la gestión de José Jerí

Durante la gestión del gobierno de José Jerí, el cargo de gerente general de Petroperú ha registrado al menos tres cambios en condición de encargatura en un corto periodo, entre finales de 2025 e inicios de 2026, reflejando la inestabilidad en la alta dirección de la empresa estatal.

En octubre de 2025, José Manuel Rodríguez Haya asumió el puesto como gerente general interino. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el directorio designó a Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general encargado, quien se mantuvo en funciones hasta el 7 de enero de 2026.

Finalmente, a partir del 8 de enero de 2026, el directorio de Petroperú acordó encargar la gerencia general a Rita Lorena López Saavedra, convirtiéndose en la tercera persona en ocupar el cargo de manera temporal en un lapso de apenas cuatro meses.

Más cambios en el directorio de Petroperú

El último sábado, Luis Canales Gálvez presentó su renuncia al directorio de Petroperú, luego de presuntas presiones políticas provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de acuerdo con lo denunciado por las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP).

Los trabajadores advierten que la ofensiva del Gobierno no se detendría en los cambios del directorio. Según el FSTPP, el siguiente objetivo sería el representante de los trabajadores en el directorio, con la finalidad de eliminar toda voz crítica y modificar el estatuto de la empresa, allanando el camino para decisiones que afectarían el empleo, los derechos laborales y el carácter público de Petroperú.